(FNM) En los próximos días debe conocerse la decisión de Petrobras sobre el destino de las obras de las plataformas P-75 y P-77 en el astillero Honório Bicalho, en Rio Grande (RS), paralizadas desde febrero. La petrolera estatal se muestra reacia a firmar los adicionales exigidos por el consorcio QGI Brasil (Queiroz Galvão e Iesa Óleo e Gás), responsable del proyecto, y por tanto el contrato tiende a su rescisión. De confirmarse, la construcción debería ser licitada nuevamente.
(FNM) En los próximos días debe conocerse la decisión de Petrobras sobre el destino de las obras de las plataformas P-75 y P-77 en el astillero Honório Bicalho, en Rio Grande (RS), paralizadas desde febrero. La petrolera estatal se muestra reacia a firmar los adicionales exigidos por el consorcio QGI Brasil (Queiroz Galvão e Iesa Óleo e Gás), responsable del proyecto, y por tanto el contrato tiende a su rescisión. De confirmarse, la construcción debería ser licitada nuevamente.
La crisis en QGI se suma a la del Astillero Rio Grande (ERG), de Ecovix, controlada por el grupo Engevix, que fue contratado para construir ocho cascos de plataformas, pero que no consigue convencer a Caixa Econômica Federal (CEF) para que libere el tramo de financiamiento retenido, por lo que debe comenzar a remover personal esta semana. La dificultad para liberar los recursos está ligada en los dos casos, a las denuncias de la Operación Lava-Jato.
Una fuente al tanto de la negociación entre QGI y Petrobras dijo que ambas partes llegaron a un estancamiento difícil de superar, a pesar de los argumentos del consorcio de que las plataformas, una vez en operación, van a generar R$ 20.000 millones de ingresos por año. El presidente del Sindicato de Metalúrgicos de Rio Grande, Benito Gonçalves, informó que en un encuentro a concretarse en los próximos días, se llevará a cabo la última tentativa por alcanzar un acuerdo.
Según el secretario de desarrollo del gobierno de Rio Grande do Sul, Fábio Branco, que también acompaña el tema, además del aporte financiero está en discusión el plazo de entrega para la conclusión de las obras. La P-75 debería entrar en operaciones en 2016 y la P-77 al año siguiente, pero QGI quiere que ambas se entreguen en 2017. “Todo el proyecto está atrasado”, comentó.
Para Branco, el proyecto de QGI es “estratégico” para el Estado, principalmente porque permitirá la recontratación de trabajadores cesanteados después que el propio astillero Honório Bicalho concluyó las plataformas P-63, P-55 y P-58, en 2013. Actualmente el astillero emplea a menos de 300 personas, aunque la expectativa de Petrobras era que durante el pico del proyecto el número llegara a 4.400. Gonçalves, del Sindicato de Metalúrgicos, calcula que hoy hay más de 7.000 desempleados del sector en la ciudad.
Consultados por Valor, ni Petrobras ni el consorcio se habían pronunciado al cierre de esta edición. A principios de febrero –cuando comunicó a Petrobras la decisión de suspender la construcción e integración de los módulos de la P-75 y la P-77-, el consorcio QGI había afirmado que el proyecto básico provisto por la contratante debió ser perfeccionado lo que demandó de mayores recursos, aunque el costo adicional no fue informado.
El contrato original para las obras de las dos plataformas fue firmado en septiembre de 2013 en la sede del gobierno de Rio Grande do Sul por la entonces presidenta de la estatal, Maria das Graças Foster, en presencia de la presidente Dilma Rousseff. El monto global llegaba a US$ 1.600 millones, incluidas la preparación y la conversión de los cascos en los astilleros de Cosco, en China, e Inhaúma, en Rio de Janeiro.
Cada una de las FPSOs (que extraen, almacenan y transfieren el petróleo) tendrá una capacidad instalada de 150.000 barriles diarios y ambas operarán en los bloques de cesión onerosa del presal de la Cuenca de Santos. Por lo menos hasta la suspensión de los trabajos en Honório Bicalho, Petrobras venía librando los pagos periódicos previstos en el contrato original.
Astillero Rio Grande (ERG)
En el Astillero Rio Grande (ERG), el problema es la retención, por parte de CEF, de un pago de R$ 63 millones, que es parte de un financiamiento por R$ 200 millones con recursos del Fondo de la Marina Mercante para la construcción de ocho cascos. La planta emplea 7.000 personas, además de 3.000 tercerizados, pero el grupo Engevix ya avisó que si no se libera el préstamo, solo tendrá recursos para mantener al personal hasta fin de mes.
Según el presidente del Sindicato de Metalúrgicos, entre 300 y 400 trabajadores serán cesanteados esta misma semana y cerca de 1.000 tercerizados ni siquiera recibieron el salario de abril.
El primero de los ocho cascos previstos para el ERG, destinado a la P-66, ya fue entregado, mientras que el segundo, para la P-67, se encuentra en su fase final de construcción. El astillero también tiene un contrato para construir tres buques de perforación para Sete Brasil, que están en compás de espera y, conforme a lo que Valor pudo averiguar, son parte de las cuentas por cobrar dadas en garantía a la Caixa.
Sin embargo, con el involucramiento de la empresa en la Operación Lava-Jato, el banco estatal considera que estos activos se tornaron dudosos y en los últimos días uno de los socios del grupo, José Antunes Sobrinho, se ha empeñado personalmente en las negociaciones para la liberación de los recursos. Hasta el momento, sin éxito. (Valor Econômico en Portos e navios. Adaptado al español por NUESTROMAR).
22/05/15