Las autoridades bolivianas se amparan en los acuerdos del tratado de 1904, luego de la guerra que enfrentó a tres países andinos: Chile, por un lado, y Perú y Bolivia, por el otro.
Las autoridades bolivianas se amparan en los acuerdos del tratado de 1904, luego de la guerra que enfrentó a tres países andinos: Chile, por un lado, y Perú y Bolivia, por el otro.
El cónsul de Bolivia en Chile, el ex general Freddy Bersatti, confirmó que su país evalúa solicitar un nuevo puerto libre a la presidenta chilena, Michelle Bachelet.
"Probablemente lo vamos a pedir en otro lado distinto al que ya tenemos comprometido en Iquique", dijo el diplomático.
Bersatti opinó que el Tratado de Paz y Amistad de 1904 faculta a su país para hacer un nuevo reclamo.
El 20 de octubre de 1904, Santiago y La Paz firmaron un tratado de límites que, entre otras cosas, comprometía a Chile a una serie de beneficios aduaneros y de libre tránsito a su país vecino.
El ex comandante en jefe del ejército boliviano declaró que la petición ocurre en un marco de diálogo y cooperación entre ambos gobiernos, que se ha traducido en la ampliación que ha tenido, en la práctica, la agenda de 13 puntos, hoja de ruta del vínculo bilateral.
El ministerio de Relaciones Exteriores chileno, respecto de este anuncio, informó que no haría comentarios sobre el particular.
La necesidad de Bolivia de contar con una salida al Pacífico deriva del interés de vender gas a Estados Unidos por medio de una zona franca en un puerto chileno o peruano, cuestión que parece ser una política de Estado, más allá de los colores políticos de los gobiernos de los últimos años del país.
Hace algunos años, Perú y Chile entraron en franca competencia para canalizar por sus puertos del Pacífico las exportaciones de gas de Bolivia, país que proyectaba colocar parte de sus 52,3 trillones de pies cúbicos (la más importante reserva del energético en Sudamérica), en Estados Unidos y Méjico.
La oferta de Perú fue el puerto de Ilo, chance con la que pensaba que iba a sacar de carrera cualquier tipo de oferta chilena.
La estación marítima peruana sería otorgada a Bolivia a título gratuito, sin contratos de arrendamiento ni canje territorial ni arreglo comercial de clase alguna.
Allí, operaría un puerto de uso exclusivo para Bolivia, espacio en el que tendría vigencia la legislación administrativa, tributaria y laboral boliviana.
Perú dijo que, de ser Ilo elegido como la terminal portuaria para llevar gas natural a ultramar, Bolivia contaría también allí con una Zona Económica Especial de 1.000 hectáreas.
La ciudad de La Paz y el puerto de Ilo se hallan conectados por una carretera de unos 400 km, como parte de los acuerdos suscriptos por Lima y La Paz en 1992.
Perú, que también combatió con Chile, reivindicaba su histórica relación bilateral con Bolivia poniendo a Ilo como la mejor alternativa para las exportaciones de gas boliviano.
Pero los chilenos no se quedaron quietos y ofrecieron al país mediterráneo los puertos de Mejillones, Arica e Iquique.
Los técnicos chilenos trabajaron aceleradamente, para terminar lo antes posible ese documento, ante las presiones de los inversores que intentaban obtener prontamente el resultado de estas negociaciones para empezar a construir el gasoducto.
El proyecto de exportación gasífera boliviana demandaría entre 5.000 y 7.000 millones de dólares de inversión.
Todo ese proceso se abrió durante la gestión del ex presidente boliviano Jorge Quiroga, un ingeniero industrial que parecía que iba a pasar a la historia como quien desenclaustraba el gas natural de su subsuelo para cambiar radicalmente la dimensión económica de la nación más pobre de América del Sur.
Quiroga, a los 41 años, uno de los más jóvenes en la historia de Bolivia, confirmaba estar resuelto a llevar adelante, bajo su fugaz administración, un proyecto denominado Pacífico Venta de Gas Licuado.
El ambicioso emprendimiento incluía la instalación de una planta de licuefacción en la costa del Pacífico, para convertir el gas en líquido, congelarlo y transportarlo en barcos con tanques especiales de almacenamiento, como los que, en los últimos meses, llegaron a Bahía Blanca, para inyectar fluido a las redes argentinas.
Pero los bolivianos, más allá de la voluntad de su ex presidente, no estaban dispuestos a hablar en el mismo idioma con los peruanos que con los chilenos.
