El sector agroindustrial explicó por qué se opone al mayor control estatal de las terminales provinciales que impulsa el precandidato a gobernador.
El sector agroindustrial explicó por qué se opone al mayor control estatal de las terminales provinciales que impulsa el precandidato a gobernador.
La propuesta de dotar al Estado de un mayor control sobre los puertos bonaerenses en desmedro de los actores privados que integran los directorios, y la instauración de una reserva de cargas de 30% para buques de bandera nacional cosechó críticas en el sector agroindustrial que, en off the record, dejó trascender las razones de sus críticas a la intención del autor de la iniciativa, el vicegobernador y precandidato a gobernador por el Frente para la Victoria en la provincia de Buenos Aires, Gabriel Mariotto.
“La propuesta de Mariotto, aún en boceto, parece desconocer algunas leyes y, al hacer cuentas, confunde facturación con ingresos”, deslizaron en el sector.
El empresariado agroindustrial tiene una fuerte participación en los puertos bonaerenses, mucho de los cuales son consorcios mixtos con una gestión que contempla a las administraciones provincial y municipal, a los gremios y a los empresarios con inversiones radicadas en los puertos.
La presidencia de estos consorcios está dispuesta por el gobernador, por ley.
“Para poder expropiar los puertos de Bahía Blanca y Quequén -por ejemplo- se debería modificar primero la denominada Ley de Puertos en el Congreso Nacional, en pleno proceso proselitista rumbo al cambio de autoridades de 2015”, señalan.
Para el sector, “provocó desconcierto en ámbitos de la logística el desconocimiento del funcionamiento de los puertos que se desprende del proyectado paquete de leyes anunciado por Mariotto, por ejemplo, en cuanto a los costos e ingresos de esas terminales”.
Explican que los ingresos generados cubren costos fijos y variables de la operación, más la amortización de las inversiones realizadas, ya que las terminales no son generadoras de grandes ganancias: “Son parte de la articulación logística que le posibilita a la Argentina competir con otros orígenes de forma eficiente”, agregan.
Asimismo, citan el artículo 12 de la Ley de Puertos que establece que en el caso de registrarse alguna ganancia, los consorcios que administran los puertos están obligados a reinvertir la totalidad en el mismo puerto, al tiempo que recuerdan que los concesionarios de esos puertos abonan un canon al Estado provincial.
Por otra parte, la provincia ya controla a los puertos a través de la designación del presidente de los consorcios (ley provincial 11.414, por la que se instrumentó la transferencia de los puertos de Bahía Blanca y Quequén a la provincia).
“El control político, institucional y estratégico ya lo tiene el Estado tanto provincial como nacional, según una amplia variedad de regulaciones, normas y leyes vigentes”, destaca el texto que circularon a la prensa desde el sector agroindustrial.
“Los costos de la operación -continúa- son gastos cubiertos por las tarifas que se perciben, por un lado, por derechos de amarre, que abonan los armadores o empresas propietarias de los buques, y, por otro lado, en concepto de alquiler de elevadores, depósitos y otras instalaciones, que pagan las distintas empresas involucradas en la exportación en calidad de clientes”.
Con este último argumento oponen el concepto de Mariotto de que los puertos generan US$ 2400 millones por año que, según los empresarios, no corresponden al ingreso de los puertos sino al “costo de la mercadería que es exportada” y que, si “pretendiera apropiarse (de los puertos) y dedicar esos fondos a algún otro destino, como la educación, significaría una confiscación de las exportaciones argentinas, adquiridas ya por distintos destinos en el mundo”.
Más dura es la crítica a la reserva de cargas para buques de bandera nacional que, advierten, “no existen”.
Si avanzara con una expropiación de los puertos, a la provincia “le resultaría muy difícil captar inversión externa tanto para financiar su comercio exterior como para generar los polos de desarrollo agroindustrial”, concluyen. (La nación)
14/05/14