El ex secretario de Transporte Ricardo Jaime presentó ayer un escrito en los tribunales en el que negó ser el dueño de un buque valuado en un millón de dólares que la Justicia sospecha que era suyo.
El ex secretario de Transporte Ricardo Jaime presentó ayer un escrito en los tribunales en el que negó ser el dueño de un buque valuado en un millón de dólares que la Justicia sospecha que era suyo.
Además, dijo que la causa en su contra por enriquecimiento ilícito es “inconstitucional” y volvió a pedir su cierre.
El juez federal Sebastián Casanello le había dado plazo hasta ayer para que justificara cómo había adquirido el crucero Altamar 64, que de acuerdo con las pruebas reunidas en el expediente integraría su patrimonio oculto. Con la respuesta presentada por Jaime, están cumplidos todos los requisitos formales para avanzar con el llamado a indagatoria, paso previo indispensable para un eventual procesamiento.
En este expediente, Jaime todavía no fue citado nunca como acusado, pero su situación es complicada. Un peritaje mostró un extraordinario crecimiento en los bienes de sus familiares, aparentes testaferros. Todo lo que Jaime admitió tener cuando dejó su cargo fue una moto y una vieja casa en Santa Cruz, pero los investigadores creen que esconde un patrimonio multimillonario de origen espurio. Por eso, hace más de tres años, Norberto Oyarbide le trabó un embargo por 40 millones de pesos que sigue vigente.
El delito de enriquecimiento ilícito castiga a aquel funcionario que “al ser debidamente requerido no justificare la procedencia de un enriquecimiento patrimonial apreciable suyo o de persona interpuesta para disimularlo”. Por eso, la Justicia debe, en primer lugar, darle la posibilidad de que explique cómo hizo crecer su patrimonio.
Jaime ya había sido requerido, pero restaba que se lo intimara por este buque, incorporado más tarde a la investigación. En su escrito de ayer, pidió anular esta ampliación del requerimiento.
Afirmó que se había basado en una prueba declarada nula: un correo electrónico en el que Manuel Vázquez, que era su asesor, negociaba un contrato de consultoría que preveía, entre las obligaciones del consultor, llevar adelante la operación para la compra del Altamar 64. Todo indica, no obstante, que el fiscal Carlos Rívolo se opondrá a este planteo de nulidad y argumentará que existen otras pruebas -independientes de los mails- que ligan a Jaime con la embarcación.
En su escrito de ayer, la defensa alegó que el único vínculo que había descubierto el fiscal era una autorización del dueño del barco en favor de Vázquez para que éste lo retirara del astillero, pero negaron que Vázquez estuviera actuando en nombre del ex secretario de Transporte.
El mes pasado, la Justicia dictó una orden de captura contra Jaime, que estuvo siete días en la clandestinidad, hasta que la Cámara Federal falló en su favor. Por ahora, no irá a prisión, pero su situación no es fácil: tiene causas abiertas por una larga lista de hechos de corrupción y una de las más complicadas es la de su presunto enriquecimiento ilícito.
07/08/13
LA NACION