Ayer fue otro día de negociaciones truncas. Las posiciones de trabajadores y empresarios parecen estar cada vez más alejadas. A pesar de la amenaza de desalojo, los obreros decidieron quedarse reclamando por sus derechos.
Ayer fue otro día de negociaciones truncas. Las posiciones de trabajadores y empresarios parecen estar cada vez más alejadas. A pesar de la amenaza de desalojo, los obreros decidieron quedarse reclamando por sus derechos.
El fiscal Mariano Moyano, dictó ayer la orden de desalojo del corte en dos puntos neurálgicos del puerto que, desde el viernes mantiene un grupo de trabajadores cooperativizados de la industria del pescado. Sin embargo, al cierre de esta edición, la orden aún no había sido ejecutada por la Prefectura Naval Argentina.
El fiscal tomó la decisión de solicitar que "se arbitren las medidas para permitir el ingreso y egreso de camiones del puerto", luego de una jornada de reuniones y conversaciones con referentes de los trabajadores, empresarios, sindicalistas y políticos en las que no se llegó a ningún tipo de acuerdo.
Vale recordar que el domingo Moyano había resuelto esperar hasta ayer antes de tomar la determinación. "Esperé hasta último momento el avance de las audiencias en el Ministerio de Trabajo, pero no hubo acuerdo", le dijo el fiscal ayer por la tarde a LA CAPITAL y agregó que "se instruyó a Prefectura a arbitrar los medios para que se permita el ingreso y egreso de los camiones en el puerto".
El único intento de avance logrado en el día de ayer había sido que referentes de la empresa Giorno habrían concedido negociar, siempre y cuando mientras las partes se estuvieran sentando a la mesa, se levantara el bloqueo del puerto. Pero los trabajadores del sector portuario entendieron que el solo hecho de sentarse a negociar no les daba las garantías suficientes y se quedaron en los dos cortes.
Tanto el subsecretario de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, José María Casas, como el dirigente de la CTA Raúl Calamante, reconocieron ayer que la situación era "complicada" y temían que con el correr de las horas empeorara.
Casas le dijo a este medio que según el compromiso logrado después de una reunión de más de 7 horas el sábado, hay "garantías" de que el sector empresarial está dispuesto a hacer concesiones. "El tema del salario está en el acta acuerdo, eso está garantizado, pero la gente pide que primero les den el blanqueo", expresó el funcionario.
Desde la zona de los cortes, Calamante, tras haberse entrevistado con el jefe de la Prefectura, Jorge Lomez, expresó que "no queremos un enfrentamiento". Asimismo lamentó que "cuando se trata de una cuestión económica hay una decisión judicial que tarda un día, pero cuando se trata de los derechos de los trabajadores, tienen que tener un buen abogado y esperar años para una resolución", considerando que, por como se estaban dando las cosas "parece más importante que se pudra el pescado que la situación lamentable que están pasando los trabajadores".
El referente de la CTA aseguró que "los empresarios judicializaron la protesta y culpó al "sector político" por no encontrar la salida al problema. "Los trabajadores sólo están reclamando lo que les corresponde, trabajar en blanco y tener un sueldo digno. Dónde están la AFIP, la DGI", se preguntó.
En tanto, varios de los trabajadores que permanecían firmes en los cortes, expresaron que "hace 15 años que venimos arrastrando este problema, nos llaman cuando quieren, a la hora que quieren, nos pagan lo que quieren, esto así no va más".
Asimismo, reflexionaban que "si alguno de nosotros roba una gallina seguro que nos llegan con todo el peso de la ley, nosotros trabajamos en negro, dónde está la ley para nosotros".
Vale recordar que las cooperativas involucradas en este conflicto son 8: El Faro, Puerto Argentino, Fedemar, 4 de octubre, Gaucho, La Armonía, Tiburón y San Julián.
Mientras, desde las cámaras empresarias reiteraban que en puerto, había más de 2 mil toneladas de pescado que estaban corriendo riesgo de descomposición. Fuentes de dicho sector alertaban sobre la latente posibilidad de comenzar a suspender personal, dada la falta de materia prima para trabajar.
Una semana en tensión
La protesta de los cooperativistas surgió hace una semana atrás, cuando decidieron iniciar el reclamo laboral, centrado en dos puntos concretos: un sueldo garantizado de 980 pesos y, como segunda instancia de negociación, la inmediata relación de dependencia de alrededor de 4.000 trabajadores.
Aunque los reclamos se iniciaron hace siete días por trabajadores pertenecientes a ocho cooperativas de la ciudad, los últimos cuatro días incluyeron dos piquetes en accesos neurálgicos al puerto: Ortíz de Zárate y Martínez y Hoz el primero y sobre la avenida de los Pescadores, el segundo.
Los cortes de calle y quemas de neumáticos que se iniciaron para llamar la atención de empresarios, lograr adhesiones de centrales de trabajadores y tener además el respaldo de los organismos estatales intervinientes provocaron consecuencias desfavorables en la industria pesquera. Es que todos parecían querer acercar posiciones pero las resoluciones no llegaban.
