Desde que se implantó el régimen de veda de pesca, hace unos pocos años, los pescadores profesionales le tomaron el punto a la medida: “acceden” a acatarla a cambio de lo que llaman subsidio, es decir, una indemnización que el Estado debe pagarles por cumplir con la norma obligatoria.
Desde que se implantó el régimen de veda de pesca, hace unos pocos años, los pescadores profesionales le tomaron el punto a la medida: “acceden” a acatarla a cambio de lo que llaman subsidio, es decir, una indemnización que el Estado debe pagarles por cumplir con la norma obligatoria.
Para asegurarse, asumen una medida de fuerza aún antes de comenzar a hablar. Y eso que el objetivo principal de la restricción de pesca es la conservación del recurso natural que justamente constituye la base de su medio de vida. O sea que ellos creen, o se hacen los que creen, que la sociedad debe indemnizarles por una medida que el Estado asume en su provecho. Es de esperar que a alguna autoridad gubernamental se le ocurra pronto la manera de acabar con el descarado chantaje calendarizado de los pescadores profesionales.
Desde que se implantó el régimen de veda de pesca, hace unos pocos años, los pescadores profesionales le tomaron el punto a la medida: “acceden” a acatarla a cambio de lo que llaman subsidio, es decir, una indemnización que el Estado debe pagarles por cumplir con la norma obligatoria. Para asegurarse, asumen una medida de fuerza aún antes de comenzar a hablar.
Y eso que el objetivo principal de la restricción de pesca es la conservación del recurso natural que justamente constituye la base de su medio de vida. O sea que ellos creen, o se hacen los que creen, que la sociedad debe indemnizarles por una medida que el Estado asume en su provecho.
Resumidamente, los pescadores profesionales se consideran a sí mismos: 1º) propietarios de los peces que viven y se reproducen naturalmente en los cursos de agua del dominio público; 2º) autoridad suprema en los cursos fluviales de navegación; 3º) ciudadanos cuyos derechos están por encima de los de los demás; 4º) personas exoneradas del cumplimiento de la Constitución, en particular, en lo atinente a la libertad de circulación, y de otras muchas normas jurídicas, y 5º) asegurados sempiternos del Estado sin aportar un centavo a las arcas estatales.
La forma en que hablan y actúan no deja lugar a dudas de que se convencieron a sí mismos (o fueron convencidos por los populistas y los políticos oportunistas) de que ellos son los únicos y exclusivos dueños de los recursos naturales que explotan, o que sobreexplotan. No se consideran obligados a pagar nada por tal aprovechamiento, ni cánones ni contribuciones, aunque sí a reclamar ventajas, beneficios y privilegios.
Consecuentemente, todos los años se preparan con anticipación al día de inicio de la veda pesquera y toman medidas de fuerza sin siquiera negociar, para, por lo menos, cumplir con las formalidades que la ley suele exigir a los trabajadores como etapas previas para asumir actitudes de ese tipo. Los pescadores están sometidos, como cualquiera, a las reglas básicas que regulan las relaciones económicas en nuestra sociedad, pero no les interesa debatir sobre esto; prefieren recurrir a la extorsión pura y directa, porque hasta ahora esto les da excelentes resultados. A tal punto les conviene que, de 4.000 pescadores que se anotaban hace cuatro años en las listas para cobrar el subsidio, hoy ya totalizan ¡23.000! A este ritmo, en pocos años más los subsidiados llegarán a 50.000.
Se toman la libertad de cerrar cursos de navegación, amenazar, boicotear y hasta tomar represalias contra los navegantes que no quieren someterse a su tiranía. Entretanto, las autoridades gubernamentales que tienen bajo su responsabilidad el mantener expeditas las vías fluviales de comunicación se quedan mirando el espectáculo de las clausuras ilícitas y prepotentes de los pescadores, anunciadas con varios días de anticipación, sin atinar a hacer cumplir la Constitución y las normas que les rigen a ellos como funcionarios del Estado.
Dada la experiencia que se está viviendo en este tema, repetida de idéntica manera en los últimos tiempos, es posible anticipar que el año que viene, a esta misma altura, los mismos pescadores van a tomar las mismas medidas de fuerza ante la condenable inacción de las mismas autoridades.
¿Qué reclaman los que clausuran los ríos? Sus “indemnizaciones”, que, por cierto, se incrementan cada año (esta vez ya quieren equiparar al salario mínimo), así como se incrementa sostenidamente la cantidad de integrantes que tienen sus asociaciones. Porque, llamativamente, a medida que se quejan de que cada vez hay menos peces para pescar, los gremios tienen más y más “afiliados”.
Lo cierto es que estas personas pretenden que se les pague por quedarse en su casa, por no hacer nada durante cincuenta días. Y eso que conocen perfectamente bien las reglas de juego, saben que la veda pesquera se establece en fechas fijas, que tienen todo el año para ahorrar o para reunirse y buscar otra actividad económica sustitutiva para el período de restricción, pero, ¿para qué esforzarse, si “papá Estado” corre con la factura?
Los agricultores tienen vedas naturales, impuestas por la propia naturaleza; tienen que aguardar los ciclos, sufrir inconvenientes climáticos y apechugar los imprevistos; los transportistas, los taxistas, muchos oficios los sufren, pero no reclaman indemnizaciones ni subvenciones porque, aun pretendiéndolas, no se les reconocería el derecho porque no lo poseen legítimamente. El Estado no es una compañía de seguros. Por qué a los pescadores sí, nos preguntamos.
El problema de la veda de pesca y de las abusivas actitudes de los pescadores profesionales tiene su raíz en la complaciente tolerancia de los políticos populistas, de los que hacen concesiones generosas porque no las pagan con dinero de su bolsillo. Es así que como permiten elevar el “aichejaranguismo” al nivel de política de Gobierno. Es muy fácil ser compasivo y popular dilapidando el dinero ajeno, y nuestros políticos son grandes expertos en la materia.
Es de esperar que a alguna autoridad gubernamental se le ocurra pronto la manera de acabar con el descarado chantaje calendarizado de los pescadores profesionales, recurriendo a la conformación de algo así como un fondo de ahorros, una cooperativa o empresa similar, al que obligatoriamente contribuyan todos ellos durante el año, para autofinanciarse en el período de veda.
Esta es la única forma de hacer respetar la Constitución y las leyes y, para los pescadores, la manera correcta de solucionar su problema, de dignificar su profesión y dignificarse como personas, además de alejar de los políticos oportunistas la tentación de dilapidar los recursos públicos.
07/11/12
ABC COLOR