En sendas resoluciones del Consejo Federal Pesquero se han asignado autorizaciones de captura para las especies polaca y merluza negra. Medidas que se adoptan con la finalidad de mejorar la planificación de toda la actividad del sector y dotarlo de un marco de previsibilidad, para lo cual se fija un lapso de cinco años.
En sendas resoluciones del Consejo Federal Pesquero se han asignado autorizaciones de captura para las especies polaca y merluza negra. Medidas que se adoptan con la finalidad de mejorar la planificación de toda la actividad del sector y dotarlo de un marco de previsibilidad, para lo cual se fija un lapso de cinco años.
La mayor parte del sector empresario podría estar encolumnado para apoyar con énfasis la voluntad del CFP, plasmada en los actos administrativos señalados y en el anuncio de continuar trabajando en el mismo sentido con la merluza de cola, sin embargo en lugar de rotundos apoyos se escuchan tibios comentarios.
Todos sabemos que por mucho tiempo la pesca ha carecido de un marco normativo estable, claro y transparente que otorgue previsibilidad para la planificación empresaria a largo plazo a fin de asegurar la sustentabilidad del negocio pero también, y más importante aún, la sustentabilidad de las especies.
Disposiciones contradictorias, correctivas de anteriores, reconsideraciones varias, ampliatorias de las dictadas o excepciones a la norma general, actuaron de fertilizantes para que la desconfianza creciera y las sospechas siempre estuvieran presentes. Anarquía normativa que el afán regulador y legislativo de las provincias contribuyó a agravar.
A este constante desorden normativo se le debe añadir la incompresible demora en aplicar integralmente el régimen de pesca previsto en la ley 24.922 sancionada hace una década y ahora, para aumentar el desconcierto, se le suma la ingeniosa interpretación que hace el CFP de asimilar la Cuota Individual Transferible de Captura (CITC) con las autorizaciones de captura como instrumentos necesarios que, junto con el permiso de pesca, autorizan el ejercicio de la pesca.
No es entonces de extrañar los interrogantes que por todos lados se formulan y las suspicacias que se deslizan. El primero y mas generalizado. ¿Por qué autorizaciones de capturas y no asignaciones de cuotas? Pregunta que se continúa con otras como ¿Qué factores se tuvieron en cuenta para buscar este camino? ¿Si tal como se dice en el acta del CFP las autorizaciones de capturas se asemejan a las cuotas por qué optar por un sistema más precario e incierto? ¿En qué limbo legal quedan las empresas con permisos irrestrictos pero que carecen de cuotas y ahora de asignaciones de capturas? ¿Con estas resoluciones se está diciendo que no se cuotificará hasta dentro de cinco años? ¿Es una manera de seguir dilatando el cumplimiento de la ley? ¿Qué criterio primará con la merluza hubbsi, el de cupos, el de asignaciones de captura o las cuotas?
A los abogados de las empresas y a los servicios jurídicos del Estado les corresponderá analizar si es a través de un acta del CFP el acto administrativo válido para fijar un criterio interpretativo que puede hasta alterar los derechos reconocidos por la ley de pesca o si se han realizado las salvaguardas necesarias para evitar las concentraciones monopólicas indeseadas, tal como lo manda la ley 24.922.
Lo cierto es que el esfuerzo realizado por el CFP y por la Autoridad de Aplicación de la ley en pos de lograr un mayor orden en la administración de los recursos pesqueros puede ser una avance pero también existe el riesgo de que se conviertan en una nueva frustración sino van acompañados, hacia el futuro, de una firme voluntad política de dar a la pesca un marco de mayor certidumbre, una política integral que atienda los graves problemas que hoy la afectan y la decisión de encuadrar su funcionamiento dentro de la ley.
Ese será el día en que todos quienes apuestan a lograr la consolidación del sector de forma biológica, económica y socialmente sustentable, desechen las dudas.
Editorial de Pesca & Puertos
24/12/07
PESCA & PUERTOS