Según el delegado del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, José San Martín, los trabajadores reclaman sus derechos -amparados por las dos centrales CGT, CTA-. Sin embargo, el distanciamiento entre las partes parecía alejar aún más la posibilidad de acordar una salida.
Por estos días, funcionarios y legisladores tuvieron especial interés en que las partes llegaran a un acuerdo, en audiencias y mediaciones.
Uno de los puntos de más tensión fue cuando sobrevolaba en el ambiente la posibilidad de un desalojo, el viernes por la noche. Frente a estas circunstancias (que se repetirían luego el domingo a la tarde), el primer encuentro formal se produjo en una reunión mantenida el sábado a las 15, en la Oficina de Mediación ubicada en La Rioja y Almirante Brown. En la oportunidad, además de las representaciones pertinentes, estuvieron el intendente interino Luis Rech, la diputada nacional Vilma Baragiola, el delegado del Ministerio de Trabajo, José San Martín, el secretario general de la CTA, Raúl Calamante, el titular de la CGT, Vicente Villarreal y los legisladores provinciales del Frente para la Victoria, Juan Domingo Novero y Adela Segarra.
Durante el encuentro, los dirigentes empresariales expresaron que para continuar con las negociaciones los trabajadores debían levantar el paro porque, según argumentaron, "les están provocando graves prejuicios".
En términos más concretos, en el documento firmado en la Fiscalía, se planteó la condición de que los obreros "a las doce del mediodía del domingo hayan levantado las medidas de fuerza consistentes en el bloqueo de los accesos al puerto marplatense, permitiendo el ingreso y egreso de los camiones cargados con pescado, así como la descarga del pescado que se encuentra a bordo de los buques y su posterior salida de la zona portuaria, situación de normalidad que deberá permanecer mientras dure la negociación en el ámbito laboral". Pero los cooperativistas rechazaron de plano dicha propuesta. En definitiva, no hubo acuerdo, por lo que el reclamo de las cooperativistas escribiría al día siguiente un nuevo capítulo.
El domingo continuaron los cortes, que perjudican directamente a los empresarios, quienes se ven impedidos de trasladar el pescado a las plantas procesadoras o embarcaciones. Incluso habrían amenazado que, de persistir el conflicto, iban a tener que suspender a parte del personal por la imposibilidad de seguir operando con normalidad.
Al advertir la presencia de los piquetes el día posterior a la reunión en la Oficina de Mediación, las empresas dieron por fracasadas las negociaciones y rápidamente anunciaron su decisión de no acudir a la audiencia convocada para ayer en el Ministerio de Trabajo.
La evasiva a levantar los piquetes sorprendió incluso a los dirigentes del gobierno y los representantes de las dos centrales, quienes veían con buenos ojos acercar posiciones, más aún teniendo en cuenta la amenaza que comenzó a tomar vuelo: el desalojo por la fuerza.
Así las cosas, la niebla y el frío del domingo no amedrentaron la voluntad de cientos de trabajadores que continuaron con el corte en accesos principales, lo que generó más preocupación en el sector empresarial. Como otra vía de protesta, el SOIP -por intermedio de su dirigente Mamerto Verón-, convocó a un paro general, por 24 horas, a partir de las 8 del día siguiente (por ayer). Horas después de ejecutada la medida, se produjo la anunciada reunión entre la CGT y la CTA, que trabajan en forma mancomunada en la búsqueda de una solución (un hecho poco usual entre los trabajadores de la ciudad).
Reuniones sin resultado
Las centrales obreras CTA y CGT, se reunieron ayer a las 11, para analizar la marcha de las negociaciones y evaluar las medidas a adoptar. En un principio se evaluó profundizar el nivel de adhesión con los trabajadores del puerto y convocar a un paro general, sin embargo descartaron la posibilidad ya que para tomar esa determinación "siempre es necesario convocar a los secretarios generales, cosa que no se ha hecho", según explicó uno de los participantes.
La reunión se concretó minutos después de concluir la primera audiencia convocada en la delegación del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires (ver página 4) y estuvieron Raúl Calamante (CTA), Vicente Villarreal (CGT) y delegados de las cooperativas involucradas con la finalidad de valorar los pasos a seguir y concertar una futura mesa de diálogo entre todos los actores involucrados.
En la sede de la CGT, lugar del encuentro, también estuvieron, Vilma Baragiola, diputada nacional, Adela Segarra, senadora provincial, Juan Domingo Novero, diputado provincial, el intendente interino Luis Rech, y algunos concejales. En un alto de la discusión, legisladores y funcionarios se ausentaron para intentar conectarse con representantes de las cámaras empresariales de la pesca con el propósito de iniciar posibles acuerdos.
Así la reunión se pasó para las 17, pero cuando iba a reiniciarse, siempre en la sede de la CGT, un llamado alertó sobre la posibilidad que Prefectura efectivizara el desalojo de los trabajadores que resisten en el piquete. Todos, sindicalistas, cooperativistas y funcionarios decidieron levantar la reunión y concurrir al puerto.
24/07/07
LA CAPITAL