La pesca marplatense peregrinaba el fin de ciclo kirchnerista entre rezongos y lamentos reiterados que emiten los patrones por no haber podido salir en la foto de la Década Ganada y los trabajadores por la falta de horas productivas.
La pesca marplatense peregrinaba el fin de ciclo kirchnerista entre rezongos y lamentos reiterados que emiten los patrones por no haber podido salir en la foto de la Década Ganada y los trabajadores por la falta de horas productivas.
Negocio predominantemente exportador, la pesca no asoma en la postal de la reactivación del mercado interno. Solo padece la inflación que dispara sus costos de producción a un ritmo vertiginosamente inverso al que evoluciona la evolución del tipo de cambio.
No les quedaba más que resignación hasta el cambio de pantalla del 10 de diciembre. Pero Cristina Fernández pateó el tablero y desacomodó las fichas. La firma el decreto de necesidad y urgencia 2229/15 restablece por los próximos 5 años el esquema de reembolsos a las exportaciones desde puertos patagónicos.
Dicho esquema, que estaba contemplado en la Ley 23.018 y hacía 10 años estacionado en el freezer, establece en su primer artículo los porcentajes aplicables según el puerto desde donde se exporte. Así, son 8 puntos para San Antonio Este y Puerto Madryn, 9% para Comodoro Rivadavia, 11% para Puerto Deseado, Puerto San Julián; 12 % para Punta Quilla, Río Gallegos, y Río Grande; y 13% para Ushuaia.
La decisión de Cristina despabiló a la pesca marplatense y la puso en pie de guerra dispuesta a presentar batalla. “No está dentro de las 11 medidas que solicitamos para reactivar al sector”, dicen los industriales.
La novedad tomó de sorpresa a Miguel Bustamante. El subsecretario de Pesca de la Nación estaba de viaje oficial en China y se enteró por los medios. Lo mismo el gobernador saliente y candidato a presidente, Daniel Scioli.
El régimen fue creado para compensar las asimetrías regionales y los mayores costos que tienen las actividades productivas en suelo patagónico. La medida fue uno de los principales motores del desarrollo de la industria pesquera en Rio Negro, pero principalmente en Chubut y Santa Cruz.
En respuesta a la restitución de los reembolsos para los patagónicos, desde las cámaras empresarias marplatenses siempre han incluido una palabra: “Discriminación”. Lo dijo Fernando Rivera, presidente de CaIPA, a las pocas horas de conocida la noticia, y lo repitieron en un documento que lleva las firmas de todos los dirigentes sectoriales, hace 48 horas.
Al puerto marplatense nunca se lo incluyó dentro de este esquema que establece la Ley 23.018. Por lo tanto no hay manera que se lo margine o discrimine de un lugar donde nunca estuvo. Mientras los reembolsos tuvieron vigencia, era frecuente la salida de camiones con pescado desde acá para ser exportados en el sur. La pesca siempre tiene una trampa a mano.
Está claro que Mar del Plata no está lejos de los centros neurálgicos de producción como ocurre en la Patagonia, pero en un contexto de rentabilidad chata, marcan una ventaja singular con otros polos de desarrollo pesquero. “Deberemos competir con un mismo precio internacional, en situación desventajosa”, apuntaron desde CaIPA.
Pero será deber de las autoridades encontrar para Mar del Plata, el principal puerto pesquero del país, las herramientas indispensables que le garanticen que no se ponga en riesgo ninguna fuente de trabajo más por esta modificación en las reglas del juego. “Ahora no tenemos a quien pedirle que incluyan a los puertos bonaerenses; Scioli está en campaña y Vidal todavía no asumió”, lamentan los empresarios.
Miguel Bustamante intentó poner frío a la polémica desde su tradicional positivismo. Desde el 2012 pide que se suspendan los derechos de exportación para la pesca, con la misma eficacia que exhiben las cámaras empresarias cuando solicitan lo mismo. Nadie los escucha.
“Es bueno porque se reconoce expresamente la existencia de un problema a solucionar”, dijo el Subsecretario. “Abre una expectativa concreta de avanzar en la concreción de las medidas que hacen falta al sector”, apuntó y pidió que no regrese la antinomia “marplatenses vs patagónicos”.