No era para menos, ya que, desde 1978, ambos países tienen interrumpidas sus relaciones diplomáticas, en razón de que Bolivia nunca dejó de reivindicar una solución a su secular enclaustramiento geográfico derivado de una guerra (1879) en que perdió todas sus costas y 120.000 km2 de territorio a manos de la vecina nación del sur.
Pero los chilenos no querían perder el negocio y Santiago ofreció a La Paz arrendarle, por 99 años, una norteña franja costera de 82 kilómetros de largo, como propuesta alternativa a Ilo, que, aunque más distante, le sería concedido a Bolivia como zona franca.
El proyecto era gestionado por el consorcio Pacific LNG, liderado por la compañía hispano argentina Repsol YPF y conformado por BG Bolivia y la británico-estadunidense Panamerican Energy, realidades que, ahora, con el gobierno socialista de Evo Morales, han cambiado en las formas, pero no en el fondo.
Obviamente, sin un puerto, ya sea en Perú o en Chile, el proyecto boliviano se cae, porque sin esa infraestructura no podría emplazar instalaciones imprescindibles, como una planta de licuefacción, gasoductos, etc.
Perú redobló su oferta, ofreció el libre tránsito, el derecho de paso del gasoducto y del gas, y la zona franca donde puede instalarse la unidad administrativa del proyecto.
Las heridas de la historia, siempre presentes, comenzaron a sangrar nuevamente y desde varios sectores políticos bolivianos se comenzó a decir que exportar el gas a través de puertos chilenos sería una "traición a la patria", porque, de esa forma, se estaría olvidando la histórica demanda de una salida al mar perdida en la Guerra del Pacífico, en la que los bolivianos fueron aliados con Perú.
"Los chilenos quieren matar de un solo tiro dos pájaros: primero, quieren vivir de Bolivia y, segundo, el objetivo de ellos es consolidar como puerto chileno a Mejillones, cuando todos sabemos que es un puerto robado a nuestro país", decían las consignas.
El gobierno de Quiroga trató de poner paños fríos y dijo que se estudiaban por igual las propuestas presentadas por Chile y Perú, pero las presiones políticas a Quiroga siguieron multiplicándose y, desde los partidos de la oposición y muchos sectores sociales, se lo intimó a no tomar decisión y que la misma recayese sobre quien sería el nuevo presidente boliviano, que lo sucedería en pocos meses más.
A poco de asumir el nuevo mandatario, Gonzalo Sánchez de Losada, sostuvo que su país podía recuperar su cualidad marítima gracias al proyecto de exportación de gas natural a Estados Unidos.
Los bolivianos le contestaron que querían, en todo caso, que la elección fuera a favor de Perú, alegando, obviamente, el divorcio histórico de más de un siglo con Santiago.
La cuestión se complicó aun más cuando el consorcio Pacific LNG se pronunció a favor de la terminal chilena de Patillos, cerca de Iquique, en lugar del puerto peruano de Ilo y, paralelamente, salió a luz que el ex presidente Quiroga había aconsejado a su sucesor, Sánchez de Lozada, aprobar el proyecto chileno.
La argumentación del consorcio a favor de Chile fue que el proyecto Patillos era más barato que el de Ilo.
Las presiones políticas internas de Bolivia se pusieron al rojo vivo, se organizaron movilizaciones populares exigiendo la revisión integral del proyecto y la conciliación del mismo con los intereses del país.
La situación no daba para más y el presidente Sánchez de Lozada anunció un debate nacional para alcanzar un acuerdo sobre la probabilidad de exportar gas a Estados Unidos, pero ya era tarde. Los congresistas de la oposición socialista y populista se negaron radicalmente a la exportación del elemento energético.
A partir de ese momento, la suerte del mandatario boliviano quedó sellada, la agitación se multiplicó geométricamente y Sánchez de Lozada debió abandonar el país.
El siguiente presidente, Carlos Mesa, tratando de salir, al menos, de una coyuntura brutal, dijo que toda la cuestión referida a la exportación de gas sería revisada, cuando aun estaban calientes los cuerpos de los 74 muertos que provocó la revuelta popular que culminó con el derrocamiento de Sánchez de Lozada, que tuvo como motivo sustancial impedir el proyecto de exportación de gas. Ahora, viene el turno de Evo Morales.
18/10/08
LA NUEVA PROVINCIA – BAHÍA BLANCA