Gravar nuestras exportaciones con un nuevo impuesto es, por lo menos, desaconsejable.
Gravar nuestras exportaciones con un nuevo impuesto es, por lo menos, desaconsejable.
Es casi un axioma que el crecimiento sostenido de una nación se basa, en gran parte, en su comercio exterior y en el buen manejo de la economía. Para ello, es necesario alcanzar el status de país exportador. Esto exige que tanto sus gobernantes como sus empresarios mantengan una línea constante: una política de Estado que ponga de manifiesto -fronteras afuera- una conducta seria y confiable, que los productos que exportan tengan la calidad que se espera de ellos, un atractivo packaging diseñado especialmente para el país importador, y fechas de embarque rigurosas, con precios competitivos.
Las metas deseadas para este año rondarían los 54 mil millones de dólares de exportaciones generales, es decir granos, líquidos y productos con valor agregado.
Precisamente, éste último ítem es el que permitió bajar los índices de desocupación, ya que ni los granos ni los combustibles son grandes tomadores de mano de obra. Pero, fueron las retenciones a los granos -especialmente a la soja- las que le permitieron al gobierno poder llevar a cabo una política de construcción de viviendas y caminos, apoyar económicamente a los intendentes para llevar a cabo obras públicas (este punto es sumamente cuestionado por la oposición, ya que conlleva una gran carga política), asistir a los desocupados con planes jefas y jefes, elevar los índices para la recaudación de impuesto a las ganancias a personal con relación de dependencia, entre muchas otras cosas, sin incurrir en deudas con el exterior, con bancos o instituciones financieras.
Este breve introito tiene por finalidad mostrar la importancia significativa que tienen las exportaciones en el bienestar común de los ciudadanos, por ello, es relevante preservar a este sector de la economía, cuidándolo, para que no sea bastardeado con leyes o decretos que atentan contra la producción nacional.
En la Cámara de Diputados existe un proyecto de ley de promoción de la industria naval que está siguiendo los pasos administrativos para su sanción y, como es casi recurrente, quienes incursionan en temas que no conocen, terminan dañando a quienes pretenden proteger. Es evidente que, los legisladores que se encuentran detrás del cuestionado proyecto, carecen de conocimientos y de historia ya que lo que intentan es reflotar el Fondo de la Marina Mercante, nacido con las mejores intenciones y terminado en un desfalco escandaloso para el erario nacional dado que los que recibieron créditos y subsidios, salvo honrosas excepciones, no los devolvieron y, en algunos casos, los barcos, finalmente, fueron abandonados.
El afán de impulsar a la industria naval determinó que obligaran a los armadores a construir buques que no eran funcionales al tráfico que desarrollaban, tanto es así que a una serie se la llamó –irónicamente- “buques de goma” porque, al entender de las autoridades de aplicación, podían servir para cualquier tráfico. Los astilleros, contentos, y los armadores, molestos, pero a caballo regalado…
El problema que nos preocupa y nos ocupa es el regreso del impuesto a los fletes de importación y exportación. Gravar nuestras exportaciones con un nuevo impuesto es, por lo menos, desaconsejable. Las exportaciones lo pagan por partida doble ya que en el caso de productos manufacturados, primero paga el flete de importación, por las materias primas que requiere para producir el bien a exportar y, luego, lo repite cuando exporta.
Considero que, a menos que los legisladores que presentaron el proyecto estén pensando en la creación de una nueva “caja”, tendrían que asesorarse acerca de los perjuicios que podrían llegar a causar con la sanción de una ley como la presentada.
Resultaría mucho más lógico y menos cuestionable que de las retenciones a las exportaciones de granos -que rondaron los 3.000 mil millones-, se destinara un porcentaje del 2/3% para generar el fondo propuesto en el proyecto de ley, cumpliendo así con la intención de fortalecer a la industria naval sin perjudicar a las exportaciones generando un nuevo distanciamiento competitivo, exportando impuestos.
Sin la ayuda de los legisladores, la industria se fortaleció sanamente, y una muestra de ello se evidencia en los resultados demostrados por TANDANOR, Astillero Río Santiago, Servicios Portuarios Integrados –SPISA, Astilleros Contessi y Astilleros Mar del Plata (Franco Barillari), cuyas gradas se ven cubiertas de buques para reparar o en construcción.
Si hay comercio exterior o buena pesca, los armadores se animan a construir (obviamente a precios competitivos) o traer embarcaciones, pero siempre que exista previsibilidad, y se respeten las seguridades jurídicas. Este proyecto de ley basado en la generación de nuevos impuestos con el objetivo de formar un fondo de asistencia a los astilleros, sería –justamente- una negación a los dos últimos puntos mencionados.
Escribe Richard Leslie Ramsay
richardramsay@networkproducciones.com
21/05/07
DESAFIO: EXPORTAR