Los millones de personas que viven a orillas del pestilente Riachuelo seguramente desean poder convivir con aguas que se asemejen a un río. Y los afectados por la contaminación, ser atendidos en los centros de salud para mejorar su calidad de vida.
Los millones de personas que viven a orillas del pestilente Riachuelo seguramente desean poder convivir con aguas que se asemejen a un río. Y los afectados por la contaminación, ser atendidos en los centros de salud para mejorar su calidad de vida.
El fallo de la Corte Suprema de Justicia, que fija plazos a los estados nacional, bonaerense y porteño para que se concrete el demorado plan de saneamiento de uno de los ríos más contaminados de América del Sur, les acerca esos objetivos. Pero no con la inmediatez que los damnificados pretendían.
Si bien se incluyó un cronograma para identificar industrias, castigarlas si son contaminantes, eliminar basurales a cielo abierto, realizar obras hidráulicas y de saneamiento e, incluso, se sumó el resistido estudio epidemiológico, es poco probable que se cumpla en sólo 90 días.
No se trata de que las exigencias sean irrealizables, pero ayer muchos actores sociales se preguntaban por qué el Estado cumpliría en 30 días lo que no hizo en dos años, en referencia a la identificación de las industrias a la orilla del Riachuelo, que se viene realizando desde entonces.
Desde que el máximo tribunal intimó a los gobiernos a sanear ese río se multiplicaron los operativos de control, pero los tiempos administrativos y las clausuras preventivas no lograron detener los miles de metros cúbicos de efluentes sin tratamiento que se vuelcan en la cuenca.
Tampoco hubo un gran avance respecto del saneamiento cloacal y de la extensión de la red de agua potable, prevista, según los planes de AySA, para 2017. En ese sentido, se negocia con el Banco Mundial un crédito de unos 2000 millones de dólares cuya primera etapa, de US$ 640 millones se desembolsaría en abril del año próximo. Por lo visto, los tiempos del trámite del financiamiento internacional no acompañan.
Pero hay un dato todavía más preocupante: en estos dos años la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) se reunió en menos de diez ocasiones.
Sin embargo, ayer, la Auditoría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, las ONG que conformarán el cuerpo de control y Daniel Sallaberry, representante legal de Beatriz Mendoza y los cientos de vecinos que iniciaron esta causa estaban satisfechos. "Este fallo debe ser entendido como una gran oportunidad para poner en marcha una política de Estado en materia ambiental que logre dar respuestas concretas a la situación de gravedad que padece la cuenca, cuestión que, hasta ahora, continúa siendo una asignatura pendiente", dijo Andrés Nápoli, de Fundación Ambiente y Recursos Naturales.
En el mismo sentido, Eduardo Mondino, defensor del pueblo de la Nación, quien tendrá la función de coordinar los trabajos de seguimiento, aseguró: "Tendremos la oportunidad de controlar. Y no duden de que lo vamos a hacer". Por intermedio de ellos será la sociedad civil la que ejercerá parte del control. Habrá que ver de qué modo se lo instrumenta.
El fallo, aunque auspicioso, es sólo un comienzo.
Por Laura Rocha
De la Redacción de LA NACION
09/07/08
LA NACION