Hoy, 2 de abril se cumple un nuevo aniversario del desembarco de tropas argentinas en las Islas Malvinas. La irracionalidad de la dictadura de entonces no solo fue responsable de la muerte y desaparición de miles de argentinos víctimas del terrorismo de Estado sino que, sobre sus espaldas, también carga la muerte de 649 valientes jóvenes que dieron su vida en Malvinas. A ellos nuestro homenaje y reconocimiento.
Hoy, 2 de abril se cumple un nuevo aniversario del desembarco de tropas argentinas en las Islas Malvinas. La irracionalidad de la dictadura de entonces no solo fue responsable de la muerte y desaparición de miles de argentinos víctimas del terrorismo de Estado sino que, sobre sus espaldas, también carga la muerte de 649 valientes jóvenes que dieron su vida en Malvinas. A ellos nuestro homenaje y reconocimiento.
A 25 años de la guerra de Malvinas y mientras que los 27 países de Europa festejan los 50 años de la firma del Tratado de Roma, ejemplo de búsqueda de estabilidad, progreso y concordia entre países que se habían enfrentado en la segunda Guerra Mundial, la intransigencia de Gran Bretaña impide avanzar en la solución del diferendo por la soberanía de las Islas Malvinas, manteniendo una situación colonial que constituye un foco de inestabilidad en el Atlántico Sur.
No dudamos que para la Argentina la guerra marcó claramente un retroceso, pero de ninguna manera una deslegitimación de sus derechos. Pero tampoco dudamos en afirmar que para Gran Bretaña la guerra ha sido la excusa para avanzar con la apropiación sobre los recursos naturales en el mar adyacente a las Malvinas mediante medidas unilaterales e ilegítimas.
Desde la finalización del conflicto, la voluntad expansionista de Gran Bretaña fue evidente. Fue el 13 de agosto de 1982 cuando nuestro país puso, por primera vez, en conocimiento del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas los actos de hostigamiento realizados por Gran Bretaña en aguas jurisdiccionales argentinas cuando los buques pesqueros Harengus, Api III y Usurbil fueron interceptados por buques de guerra y aeronaves militares británicas con el fin de obligarlos a retirarse de la zona en que operaban.
En los meses siguientes Argentina continuó informando al Consejo de Seguridad sobre acciones similares realizadas por Gran Bretaña en perjuicio de pesqueros argentinos y que tuvieron como protagonistas al Harengus, Usurbil, Alvamar II, Kasuga Maru, Rokko Maru, Antártida, Api II, III y IV, Caaveiro, Lapataia, Urquil, Corcubión, Rivera Gallega, Rivera Vasca y el Arcos.
Así Gran Bretaña amplió su dominación colonial, en abierta violación a la integridad territorial argentina, en el mar bajo su jurisdicción impidiendo hasta la realización de actividades lícitas y pacíficas por parte de buques civiles, vulnerando los derechos a la libre navegación y al uso de los recursos naturales de nuestro país.
Veinticinco años transcurrieron y la conducta de la potencia colonial no varió, más bien fue profundizándose. Los ejemplos abundan: la venta de licencias pesqueras por 25 años, claro acto ilegítimo de disposición sobre nuestros recursos pesqueros. Las concesiones unilaterales para la prospección, exploración y explotación de hidrocarburos en nuestra plataforma continental, desconociendo los términos de la Declaración Conjunta argentino-británica sobre “Cooperación en Actividades Costa Afuera del Atlántico Sudoccidental”, firmado en 1995 y que recientemente tuvo que ser denunciado por nuestro país.
Al respecto, tanto la decisión del Presidente de la Nación de dar por finalizado el acuerdo sobre hidrocarburos como la voluntad del Congreso de la Nación de sancionar a aquellas empresas que pesquen en aguas de jurisdicción argentina sin el correspondiente permiso otorgado por nuestro país tienden a desenmascarar la constante estrategia de Londres de negociar para no negociar. Es decir, proponer negociaciones sobre temas colaterales, dejando de lado el tratamiento de la cuestión de la soberanía. Así salvo el período entre 1966 y 1968 en que el Reino Unido aceptó negociar la cuestión de fondo, la intransigencia británica fue constante a pesar de los reiterados pedidos de las Naciones Unidas y de su Comité de Descolonización, argumentado, como lo hacen actualmente, que cualquier solución debía estar supeditada a los deseos de los isleños.
Argentina, con incuestionables argumentos, rechazó siempre el principio de libre determinación y reiteró que para resolver el diferendo debe primar y aplicarse el principio de integridad territorial, por tratarse de una población británica implantada y no de un pueblo originario. Toda vez que la Argentina aceptó negociar sobre aspectos colaterales o tangenciales lo hizo como muestra de su voluntad de cumplir con el mandato de la comunidad internacional que insta a ambas partes a negociar la cuestión de la soberanía y por considerar que éstas negociaciones podían constituir un medio idóneo para alcanzar ese objetivo.
El pueblo argentino, en ejercicio de su libre determinación tiene derecho a su integridad territorial, a la soberanía permanente sobre sus recursos naturales y a la lucha contra toda forma de colonialismo. El reconocimiento que el ejercicio y goce de estos derechos debe ser universal es el que ha inspirado la incorporación a nuestra Constitución Nacional de la cláusula por la cual la Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional y sostiene que la recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo de vida de sus habitantes, y conforme a los principios del derecho Internacional, constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino. Iniciar las negociaciones bilaterales sobre todos los temas, incluida la soberanía, es la mejor conmemoración conjunta que pueden hacer argentinos y británicos.
02/04/07
PESCA & PUERTOS