La Nación y los Estados provinciales deben comprometerse a respetar las jurisdicciones, a evitar los múltiples gravámenes y a alentar las inversiones.
La Nación y los Estados provinciales deben comprometerse a respetar las jurisdicciones, a evitar los múltiples gravámenes y a alentar las inversiones.
El gobierno nacional ha tomado la iniciativa de una revisión del marco legal que rige para el sector petrolero. Un proyecto de reforma de la ley de hidrocarburos ha tomado estado público y es motivo de discusión con los gobernadores de las provincias petroleras. La realidad de un grave y costoso desbalance energético ha motivado este proceso de revisión de las políticas aplicadas desde 2012 hasta ahora. Lo fundamental es hacerlo bien para no agravar lo que se ha hecho mal.
Varias décadas atrás, el petróleo y el gas fueron excluidos de las disposiciones del Código de Minería. Por su importancia energética, y a diferencia del carbón, fueron encuadrados en una ley especial y sometidos a la jurisdicción nacional. Al igual que lo establecido en aquel Código para los minerales de primera categoría, se dispuso que los yacimientos petrolíferos fueran propiedad del Estado nacional y no del superficiario. Siendo YPF en aquel entonces una empresa pública y, además líder, el pensamiento predominante llevó a diseñar un esquema de control de la política sectorial por parte del gobierno nacional.
La reforma constitucional de 1994 modificó aquel criterio y determinó que, en adelante, serían las provincias las propietarias de sus yacimientos. Sus gobiernos los concesionarían para su exploración y explotación. Desde entonces, las provincias no sólo cobran regalías, sino que también otorgan y regulan las concesiones. La privatización de YPF en esa misma época pareció quitar a la Nación toda injerencia institucional en este sector. Sin embargo, a través del control de las tarifas de gas y de los derechos de exportación del crudo, el gobierno nacional manejó la economía de la actividad. La creación de Energía Argentina SA (Enarsa) reforzó en el mismo sentido el manejo centralizado de la política petrolera desde la Casa Rosada, incluso de las importaciones de gas y combustibles líquidos.
Contra estos ímpetus del gobierno central, las provincias petroleras comenzaron por su lado con iniciativas fiscalistas y estatistas. Se crearon empresas públicas locales y se obligaba a los adjudicatarios de áreas a asociarse con ellas, cediéndoles el 10 por ciento del capital contra ningún aporte (modalidad denominada “el acarreo”). También se elevaron abusivamente las alícuotas de impuestos provinciales. Las conversaciones del actual presidente de YPF con posibles inversores extranjeros dejaron en claro que por ese camino se corría el riesgo de ahuyentarlos, aun en la hipótesis de resolver los temas pendientes para que el país retorne a los mercados internacionales.
La reestatización de YPF en 2012 acentuó el poder del gobierno central en desmedro de las provincias. Esto se observó claramente en las primeras iniciativas para operar los yacimientos no convencionales a partir, entre otras acciones, de un contrato entre la empresa estatal y la estadounidense Chevron. La necesaria aceptación de ese contrato por la provincia de Neuquén se logró apelando a la obediencia debida del gobierno y de la Legislatura locales hacia la presidenta de la Nación. Los legisladores votaron la aprobación a pesar de mantenerse en secreto algunos artículos del contrato.
El nuevo proyecto de ley de hidrocarburos propone un modelo único de licitación competitiva de áreas, aplicable por todas las provincias. Prohíbe “el acarreo” y la reserva de áreas para empresas estatales provinciales o nacionales. Fija la regalía en un 12 por ciento, limita el gravamen provincial de Ingresos Brutos al 3% y se excluye el impuesto a los sellos en las inversiones. Exige a las empresas aportar a las provincias para infraestructura social el 0,5% del flujo de inversiones y compromete al Estado nacional a aportar el 1% para obras de infraestructura. El proyecto propone plazos cortos para los permisos de exploración y plazos largos para las concesiones de explotación en yacimientos offshore (30 años) y no convencionales (35 años). Como un factor de atracción de inversores en yacimientos convencionales, se les otorga el derecho a solicitar, dentro de su área, una nueva concesión para proyectos no convencionales. También se avanza en incentivos tales como permitir la remisión al exterior de un cierto porcentaje de las utilidades o retener una parte de las divisas obtenidas de la exportación. En esta nueva ley se ratificaría el régimen de promoción de inversiones del decreto 929/13, aunque con un monto mínimo de 250 millones de dólares en tres años.
El nuevo proyecto propone que los compromisos de inversión sean el criterio principal de adjudicación de áreas. Entendemos cuál es el propósito, aunque con este criterio resultará difícil el control posterior y seguramente se enturbiará la transparencia de las adjudicaciones.
La percepción de una realidad y la urgencia de convocar inversiones en petróleo y gas están detrás de esta iniciativa del gobierno nacional. Es un paso en dirección contraria a la del decreto 1277 de julio de 2012, que se enmarcó en una filosofía sovietizante y que no hizo más que desalentar nuevas inversiones. En un giro hacia la racionalidad debieran comprender las provincias petroleras que disponer de yacimientos no las habilita a escalar tras recursos fiscales que finalmente ahuyenten las inversiones en perjuicio de toda la nación. A su vez, el gobierno nacional debiera respetar el principio federal de la jurisdicción provincial sobre el subsuelo y evitar por su lado introducir regulaciones innecesarias y gravámenes superpuestos. (La Nación) 21/07/14