La pesca se encuentra en un punto de crisis que, si no se toman medidas correctoras, derivará en un desastre social. Más claramente la pesca patagónica, donde se perderían decenas de miles de puestos de trabajo y 30 años de desarrollo pesquero.
La pesca se encuentra en un punto de crisis que, si no se toman medidas correctoras, derivará en un desastre social. Más claramente la pesca patagónica, donde se perderían decenas de miles de puestos de trabajo y 30 años de desarrollo pesquero.
La coincidencia de aumentos concedidos a los sindicatos, incremento terrible de la presión fiscal nacional y provincial, obligaciones parafiscales provinciales que lastran el desarrollo de la industria, y la caída casi vertical de los precios de langostinos y calamares, junto a la ya crónica falta de un marco jurídico estable, nos llevaron a esta triste situación de un sector que da trabajo a más de 40.000 personas directamente y exporta más de 1.000 millones de dólares.
Todo el dinero sale forzosamente de la pesca que está en el mar. Ese pescado sigue un proceso de mejora de valor y de industrialización, a bordo y en tierra, y su destino es muy mayoritariamente la exportación. Los mercados externos tienen un precio, inmutable ante los incrementos de costos argentinos, directos e indirectos. Esa “Torta Cruda” del producto natural renovable, es propiedad nacional o provincial hasta el momento que se deposita a bordo de los buques pesqueros, en que pasa a ser propiedad de las empresas pesqueras, iniciándose en ese mismo momento la cadena de añadido de valor al producto, con gastos específicos de limpieza, selección, procesamiento, preservación, empaque, congelación, descarga, transporte a cámaras frigoríficas, conservación hasta que se exporta y carga sobre el mercante, que la lleva a los mercados que las empresas crearon y mantienen.
La empresa cobrará, normalmente 60 días después, el 90 por ciento del valor máximo que puede conseguir en base a la “Torta Cruda” que obtuvo pagando licencias, impuestos, y cumpliendo con todos los requisitos de inversión en plantas, barcos, empleados, además de haber creado el mercado donde venderla.
Digamos que la “Torta Cruda” es la base menos valiosa de lo que se convertirá en la “Torta Elaborada”, por la que un cliente extranjero pagará y el Estado cobrara inmediatamente el 10 por ciento ó, en los casos de mayor elaboración (mayores costos), el 5 por ciento.
Con el 90 ó 95 por ciento de la “Torta Elaborada” las empresas tienen que pagar los sueldos y costos de personal, el costo financiero, el gasoil, material de empaque, amortizar los barcos, las artes de pesca y detección, y lo mismo de las plantas frigoríficas que todas tienen en tierra con un personal políticamente impuesto, con independencia de que tengan o no materia prima para un trabajo constante.
Lógicamente los salarios son el costo más importante que sale de la “Torta Elaborada”, y que la actual configuración de la crisis pesquera, suponen en estos momentos más del 55 por ciento de la facturación. Casi el doble del 30 por ciento tradicionalmente considerado sustentable para la pesca.
Así que hoy se destina entre el 50 y el 60 por ciento de lo que factura un buque pesquero patagónico para gastos de tripulantes de los buques. Y hay cinco gremios significativos distintos en cada barco que, hasta ahora, han venido negociando por separado su parte de la “Torta”. Estas negociaciones individuales hacen que puede haber desproporción entre lo que cobran los tripulantes de distintas categorías y responsabilidades, que pertenezcan a distintos gremios.
En este contexto es lógico que las negociaciones se hicieran con todos los gremios juntos, a lo que ya se han comprometido a petición de CAPECA Y CALaPa, con la colaboración de las autoridades del Ministerio de Trabajo y la buena predisposición de todos los sindicatos pesqueros, que recientemente se reflejó en el sensato acuerdo plasmado en acta del 29 de agosto pasado.
Acuerdo que también incluye los compromisos de intentar aliviar las presiones fiscales sobre los salarios (impuesto a las ganancias) y de hacer cesar el verdadero impuesto a la exportación, que hace mucho tiempo perdió su razón de ser original y que se lleva nada menos que entre el 5 y el 10 por ciento de la misma.
El acuerdo a que se refiere el acta citada debe ser punto de partida para un Convenio Integral, de todos los que deben cobrar de la misma y única “Torta” cuyo valor está limitado por el del mercado internacional. En ese Convenio integral, se debe encontrar en primer lugar la parte de la “Torta” que correspondería a los tripulantes; la parte fija y proporcional de los mismos, repartirla por número y categoría profesional con justicia; y dejar “Torta” suficiente para que las empresas ganen y reinviertan.
Con el cuidado de recurso no basta para hacer sustentable la pesquería. Los sueldos que se generan en el sector ya son suficientemente importantes como para seguir trabajando todos en la búsqueda de un mejor equilibrio. Las empresas, han tocado fondo y también deben ser sustentables para hacer sustentable la actividad.
Es de desear un rápido pacto social que elimine huelgas por un tiempo corto y se consiga rápidamente un Convenio Integral, donde la parte proporcional de los salarios, dolarizada, no tenga ajustes por inflación y fluctúe con el mercado.
10/09/07
PESCA & PUERTOS