El Ministerio de Fomento decidirá sobre las tarifas o el personal y tendrá derecho de veto
El Ministerio de Fomento decidirá sobre las tarifas o el personal y tendrá derecho de veto
La nueva Ley de Puertos que se aprueba esta semana en el Congreso supone un retroceso en la presencia de las comunidades autónomas en los puertos, mientras que el Estado recupera posiciones en el control sobre las autoridades portuarias.
La Administración estatal decidirá aspectos fundamentales de la política portuaria como el régimen de tarifas, la estructura de personal, la participación en sociedades que realicen actividades complementarias o el derecho a veto en las nuevas empresas que sustituirán a las sociedades estatales de estiba y desestiba.
Los consejos de administración de los puertos de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife pasarán de tener 25 miembros a 15. De esta forma, mientras la Comunidad Autónoma pierde cuatro representantes en total, el Estado sólo pierde uno. Los ayuntamientos pierden presencia en el órgano de gobierno portuario, mientras que los cabildos insulares la mantienen gracias a una enmienda a última hora aprobada en el Senado.
El catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de La Laguna y experto en legislación portuaria, Francisco Villar, recordó ayer que el incremento de la presencia de las autonomías en los puertos estatales se pactó en 1997 entre el PP y las fuerzas nacionalistas, mientras que la actual ley nace de un acuerdo entre los dos grandes partidos nacionales, lo que ha provocado una "marcha atrás".
Estas declaraciones fueron efectuadas en la I Jornada Portuaria Internacional, iniciada ayer en el marco de los actos conmemorativos del 30º aniversario de Belén María. En este marco, tanto los representantes de los estibadores como de las autoridades portuarias presentes apoyaron la ley porque dota de más competitividad y más eficiencia a la gestión.
Sin embargo, la unanimidad inédita conseguida por el PSOE y el PP para pactar una nueva ley para los puertos estatales no es compartida por Coalición Canaria, cuyo diputado en el Congreso, José Luis Perestelo, confirmó que su partido votará en contra de la nueva norma porque los puertos canarios no quedan suficientemente compensados por las pérdidas que les produce las bonificaciones por el transporte marítimo. Según Perestelo, las pérdidas de ingresos de las autoridades portuarias canarias por las bonificaciones son de unos 30 millones de euros anuales, por lo que piden un fondo específico desde los presupuestos generales del Estado.
Por R. Acosta
20/07/10
LA PROVINCIA.ES