La perseverancia, cuando el objetivo final es el bien común, es obligatoria en los funcionarios y legisladores. La insistencia es algo diferente. Y cuando se insiste, repetidamente, en una acción que no abarca a la mayoría y que no tiene el consenso amplio -a pesar de que, precisamente, se insista en que sí lo tiene- se está ante servidores públicos al servicio de sí mismos, o de unos pocos.
La perseverancia, cuando el objetivo final es el bien común, es obligatoria en los funcionarios y legisladores. La insistencia es algo diferente. Y cuando se insiste, repetidamente, en una acción que no abarca a la mayoría y que no tiene el consenso amplio -a pesar de que, precisamente, se insista en que sí lo tiene- se está ante servidores públicos al servicio de sí mismos, o de unos pocos.
El caso de la ley de promoción de la industria naval y de la marina mercante, que volvió a impulsar el diputado Gastón Harispe (FPV), luego de que perdiera estado parlamentario sin lograr el menor apoyo integral de su cuerpo, de los empresarios y de los gremios, se acerca bastante a lo insólito.
¿Para qué insistir en un proyecto que destina fondos de las deficitarias cuentas públicas si desde la Federación de Empresas Navieras Argentinas (FENA, que agrupa a las cuatro cámaras representantes de la totalidad de armadores argentinos dedicados al cabotaje marítimo y fluvial), en boca de su presidente, Claudio López, y hasta el Centro de Patrones Fluviales y Oficiales de Cabotaje, con su secretario Julio González Insfrán a la cabeza, coinciden en que el sector de la marina mercante no necesita fondos ni subsidios del Estado, sino un marco normativo que balancee la competitividad argentina en el negocio de la hidrovía?
¿Cómo se insiste en un consenso si otro diputado del mismo partido de Harispe, el chaqueño Gustavo Martínez Campos, también anunció que presentará dos proyectos de ley, uno por sector, diferentes en lo sustancial del de su colega de bancada?
Si en la marina mercante gremios y empresas no apoyan este proyecto, peor es el caso de la industria naval, cuya voz más opositora está representada por el presidente de la Cámara Santafecina de la Industria Naval, Miguel Álvarez, que repite sin eufemismos: “No hay acuerdo. No nos tienen en cuenta”. Y la Federación Marítima, Portuaria y de la Industria Naval (Fempinra), tampoco sostiene el plan oficial, y también lo aseveró públicamente.
Tanto Insfrán como Álvarez remitieron cartas a Julián Domínguez, que apoyó el proyecto, recordándole que Tettamanti fue discrecional en los intereses representados.
El empresario naval es un digno sobreviviente. La semana última, su director de Vías Navegables, Aníbal Díaz, dejó el cargo. Algo pasa. Y algo cambió. El reemplazo lo nombró Mariana González, funcionaria de Economía a cargo de Puertos. (Por Emiliano Galli; La Nación)
22/07/15