El crudo (offshore) financiaría la educación en Brasil

Dilma decidió que los estados destinen el total de las ganancias de la explotación pre-sal a proyectos educativos.

Dilma decidió que los estados destinen el total de las ganancias de la explotación pre-sal a proyectos educativos.La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, decidió intervenir en la feroz lucha entre estados productores y no productores de petróleo por las jugosas ganancias de la exploración de pozos en aguas profundas, y en una histórica decisión estableció que todos los recursos disputados sean utilizados para inversiones en educación.


El viernes pasado, la mandataria vetó parcialmente la ley recientemente aprobada por el Congreso que alteraba el modelo de distribución de los royalties petroleros y les otorgaba a los estados no productores porcentajes mayores de esas ganancias.


Esa nueva disposición sólo regiría para las futuras licitaciones de exploración de la llamada capa pre-sal del océano, en las costas brasileñas. Lo sorpresivo fue que acompañó la medida con un decreto para que todos los estados -sin distinción- destinen el total de esos recursos a proyectos educativos.


Gracias al veto presidencial, el dinero que ingresa actualmente por los contratos que ya están en curso se mantendría inalterado en su distribución. Se trató de una victoria a medias para los principales estados productores de crudo -Río de Janeiro y Espíritu Santo-, que habían advertido que ya contaban con esos fondos para proyectos en marcha, sobre todo en Río, con obras para el Mundial de fútbol de 2014 y los Juegos Olímpicos de 2016.


De cualquier manera, ahora la iniciativa debe ser aprobada tanto por la Cámara de Diputados como por el Senado. En la Cámara baja, un esfuerzo anterior del oficialista Partido de los Trabajadores (PT) había fracasado y no fue incluido en el proyecto de ley que finalmente se aprobó y envió al Ejecutivo.


Rousseff, sin embargo, confía en que su salomónica decisión respecto de los contratos de exploración y el popular objetivo de destinar los fondos futuros a la educación lograrán convencer a los legisladores. Oponerse abiertamente a ese noble propósito dejaría muy mal parados a los congresistas.


Reacciones


“No podemos desperdiciar ese recurso [por el petróleo], crear una economía parasitaria. Tenemos que usar esa riqueza para pensar en el futuro del país y no hay otro camino más seguro que el de la educación. La educación es el único camino seguro y responsable para crear un país desarrollado”, señaló el ministro de Educación, Aloizio Mercadante.


Entre los gobernadores, la reacción a la iniciativa gubernamental fue mixta. La mayoría de los Estados no productores criticó el veto a la alteración de la distribución de los contratos actuales, y la próxima semana se reunirán en Brasilia con legisladores de sus distritos para analizar cómo actuarán.


El Congreso todavía tiene que emitir una decisión final sobre otro proyecto oficialista de aumentar del actual 5,1 al 10% del PBI destinado a la educación. Ya fue aprobado por Diputados, pero el Senado todavía no lo decide.


El nuevo decreto presidencial sobre el destino de los royalties petroleros futuros también tiene como enemigo al tiempo. La medida provisoria, como se le llama, rige por 60 días y puede ser extendida por otros 60; si el Congreso no la aprobara en ese tiempo, caducará.


En tanto, los nuevos contratos petroleros de la capa pre-sal recién serán licitados en noviembre próximo, por lo que no rendirán ganancias sino hasta que el crudo sea efectivamente extraído del fondo marino, lo que demandaría varios años.


“De la forma como lo decidió el gobierno federal, Brasil tendrá que esperar más de diez años para poder realizar inversiones en educación, ya que el régimen de reparto sólo generará recursos en ese plazo”, advirtió la Confederación Nacional de Municipios (CNM), que cuestionó la movida presidencial.


Tanto en Río de Janeiro como en Espíritu Santo, la semana pasada se realizaron masivas manifestaciones para pedir el veto de Rousseff a la alteración del modelo de distribución de ganancias. La presidenta se decidió por el veto parcial para no alterar “derechos adquiridos” que podrían traer una larga batalla judicial interna.


Por Alberto Armendariz 


03/12/12


LA NACION

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