Pocas ironías más increíbles –si es que en la Argentina algún hecho admite aún ese calificativo– como la ocurrida con la fragata “LIBERTAD”, retenida en un puerto africano como consecuencia de deudas externas que mantiene el país.
Pocas ironías más increíbles –si es que en la Argentina algún hecho admite aún ese calificativo– como la ocurrida con la fragata “LIBERTAD”, retenida en un puerto africano como consecuencia de deudas externas que mantiene el país.
A la penosa situación se suma que sea justamente el “buque escuela” de nuestra Armada Nacional, el mismo que fuera botado en 1956 y comenzara con sus viajes de instrucción hace 49 años, el confiscado: un símbolo de nuestro país, broche de oro de la instrucción militar.
Lo ocurrido ha dejado en evidencia la frágil política integral que se sostiene en la materia, al punto que nadie haya previsto, imaginado o planteado este escenario, a sabiendas de que existe una red de compañías que vienen reclamando el pago de elevados sumas de dinero al estado nacional.
Que se los denomine “fondos buitre” no deja de ser un recurso escenográfico para sugiere cierta calidad de ilegal en el reclamo, realizado por usureros que realizan un manejo que, a decir verdad, no dista de otras muchas que día a día sufren los argentinos también puertas adentro.
Se trata de empresas-inversores que adquieren bonos de la deuda pública de países en estado de debilidad o cercanos a la quiebra a muy bajo costo. A poco de adquiridos, inician acciones legales reclamando el monto total de la deuda. La Argentina debe –debemos– unos 20 mil millones de dólares (más intereses) por este tipo de maniobras.
La fragata “LIBERTAD” ha perdido la suya en manos de uno de esos fondos. El costo político de semejante embrollo lo han pagado integrantes de la Armada que no hubiesen podido poner ni un centímetro de los 104 metros de eslora de la fragata son el visto bueno del departamento Ejecutivo.
Luego de varios días de inentendible desentendimiento de la situación, la presidenta Cristina Fernández ordenó evacuar el buque, dejando una dotación mínima a bordo, y que la disputa siga su camino legal en vaya uno a saber que tribunal. Es posible que la fragata no regrese por años a nuestro país. Quizás sea momento de evaluar con seriedad porqué nos pasan ciertas cosas y si realmente hay que culpar a los buitres por cierta carroña que nosotros mismos no encargamos de generar.
05/11/12
LA NUEVA PROVINCIA