Representantes del sector pesquero español plantearon a la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo la necesidad de aplicar nuevas medidas técnicas coherentes y un sistema de control proporcionado para garantizar el éxito de la nueva obligación de desembarque dirigida a evitar los descartes de pescado.
Representantes del sector pesquero español plantearon a la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo la necesidad de aplicar nuevas medidas técnicas coherentes y un sistema de control proporcionado para garantizar el éxito de la nueva obligación de desembarque dirigida a evitar los descartes de pescado.
“La aplicación de la nueva política de descartes es un gran desafío para los pescadores de la Unión Europea (UE)”, aseveró el vicepresidente de la Confederación Española de Pesca (Cepesca), Juan Manuel Liria.
“El sector, por el momento, solo tiene incertidumbres, ya que desconocemos cómo se van a fijar los nuevos totales admisibles de captura (TAC), cómo se van a diseñar los planes de descartes y la regionalización, y cómo se van a aplicar los mecanismos de flexibilidad previstos en el Reglamento comunitario”, añadió el dirigente.
Por lo anterior, hizo hincapié en la necesidad de que “la aplicación sea progresiva y flexible para adaptarse paulatinamente y sin sanciones duras”.
Para Cepesca, la política pesquera común (PPC) lleva 20 años de retraso en la aplicación de políticas de prevención de los descartes por un reparto desequilibrado e inflexible de cuotas. Por ello, lograr la eliminación de los descartes pasa por una distribución equilibrada de las posibilidades pesqueras.
Durante la audición sobre la nueva política de descartes organizada por la Comisión de Pesca del PE, Liria explicó que la propuesta de la CE -llamada Reglamento Ómnibus- pretende ayudar a cumplir con la obligación de descargar todas las capturas de las especies sometidas a TAC y cuotas, y las que tengan tallas mínimas.
No obstante, Cepesca sostiene que esa no es una solución, sino sólo corrige contradicciones normativas de la propia PPC que fuerzan a descartar a los pescadores.
“La prioridad debe estar en una buena implementación, dejando de lado un falso sentido de urgencia y atendiendo a valorar el impacto de la medida” en todos los niveles -social, económico y medio ambiental-, con el objetivo de facilitar la eliminación de los descartes ‘en beneficio de todos'”, dijo el vicepresidente de Cepesca.
Ante esta situación, Cepesca propone agilizar la tramitación de las nuevas medidas técnicas, que no llegarán a tiempo de la entrada en vigencia de la obligación de desembarques en 2015 “por la lentitud del proceso legislativo comunitario en co-decisión”.
Liria insistió en que la obligación de desembarcar es una solución rápida y poco eficaz que carece de una evaluación de impacto sectorial, y abogó por una aplicación flexible y progresiva mientras se pone a prueba.
Asimismo, estimó que son necesarios “planes regionales de descartes elaborados de abajo hacia arriba para garantizar una buena implementación y cumplimiento”. (Por Analia Murias; Fis.com)
10/04/14