(FNM) La millonaria licitación para la construcción en Brasil de un conjunto de hasta 28 torres de perforación petrolera, con un costo total estimado en más de USD 22.000 millones, corre riesgo de terminar en los tribunales.
(FNM) La millonaria licitación para la construcción en Brasil de un conjunto de hasta 28 torres de perforación petrolera, con un costo total estimado en más de USD 22.000 millones, corre riesgo de terminar en los tribunales.
Los estados de Rio de Janeiro y de Espírito Santo amenazan con iniciar acciones en la justicia para garantizar la competencia legal de los Estados en el otorgamiento de los permisos ambientales de los astillero que van a construir la plataformas.
Durante el concurso, Petrobras exigió que los participantes presentasen una declaración de un segundo organismo ambiental – distinto del que emite la licencia. Como la mayoría de los nuevos astilleros sólo tienen permisos emitidos por los Estados, se creyó necesario obtener un aval del Instituto Brasilero del Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (Ibama) para confirmar el permiso estadual.
El tema generó polémicas y pasó a involucrar no solamente a las empresas invitadas por Petrobras a participar de la licitación, sino también a los gobiernos de los Estados interesados en los proyectos. Las acciones para defender los intereses de cada Estado en la licitación ganan fuerza en la esfera política, cuando faltan nueve días para la entrega de documentos adicionales relacionados con las licencias ambientales. El plazo fijado por Petrobras para la entrega de dichos documentos vence el día 17.
Tres proyectos de astilleros – en Rio, en Espírito Santo y en Alagoas – procuran conseguir documentos que les garanticen continuar en la lucha por las plataformas. Los emprendimientos pertenecen a las empresas Alusa Galvão, en Quissamã (RJ), a Jurong (de Singapur), en Barra do Sahy, Aracruz (ES), y al Astillero Eisa Alagoas, en Pontal do Coruripe, ubicado en la región del sur de Alagoas.
Entre los participantes de la licitación, las informaciones indican que esos tres astilleros tienen dificultades para obtener documentación de Ibama que avale los permisos dados por los organismos estaduales. Astilleros en operación que tienen licencias emitidas por sus Estados, como el caso de Bras Fels, en Angra dos Reis (RJ), atraviesan por el mismo problema.
Fuentes próximas al gobierno fluminense dijeron que Bras Fels busca una opinión de la Procuración General del Estado de Rio confirmando que el permiso de operación del astillero, emitido por el organismo estadual, es válido. El astillero quiere también agregar documentos mostrando que hace casi cinco años hizo la consulta a Ibama sobre un dragado, y que en aquel momento, el instituto entendió que el permiso de la obra correspondía al Estado provincial.
El único proyecto de nuevo astillero aprobado directamente por el Ibama fue el de Enseada do Paraguaçu, en Bahia, controlado por Odebrecht, OAS y UTC. En total son siete los grupos, algunos formando consorcios, que compiten para ver quién construirá las plataformas que serán usadas en los trabajos exploratorios en la formación de pre-sal. La licencia obtenida por ese astillero le daría ventaja, pero lo que va a definir a los ganadores será el precio de las construcciones. En el mercado se comenta que sólo una parte de las 28 plataformas serán construidas. Los equipamientos fueron divididos en cuatro lotes de siete unidades cada uno. Cada empresa podrá acceder a un lote.
Petrobras informó que las posibles descalificaciones corresponderán a la comisión de la licitación, luego de analizar la documentación que se presente el día 17. Consultado, el Ibama envió una nota firmado por el presidente del instituto, Abelardo Bayma, en la que se desentiende de la discusión: "Ibama no tiene ninguna competencia para tratar el asunto comercial. Nuestras competencias son ambientales", dice la nota.
En Espírito Santo, hay clima de revuelta. "Estamos indignados, no con el Ibama, sino con la postura de Petrobras que en el transcurso de la licitación exigió algo que no estaba en el texto original, y que es contrario a la autonomía de los Estados para otorgar permisos de acuerdo con la ley", afirma Rodrigo Rabello Vieira, procurador general del Estado. Espírito Santo espera recibir un aporte de cerca de USD 500 millones de Jurong que quiere construir un astillero en el litoral norte del Estado. La empresa Jurong obtuvo una licencia preliminar emitida por el Instituto Estadual del Medio Ambiente (Iema), que es el organismo ambiental provincial. Y el estado provincial está en la fase de análisis para conceder la licencia final de instalación de Jurong, explica Vieira. Pero para las exigencias de Petrobras esto no sería suficiente: tendría que lograrse una anuencia por parte del Ibama.
Petrobrás, en tanto, dice que no exige la anuencia específica del Ibama para las licencias. Lo que la empresa exige es una presentación de una declaración de un segundo organismo ambiental, diferente de aquel que emitió el permiso de instalación o de operación. El documento podría dar el acuerdo con la competencia de otro organismo.
La decisión de solicitar esa declaración resulta, según dice Petrobras textualmente, "de la identificación, en el análisis de la documentación presentada, de riesgos de acciones por parte de autoridades públicas que por ventura llegaran a impedir la operación de los astilleros, después de la firma de los contratos".
Según el procurador general de Espírito Santo, la posibilidad de que un Estado recurra a la Justicia está amparada en la preservación de su autonomía para otorgar permisos.
En Rio, el pensamiento es similar. Hay disposición del gobierno del Estado en recurrir a la Justicia en caso de que no se reconozca la licencia emitida por el Instituto Estadual del Ambiente (Inea) al astillero de Alusa Galvão. El Inea entiende que por tratarse de un emprendimento situado en aguas interiores, el permiso es de carácter "exclusivamente" estadual. (Valor Econômico/Francisco Góes | Do Rio)
Adaptado al español por NUESTROMAR. Fuente: Portos e navios; 08/11/10
09/11/10
NUESTROMAR