(FNM) La presidente Dilma Rousseff sancionó ayer la nueva Ley de Puertos, con diez vetos al texto aprobado por el Congreso Nacional, rescatando la esencia de la medida provisoria editada en diciembre y contrariando buena parte de los “lobbies” empresarios esgrimidos a lo largo de la tramitación de la MP 595.
(FNM) La presidente Dilma Rousseff sancionó ayer la nueva Ley de Puertos, con diez vetos al texto aprobado por el Congreso Nacional, rescatando la esencia de la medida provisoria editada en diciembre y contrariando buena parte de los “lobbies” empresarios esgrimidos a lo largo de la tramitación de la MP 595.
A través de los vetos, el gobierno cerró las puertas a la prórroga automática de cualquier tipo de contrato de arrendamiento en los puertos públicos, inclidas al menos 54 terminales arrendadas antes de 1993. En dicho año, entró en vigencia el último marco regulatorio del sector, derogado por la MP 595. Los operadores de esas instalaciones buscaban una renovación generalmente por diez años de los contratos. Los titulares de terminales de contenedores licitadas después de 1993 también perdieron la garantía de prórroga anticipada de sus contratos, que expiran recién en la próxima década.
Con los vetos se abre el camino para el arrendamiento de 159 áreas en los puertos públicos, que serán divididas en cuatro lotes. La primera ronda de licitaciones, abarcando 52 terminales localizadas en Santos y en Pará, deberá concretarse en octubre. Todos los demás concursos serán lanzados antes de enero de 2014, según lo previsto ayer por la ministra de la Casa Civil, Gleisi Hoffmann.
El gobierno también elevó sus estimaciones de inversión en puertos privados. En diciembre la Secretaría de Puertos hablaba de proyectos que sumaban R$ 21.000 millones hasta el 2017. Ahora, las proyecciones apuntan a inversiones de R$ 25.000 millones, de acuerdo con la ministra. “Esos son números preliminares”, afirmó la ministra, recordando que parte de los proyectos de terminales privadas con pedidos presentados ante la Agencia Nacional de Transportes Acuáticos (Antaq) no tienen datos precisos.
Con la nueva ley, se acaba la distinción entre carga propia y carga de terceros, facilitando la construcción de puertos privados. Dilma vetó, en tanto, la figura de la “terminal industrial” – un pleito capitaneado por el empresario Jorge Gerdau. Grandes empresas, como Vale y la propia Gerdau, que usan instalaciones portuarias como último punto de sus cadenas productivas, querían tener la posibilidad de construir nuevas terminales sin ningún proceso selectivo, que involucre llamados públicos.
“La vuelta a la restricción del tipo de carga a ser movidas en cada terminal portuaria constituye un obstáculo a la amplia apertura del sector y al incremento de la competencia, objetivos primordiales de la MP”, justificaron el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Planeamiento y la Secretaría de Puertos, en las explicaciones sobre el veto.
Gleisi explicó que la reglamentación de la nueva ley será hecha en dos partes. En la primera, antes de los próximos 15 días, el gobierno presentará los detalles del proceso selectivo para la construcción de puertos privados. Después, reglamentará las cuestiones específicas de los trabajadores portuarios.
“Todos los acuerdos hechos con el Congreso Nacional, sea con los trabajadores, sea en el ámbito de la comisión mixta, fueron cumplidos”, dijo la ministra. Entre los vetos relacionados con cuestiones laborales, está uno que determinaba que la vigilancia y la seguridad de los puertos públicos serían ejecutadas exclusivamente por la guardia portuaria.
Además, para evitar que la lógica de los órganos gestores de mano de obra (Ogmos) fuese obligatoriamente adoptada por las terminales privadas, la presidente vetó una parte de la ley que establecía que los trabajadores independientes solo podrían ejercer sus actividades si estuvieran inscriptos en el listado de portuarios, administrado por los Ogmos.
En la justificación de estos vetos, el gobierno alega que los cambios violarían el acuerdo negociado entre el Poder Ejecutivo, el Congreso Nacional y las entidades representativas de los trabajadores portuarios.
Los legisladores reaccionaron con rapidez. “Vamos a votar los vetos. La presidente tiene el derecho de vetar y nosotros, el de evaluar los vetos. En la reunión de jefes de bancada de diputados ya se habló de realizar una reunión con el presidente del Senado para considerar la propuesta de evaluación de los vetos”, afirmó el líder del PMDB, Eduardo Cunha (RJ), que fue uno de los principales negociadores del texto durante la tramitación de la medida provisoria (MP).
Para Cunha, la evaluación de los vetos es una “autoafirmación del Congreso” y una indicación de que el gobierno “debe tener más responsabilidad”. “Ellos [el gobierno] tiene que ser más responsable con el contenido de las materias aprobadas. Tiene que entender que cuando aquí se vota [una cuestión], en caso de veto, éste será evaluado”.
Cunha rebatió las declaraciones de Gleisi Hoffmann y dijo que el gobierno vetó tramos de la Medida Provisoria (MP) en los que había acuerdo: “El acuerdo conmigo obviamente no fue cumplido”. Una enmienda de su autoría – que contemplaba la posibilidad de renovación de los contratos anteriores a 1993-, resultó vetada. (Valor y Portos e navios)
07/06/13
FUNDACIÓN NUESTROMAR