Las elecciones y la falta de acuerdo para formar Gobierno han aplazado la traslación de la norma para el pesado de la carga que entra en vigor en julio.
Las elecciones y la falta de acuerdo para formar Gobierno han aplazado la traslación de la norma para el pesado de la carga que entra en vigor en julio.
En el Puerto de Valencia se ha de poder verificar el peso de la carga de más de 1.500 contenedores diarios a partir del 1 de julio de 2016, pero poco han hecho las administraciones para dar una solución a esta situación. La convocatoria electoral y el retraso en la formación de Gobierno está haciendo que España no haya adaptado su legislación a los nuevos requerimientos marítimos y sean las autoridades portuarias las que estén teniendo que buscar sus propias soluciones.
De hecho, hay fuentes del negocio que advierten de un riesgo de colapso real ante la dificultad de coordinar el proceso de aplicación de los cambios en el propio territorio español, al margen de los que se generen en muchos puertos europeos, donde no se ha tenido tiempo de hacer los deberes, aunque se temía que no habría prórroga en la aplicación de la normativa. Esto puede obligar al desvío de parte de las mercancías por avión, generando en ese otro medio de transporte un pico de demanda de servicios que se traduzca en un daño colateral sobre el tráfico aéreo.
Desde la Autoridad Portuaria de Valencia se asegura que se está desarrollado un sistema informático de intercambio de la información del peso bruto verificado (VGM, por sus siglas en inglés) y otras medidas para que cualquier eventualidad que ponga en riesgo el tráfico portuario normal pueda ser subsanada en el menor tiempo posible.
Aunque se prevé que sea gradual la aplicación de la nueva normativa internacional por parte de las navieras (que son las que tendrán la última palabra sobre el embarque o no de los contenedores si no cumplen las líneas maestras de la normativa internacional), en Valencia ya se están tomando medidas excepcionales como la instalación de pesos en las terminales para los contenedores que no hayan sido convenientemente verificados en sus puntos de origen.
Como la valenciana, distintas autoridades portuarias están intentando adelantar también trabajo para amortiguar el posible daño, aunque existen discrepancias entre ellas que pueden dificultar esta solución alternativa ante la incomparecencia de la Administración. Por ejemplo, la Autoridad Portuaria de Barcelona ha puesto en marcha su propio sistema de comunicación del pesado, pero también en otros países se ha optado por propuestas particulares que son puestas en cuestión en otros países y puertos.
Así, Italia plantea ahorrase el pesado de cada contenedor y propone hacerlo con uno de cada diez. Aunque esa posibilidad pueda tener ventajas operativas, lo cierto es que no permite ofrecer una imagen tan fiel como la medición individualizada. Por otra parte, tampoco se está pudiendo consensuar un criterio idéntico (o al menos próximo) para establecer los márgenes de error en el peso ni en otros aspectos relevantes a los que puede contribuir una norma estatal o europea.
La razón de esta nueva norma internacional no es caprichosa, sino que responde al hecho de que los contenedores con el peso mal declarado afectan a la estabilidad del barco, los camiones y el equipamiento de la terminal. Además, la norma considera que la ausencia de una medición adecuada puede suponer una amenaza para la seguridad del personal portuario y de los transportes.
Toda esta situación se inició cuando la Organización Marítima Internacional (OMI) sacó adelante en mayo de 2014 una enmienda al Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (denominado Solas, por sus siglas en inglés) con la que requería que el peso de todo contenedor con destino a la exportación tuviera verificado su peso bruto.
Quien embarca el contenedor es el responsable de obtener esa medición y ha de comunicarlo a la naviera que lo transporte. Las posibles sanciones por no haber realizado el pesado es otra de las cosas que cambiarán en cada país, al estar regido por normativa estatal.
El Puerto de Valencia es uno de los más interesados en amortiguar el efecto de la no adaptación legal de España, ya que es el primer puerto del Mediterráneo en este modo de transporte de mercancías. Concretamente, en los puertos gestionados por la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) la exportación en contenedor creció un 23,39%, pasando de los 46.931 contenedores de enero de 2015 a los 57.906 contenedores de este año, en sintonía con la mejora de las exportaciones españolas.
Asimismo, el número de TEU (unidad equivalente a veinte pies) descargados repuntó un 6,18%, hasta los 47.992 contenedores, mientras que en el cómputo global, el número de TEU descendió un 8,36%, hasta las 354.592 unidades, fundamentalmente por el retroceso del 36,83% registrado en el movimiento de contenedores vacíos. (Por A. Mohorte; Las Provincias – España)
29/03/16