La Legislatura de Tierra del Fuego aprobó la Ley de Acuicultura Sostenible, modificando la prohibición total de 2021 para permitir producción regulada en zonas marinas. Sin embargo, su verdadero impacto genera dudas por la veda en el Canal Beagle, lagos y ríos, limitando viabilidad económica y ambiental.
La norma establece lineamientos para acuicultura marina sostenible, enfocada en el norte de la isla y sistemas offshore con corrientes fuertes, reduciendo antibióticos y exigiendo evaluaciones ambientales estrictas. Promueve tecnologías avanzadas y estándares internacionales para diversificar la producción fueguina y atraer inversiones extranjeras, especialmente noruegas.
Expertos defienden que las condiciones de Tierra del Fuego son ideales para producir “proteína animal avanzada”, proyectando reducción de pobreza como en regiones chilenas. La ley habilita sistemas de recirculación de agua (RAS) en producciones continentales, con uso consultivo de agua dulce y preservación de zonas turísticas como Laguna Esmeralda y Lago Fagnano.
En Chile, la acuicultura de salmón se desarrolla principalmente en fiordos y canales protegidos del oleaje del Pacífico, ofreciendo aguas tranquilas que minimizan riesgos climáticos y costos operativos. Estos entornos naturales, similares al Canal Beagle, han impulsado un boom exportador, pero también generan controversias ambientales por contaminación en áreas sensibles.
No obstante, la prohibición en el Canal Beagle, un tesoro de biodiversidad, cuestiona el alcance de la ley. Críticos argumentan que mantiene el statu quo, ya que la costa atlántica expuesta carece de protección contra olas, haciendo proyectos menos viables comparados con los fiordos chilenos.
Publicaciones en redes sociales sugieren que la ley podría ser “humo”, ya que sin aguas tranquilas como en Beagle o fiordos chilenos, las inversiones se encarecen y pierden competitividad, frustrando promesas de empleo y exportaciones.
Informes destacan que la norma preserva bellezas naturales al vetar ríos y lagos, evitando impactos ambientales, pero ambientalistas la repudian por riesgos de contaminación en mar abierto, similar a problemas en la Patagonia chilena.
Aunque el oficialismo celebra un “cambio de época” con apoyo de figuras políticas, persisten dudas sobre si esta autorización limitada impulsará desarrollo real, relegando la acuicultura a zonas marginales con altos costos.
En resumen, mientras la ley busca equilibrio entre sostenibilidad y crecimiento, su verdadero impacto parece acotado por restricciones geográficas, invitando a monitorear si atraerá inversiones o quedará en un avance simbólico para el sector marítimo fueguino.
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