Aunque en muchos casos se trata de continuidades y ratificaciones, el inicio de un nuevo gobierno trae consigo el comienzo de una nueva etapa. De la misma manera que algunos pueden decir que los primeros de enero son iguales al 31 de diciembre, pero nadie niega que a los saludos y deseos de felicidad y prosperidad se les suma una mirada retrospectiva que pone en blanco sobre negro lo hecho y lo que quedó para el futuro.
Aunque en muchos casos se trata de continuidades y ratificaciones, el inicio de un nuevo gobierno trae consigo el comienzo de una nueva etapa. De la misma manera que algunos pueden decir que los primeros de enero son iguales al 31 de diciembre, pero nadie niega que a los saludos y deseos de felicidad y prosperidad se les suma una mirada retrospectiva que pone en blanco sobre negro lo hecho y lo que quedó para el futuro.
Esos ánimos debieron influir también a los responsables de la gestión y administración pesquera nacional. En los días previos al traspaso del mando presidencial se terminaron cuestiones pendientes, como la aprobación del Plan de Acción Nacional para Prevenir, Desalentar y Eliminar la Pesca Ilegal, no Declarada y no Reglamentada y se avanzó en una metodología de asignación de los recursos que parece estar sentando los primeros pero firmes cimientos hacia el futuro otorgamiento de cuotas individuales de captura, tal como hace diez años manda la Ley Federal de Pesca.
La continuidad de los funcionarios implica un curioso desafío porque se convierten en herederos de si mismos. Legado difícil porque hace de imposible aplicación el tan reiterado recurso de endilgar a la “herencia recibida” la culpabilidad del complejo presente.
Y el presente de la pesca es por demás complejo y crítico. Hay más de una señal de las empresas pesqueras dedicadas al calamar y a la captura del langostino que indican que de no modificarse la ecuación económica no podrán salir a pescar. Parece improbable que se supere esta situación a partir del aumento de los precios internacionales, que hoy están por debajo de los costos de producción, no al menos durante la próxima temporada. La crítica situación de la merluza, de la que oficialmente no se habla, pero que nadie niega que es crítica, hace imposible que se piense en ella como variable de ajuste para suplir la inexistente rentabilidad de la pesca de las otras especies.
Dentro de la etapa que se inicia, el acuerdo social que planteó Cristina Fernández en su discurso ante la Asamblea Legislativa al asumir el cargo de Presidente de todos los argentinos, y que tal como lo explicitó durante su campaña electoral, es mucho mas que un acuerdo de precios y salarios, se convierte en un instrumento interesante para abordar con un visión distinta los problemas que enfrenta la pesca.
Para la actividad debe ser un acuerdo integral en el que las provincias con litoral marítimo, la Nación, las empresas y los gremios acuerden una metodología y un modelo que asegure la sustentabilidad económica, social y biológica de la pesca.
En ese marco deberían analizarse conjuntamente las estructuras de costos de explotación, las variaciones de los precios de referencia de las especies, poner atención a las políticas pesqueras y fiscales que implementan las provincias dentro de sus aguas jurisdiccionales a fin de evitar situaciones que generan distorsiones y alejan la consecución del horizonte proyectado.
Por su parte las empresas deberían abandonar la visión cortoplacista que las llevó a asumir compromisos, muchas veces carentes de razonabilidad, suponiendo que los resultados favorables de otros años no se alterarían.
La participación de los gremios dentro del acuerdo social o cualquiera sea el nombre con el que se designe al proceso que conduzca a la consolidación del sector pesquero debe partir de su compromiso con la defensa del más importante de los derechos de los trabajadores que es la conservación de las fuentes de trabajo.
De nada sirve negociar constantes aumentos de salarios si junto al aumento de los costos de producción y una baja sostenida de los precios se ahoga a la actividad o la colocan en una situación insostenible.
Con énfasis y claridad la presidenta Cristina Fernández señaló los alcances del acuerdo social, que excede las negociaciones de precios y salarios, no se limita a una función de gendarme de la renta de las empresas ni tampoco será un instrumento para dirimir internas sindicales.
Ese escenario amplio y con participación de todos los actores involucrados, debería valorarse como muy propicio para la adopción del conjunto de medidas económicas que aseguren la continuidad de la actividad pesquera, hoy amenazada, y consoliden su funcionamiento a futuro.
17/12/07
PESCA & PUERTOS