Como el Gobierno del que forma parte, en Mar del Plata tampoco le hacen mucho caso. “O son para todos o no son para nadie”, piensan algunos empresarios locales que han perdido mucho en estos años, menos el egoísmo. Desde algunos despachos comenzaron a evaluar si los reembolsos no son contradictorios con la Constitución Nacional y violatorios de los acuerdos con la Organización Mundial de Comercio (OMC). “Hasta Néstor rechazó su puesta en vigencia con esos argumentos”, confió un dirigente patronal.
La grieta que separó por años a la pesca patagónica de la marplatense y que asomaba suturada desde que se archivó la puja entre fresqueros y congeladores, trabajo en blanco contra cooperativas, y permisos legales contra ilegales, con el blanqueo de la asignación de cuotas individuales transferibles de captura de merluza, la grieta, asoma latente.
El mayor riesgo que puede disparar el Decreto de Cristina en Mar del Plata es el corrimiento de la flota potera que pesca calamar. Este año se desembarcaron un total de 126 mil toneladas en todos los puertos marítimos. De esa suma, 88 mil se descargaron en la terminal local. Y no es fruto de la casualidad.
Juan Carlos Elguero, de la empresa de servicios de estibaje Pequeña Marina, atiende a muchos de los barcos poteros que descargan durante la zafra en Mar del Plata. Cree que si esta situación no se corrige, sus clientes descargarán en el sur. En los días de plena temporada llega a descargar 6 buques por día y les da empleo a unos 300 estibadores.
Un armador potero que vacía su bodega en Mar del Plata paga entre 90 y 100 dólares por tonelada. Un barco llega con más de 600 toneladas. La eficiencia y rapidez de los obreros marplatense permite descargar hasta 30 toneladas por hora.
En la Patagonia el servicio de estiba cuesta casi un 50% más caro. Y demoran el doble que los estibadores marplatenses. Pero allá tendrán el incentivo de los reembolsos, y las ventajas locales se desdibujan, como el horizonte de miles de familias en este puerto. Son marineros que no embarcan, combustible que no circula, provisiones que no se venden, contenedores que no se exportan, navieras que no vienen…
“En todo este tiempo se nos ha negado el apoyo y la implementación de medidas que mitiguen la pérdida de rentabilidad”, aseguraron las cámaras marplatenses, que criticaron la actitud “pasiva” del gobierno, al que responsabilizaron por esta medida “que alejan más la posibilidad de recomponer el tejido industrial pesquero”, afirmaron.
Hasta hace un mes, todas las cámaras empresarias del país se mostraban unidas para exponer la gravedad de la crisis. Bastó que una medida beneficie a unas y excluya a otras para que renazcan las divisiones. No los unía el amor sino el espanto.
Por estas horas son muchas las versiones que intentan justificar la decisión de la Presidenta, a poco más de un mes de abandonar el cargo. ¿Se trató del último gesto para con los patagónicos?, ¿O es una piedra adicional al ya pedregoso camino que debe transitar Scioli para sucederla?.
La versión dominante es esta que contó un empresario pesquero local. “Fue una promesa de campaña a Conarpesa y está visto que cumplieron”. Algunos de sus colegas repitieron el mismo relato con diferencia de días, e incluso tenían identificado al joven candidato dueño de la promesa.
Continental Armadores de Pesca (Conarpesa) es una empresa española radicada en la Patagonia Argentina hace más de 35 años. Cobró notoriedad masiva con un fugaz paso por la Liga Nacional de Básquet en la década pasada.
Su flota se compone de 13 buques tangoneros que pescan y procesan langostino a bordo, 7 fresqueros costeros y uno de altura con los que también pesca el crustáceo.Todas sus capturas van a parar a las 4 plantas de procesamiento ubicadas en Puerto Madryn y Rawson (Chubut), Caleta Paula y San Julián (Santa Cruz), al borde del área de distribución del langostino patagónico.
Uno de sus tangoneros, el “Fernando Álvarez” fue construido y botado en 2002 en astillero Contessi. La madrina de la embarcación en ese entonces fue la esposa del gobernador santacruceño, la misma que rubricó el decreto de necesidad y urgencia que reabrió la grieta. (Por Roberto Garrone; 0223)
19/11/15