Organizaciones ambientalistas y ecológicas de esta ciudad del departamento Iriondo presentaron una denuncia penal enmarcada en la ley 10.000 de intereses difusos en los Tribunales de Cañada de Gómez por un caso grave de contaminación en el arroyo Las Totoras que ocasionó una gran mortandad de peces.
Organizaciones ambientalistas y ecológicas de esta ciudad del departamento Iriondo presentaron una denuncia penal enmarcada en la ley 10.000 de intereses difusos en los Tribunales de Cañada de Gómez por un caso grave de contaminación en el arroyo Las Totoras que ocasionó una gran mortandad de peces.
La contaminación habría partido de un establecimiento donde funciona un criadero clandestino de cerdos, incluso se aportaron un video, fotos y mapas del sitio donde se observa el volcamiento de un líquido oscuro, según dijeron a La Capital representantes de tres organizaciones no gubernamentales (ONG).
Denuncias
El episodio ocurrió en cercanías de la ruta 34 el pasado 22 de noviembre. Apenas tomaron conocimiento del hecho, los vecinos se documentaron por lo ocurrido, visitaron a las autoridades y luego radicaron una serie de denuncias.
“El río estaba plateado de peces”, fue lo que esgrimió el poblador que tuvo la oportunidad de recorrer la zona agropecuaria donde se observaron miles de peces muertos.
La versión corrió como reguero de pólvora, hasta que miembros de las citadas organizaciones resolvieron hacer varias presentaciones en la policía y el municipio.
Claudia De Balzo, vecina de la ciudad y defensora del medio ambiente, dijo que la denuncia tuvo como fin “prevenir cualquier situación que afecte de un modo u otro al ecosistema, ya sea por actitudes irresponsables, o por falta de control de los organismos públicos que tienen que ejercer el poder de policía”.
Casi al mismo tiempo, los integrantes de las ONGs se reunieron con ediles del Concejo municipal, a quienes pusieron en conocimiento lo sucedido. Tras ese encuentro se resolvió llevar adelante una presentación por la ley 10.000 de intereses difusos, que finalmente se radicó la semana pasada en los Tribunales de Cañada de Gómez.
“Hicimos exposiciones en la Municipalidad y en la policía de Totoras. La primera constatación la hizo un inspector acompañado de un guarda fauna. La denuncia también se radicó en la Secretaría de Medio Ambiente de la provincia”, contó Claudia Del Balzo.
Constatación policial
La constatación policial de lo sucedido, que generó el inicio de un sumario por la infracción a la ley 10.703 del Código de Faltas de la provincia de Santa Fe, dio origen a una investigación judicial que lleva adelante la jueza cañadense de Circuito, Liliana Iglesias.
Los vecinos relataron en el sumario que se tramita en esa dependencia judicial que “hay un testigo importante”, un hombre de 41 años, empleado municipal, quien registró imágenes del volcamiento de líquidos oscuros en el cauce del arroyo.
“Se observa claramente que a partir del derrame del líquido los peces se mueren, por lo que no tenemos dudas de que una cosa está relacionada con la otra”, resaltó Del Balzo.
Antecedente
El escrito señala, asimismo, que el guardafauna identificado como Oscar Alcides Imsand ratificó la declaración efectuada por la Municipalidad. Expresó que “no es la primera vez que sucede algo similar”, por lo que entregó una copia de un acta de relevamiento con fecha del 8 de enero de 1999.
“Figura un criadero de cerdos como el sitio donde sale ese líquido”, dijo Del Balzo en declaraciones a este diario.
Se explicó también que “la muestra para que posea algún valor pericial debería ser tomada en el momento del hecho y dentro de las 24 horas de ser analizada”.
“Los peces deben estar moribundos para realizar estudios respectivos”, se manifiesta en el texto, después de agregar que el establecimiento no cuenta con las instalaciones apropiadas para el tratamiento de los efluentes líquidos”.
Por Walter Gasparetti
14/12/10
LA CAPITAL (Rosario)