Levantar un complejo hidroeléctrico sobre el río Santa Cruz sin evaluar su impacto es poner en riesgo el futuro de uno de los recursos más frágiles del país.
Levantar un complejo hidroeléctrico sobre el río Santa Cruz sin evaluar su impacto es poner en riesgo el futuro de uno de los recursos más frágiles del país.
Varias organizaciones ecologistas reclamaron que se detenga la construcción de dos represas en Santa Cruz, a fin de no afectar “de manera irreversible” la zona del glaciar Perito Moreno hasta tanto se garantice el “estricto cumplimiento de las leyes ambientales argentinas”. Incluso, la organización Banco de Bosques interpuso una acción con ese objetivo ante la Corte Suprema de Justicia, patrocinada por el reconocido constitucionalista Daniel Sabsay.
En 2010, el gobierno de Cristina Kirchner anunció la adjudicación de las represas Cóndor Cliff y La Barrancosa al consorcio integrado por Industrias Metalúrgicas Pescarmona (Impsa), Corporación América (Eurnekian) y la brasileña Camargo Correa. El grupo ganador cotizó la obra en 4000 millones de dólares, según la cotización del Banco Central a la fecha del acto de apertura. En 2012, el Gobierno anuló la licitación y rebautizó las represas como Néstor Kirchner y Jorge Cepernic. Finalmente, no sin polémica, fue adjudicada al Gezhouba Group (China), Electroingeniería -una de las firmas de obra pública que más crecieron con el kirchnerismo en el poder-, e Hidrocuyo, y se firmó un contrato de financiamiento por 4714 millones de dólares, con lo que se convirtió en la obra pública récord del kirchnerismo.
El pseudoempresario Lázaro Báez, con una visión de estadista, había comprado un gran número de estancias sobre las márgenes del río Santa Cruz, en el área de inundación, considerada expropiable. En 2010 se conoció que el complejo hidroeléctrico iba a erigirse en 182.000 hectáreas que son propiedad de sociedades pertenecientes al citado presunto testaferro de los Kirchner.
Gezhouba Group es la empresa que intervino en la construcción de la represa Tres Gargantas, en China, la más grande del planeta hasta el momento, reconocida por las desastrosas consecuencias ambientales que produjo en los cauces medio y alto del río Yangtsé. Conocida también por la construcción del controvertido proyecto de una presa sobre el río Irrawaddy, el más importante en Birmania, llevado a cabo sin un análisis del impacto ambiental sobre la biodiversidad y el patrimonio cultural del área. Gezhouba ha sido sancionada por el Banco Mundial luego de reconocer “mala praxis” en proyectos sobre agua, recuperación tras terremotos y gestión de las inundaciones.
El Instituto Argentino de la Energía (IAE) asegura que, de construirse las represas, sería necesario transportar más de 2000 MW hasta el centro de cargas ubicado a unos 2500 km. El IAE estima su costo en unos 2000 millones de dólares, equivalentes aproximadamente al 45% de la erogación total de las obras. Así, además de las represas, habría que añadir la construcción de un poderoso sistema de alta tensión, con un enorme despliegue de torres y sus impactos sobre el ambiente y el paisaje.
Varios especialistas y organizaciones no gubernamentales subrayan que el aprovechamiento hidroeléctrico podría causar severos daños al ecosistema. Afirman que, al manejar artificialmente las fluctuaciones del río Santa Cruz, el incremento del nivel del lago podría afectar de modo irreversible al glaciar Perito Moreno -declarado Patrimonio Natural de la Humanidad por la Unesco- y su periódico proceso de avance y ruptura.
Aunque parezca insólito, a pesar de los daños potenciales que un proyecto de esta envergadura podría generar, no se ha cumplido con el procedimiento previo de evaluación de impacto ambiental, herramienta medular en materia de convivencia con el entorno. Se trata de un requisito destinado a resguardar que todos los proyectos resulten sustentables desde el punto de vista ambiental y social a través de la participación activa de la comunidad. Su objetivo es proveer a quienes deben tomar las decisiones un cúmulo de información sobre la necesidad y razonabilidad del proyecto evaluado: quiénes serán afectados y quiénes beneficiados, y quiénes se harán cargo de los costos. Esa evaluación permite examinar alternativas, incluyendo la opción de desistir de la obra, y -si resultase aceptable- su mejor ubicación, diseño y construcción. Sin esta información, cualquier decisión es mera discrecionalidad.
A veces, para los desarrolladores y las autoridades, esto es un estorbo. La participación de posibles afectados y científicos independientes es vista por los primeros como un obstáculo para sus objetivos y por los segundos, como una restricción a su potestad de decidir. Precisamente, la evaluación de impacto ambiental tiene por finalidad tácita evitar que un sujeto privado y un gobierno celebren un acuerdo a espaldas de la comunidad. Sin este procedimiento, decisiones que pueden tener efectos transgeneracionales quedarían en manos de quienes gobiernen circunstancialmente.
Algunos funcionarios creen que pueden decidir la realización de una gran obra de infraestructura sin cumplir un procedimiento que otorgue legalidad y legitimidad al proyecto. Es parte de la confusión que el poder produce a veces. Quizás moleste tener que reconocer que la política debe supeditarse al derecho y la legitimidad que las propuestas obtengan. El olvido de estos principios es generador de daños y conflictos sociales. Basta recordar los reclamos vinculados con la minería en nuestro país, o el rechazo a las represas en el sur de Chile.
No hay ni debería haber autoridad que pueda aprobar un proyecto sin llevar adelante un proceso que garantice que los intereses coyunturales no prevalezcan sobre los del porvenir. Quienes ejercen el poder no ven con simpatía acotar sus facultades al momento de realizar un megaemprendimiento. Tienden a creer que sus convicciones o intereses bastan. El planeta tiene innumerables ejemplos de experiencias lamentables alimentadas por la tragedia de la desmesura.
Construir un complejo hidroeléctrico sobre el río Santa Cruz, paradójicamente en la tierra del viento, donde podría implementarse un desarrollo de energías renovables, de acuerdo con las necesidades del planeta en la actualidad, sin llevar a cabo el debido proceso de evaluación de impacto ambiental significa decidir ilegítimamente, a costa de poner en riesgo el futuro de uno de los recursos más frágiles de nuestro país. La decisión debe fundarse en un análisis exhaustivo, pues concierne a todos los argentinos y a las futuras generaciones. En síntesis, las organizaciones ambientalistas más reconocidas -con la excepción de algunas afines al Gobierno que prefirieron traicionar sus principios frente a la conveniencia política- reclamaron que de modo previo a toda construcción se cumpla con el procedimiento de evaluación de impacto ambiental. No es sino pedir que el derecho al ambiente sano, establecido en nuestra Constitución, prevalezca ante el poder de turno. (La Nación)
18/11/15