En nombre de Enarsa, YPF relicitará tres cargamentos de GNL; la demanda de Brasil, los precios y las internas políticas complican la operación.
En nombre de Enarsa, YPF relicitará tres cargamentos de GNL; la demanda de Brasil, los precios y las internas políticas complican la operación.
La sequía en Brasil, que ocasiona una merma en las reservas de agua que mueven sus centrales hidroeléctricas, amenaza con convertirse en uno de los principales problemas que deberá enfrentar el gobierno de Cristina Kirchner.
El motivo: por la menor producción de esa clase de usinas, su principal fuente de energía, el país está dispuesto a pagar mayores precios para comprar gas natural licuado (GNL), que se transporta por barco, algo que quita margen de negociación a los equipos de YPF, que buscan asegurar el abastecimiento de ese recurso para los próximos meses.
Una muestra de esas complicaciones quedó en evidencia el martes de esta semana en la torre que la compañía estatizada tiene en Puerto Madero. La empresa solicitó ofertas para cubrir ocho cargamentos de GNL que deben llegar al puerto de Bahía Blanca. A través de un comunicado, YPF informó ayer que les ofreció a 30 proveedores internacionales intervenir en el proceso de suministro. La compulsa que se abrió el martes, sin embargo, sólo logró interesar a la española Gas Natural, la rusa Gazprom, la angloholandesa Shell, la inglesa BP y la noruega Statoil. Y el precio de algunas de ellas no convenció a los funcionarios argentinos.
Por orden de Juan José Carbajales, el vicepresidente de Enarsa, YPF volvió de inmediato sobre sus pasos y convocó a una nueva licitación para tres de los cargamentos involucrados en la compulsa. Según la petrolera, “una oferta fue rechazada por una cuestión de precio. Las otras dos, por no haber cumplido con las exigencias en los plazos de entrega y otros condicionamientos de los pliegos licitatorios”.
Kicillof vs. De Vido
Los posibles interesados casi no tendrán tiempo para pensarlo: por la premura del Gobierno deben presentar sus ofertas este lunes y deberán entregar los barcos en las costas argentinas el mes que viene.
La importación de gas por barco, más cara que las compras a Bolivia y que la oferta del mercado interno, es una derivación directa de la caída de la producción nacional de gas y el aumento de la demanda, en parte traccionada por el crecimiento económico.
Las dificultades del Gobierno para hacerse de ese recurso revelan una interna política.
El viceministro de Economía, Axel Kicillof, ordenó el año pasado quitarle la gestión de las compras de GNL a Enarsa, la empresa que conduce Exequiel Espinosa, un hombre cercano al ministro de Planificación, Julio De Vido, y dárselas a YPF, a cargo de Miguel Galuccio. El ejecutivo sostuvo en varias ocasiones que la empresa hará las veces de comercializador y cobrará una comisión por eso, pero por cuenta y orden de Enarsa.
Para controlar de cerca la operatoria, Kicillof colocó en Enarsa a Carbajales, un hombre de La Cámpora que tiene la confianza del viceministro, pero escaso recorrido en el mercado energético.
Esos movimientos forzaron el año pasado la salida de Nilda Minutti de la empresa, que estaba a cargo del equipo para realizar las importaciones. Minutti es una técnica de carrera en los despachos públicos vinculados con el gas. Estuvo, por caso, varios años en la Secretaría de Energía. Después de varios años al frente de la operatoria, tenía el mecanismo relativamente aceitado. Al menos hasta ahora, la nueva gestión tiene dificultades para mostrar resultados similares. No sólo debió convalidar precios más altos en sus primeras compras, que se concretaron en diciembre, sino que los oferentes se quejan de la escasez de tiempo con el que se les requieren ofertas.
YPF ahora es una especie de jamón del sandwich entre unos y otros. La petrolera defendió ayer su gestión. “Todas las cargas de Escobar, de enero a diciembre, ya están adjudicadas”, sostuvo. Y aclaró que “en el caso de Bahía Blanca, si se considerara como crítico el período de enero a abril, sobre 11 cargamentos de gas requeridos ya hay ocho que se encuentran adjudicados.”
Por Pablo Fernández Blanco
11/01/13
LA NACION