En una nueva audiencia pública ante la Corte Suprema de Justicia, los municipios deslindaron responsabilidades por la contaminación del curso hídrico.
En una nueva audiencia pública ante la Corte Suprema de Justicia, los municipios deslindaron responsabilidades por la contaminación del curso hídrico.
El gobierno nacional reclamó a empresas radicadas en la Cuenca Matanza-Riachuelo colaboración en las tareas de saneamiento, en una nueva audiencia pública ante la Corte Suprema de Justicia, en la que municipios deslindaron responsabilidades por la contaminación del curso hídrico.
La secretaria de Medio Ambiente, Romina Picolotti, instó a "los particulares" a colaborar en el saneamiento de la cuenca, porque "sería ilusorio suponer que únicamente la voluntad del Estado" pueda completar la tarea, dijo al referirse a las industrias y compañías de la zona.
El Procurador del Tesoro, el ex juez Osvaldo Guglielmino, solicitó "responsabilidad social" para detener la contaminación y estimó que desde los gobiernos nacional, provincial y porteño se dieron "todos los estímulos institucionales posibles" para avanzar en las tareas de limpieza.
Picolotti y Guglielmino fueron los principales referentes del Estado en la audiencia ante el tribunal realizada ayer por la mañana, en la que representantes de los municipios de la zona sur del Conurbano negaron tener "responsabilidades" por la polución. La presentación de los funcionarios fue criticada por asociaciones vecinales y defensoras del medio ambiente, que consideraron que "es el Estado el que tiene el poder de policía y el que dice hasta dónde pueden avanzar las empresas".
Picolotti sostuvo que el saneamiento de la cuenca es "una obligación jurídica y legal" para "mejorar la calidad de vida de 7 millones de personas" que residen en la zona, y destacó que en el último año el tema adquirió una "importancia histórica".
La funcionaria embistió contra las empresas que vierten sus fluidos en el Riachuelo, aun aquellas que cuentan con permisos en regla, otorgados en la presunción de que no contaminarían, al considerar que "ninguna autorización otorga derecho a dañar el medio ambiente".
El procurador Guglielmino se plegó a la crítica oficial al expresar que "la solución no es exclusiva del poder público, ya que hay un fuerte componente de responsabilidad social".
29/11/07
LA PRENSA