El contraalmirante Menini, egresado en 1983 de la Escuela Naval, es hoy el jefe del Estado Mayor de la Armada, el número dos de una fuerza a punto de cumplir 196 años de existencia.
El contraalmirante Menini, egresado en 1983 de la Escuela Naval, es hoy el jefe del Estado Mayor de la Armada, el número dos de una fuerza a punto de cumplir 196 años de existencia.
El militar advirtió a El País que en las actuales condiciones operativas de la flota, con barcos que tienen en promedio 47 años de uso, no es posible cumplir con las funciones que le asigna el Poder Ejecutivo. Menini es consciente de que hoy, en caso de ocurrir un accidente ambiental como el derrame petrolero del Golfo de México, las chances de rápido control son inexistentes.
-Jerarcas de la Armada han afirmado que la flota naval no está en condiciones de prestar las nuevas tareas que el Poder Ejecutivo le encargará, como patrullaje del mar territorial, el cuidado de la pesca, la regasificadora y su trasiego, la protección de plataformas de exploración de hidrocarburos y otras habituales como narcotráfico y contrabando. ¿Cómo piensan manejar esta situación en la Armada?
-Lo primero tiene que ser actualizar el único instrumento del Estado para ejercer su soberanía y autoridad en el mar, que es la Armada. Y eso implica asegurar la presencia en ese territorio soberano, donde además hay recursos alimenticios y minerales de inestimable valor para el futuro de la población.
-¿Los recursos que la Armada necesita para estas misiones, van a estar o no?
-A eso iba. Hacer efectivo el ejercicio de la soberanía y autoridad en el mar y asegurar una respuesta eficiente ante emergencias o desastres ecológicos requiere tener medios adecuados y a la altura de los bienes a custodiar.
Este momento de explosivo desarrollo de las actividades marítimas encuentra a la Armada con una fuerza de mar obsoleta, con una capacidad de detección costera cercana a cero y con atraso tecnológico. Los buques, por su antigüedad, no están en condiciones de asegurar la permanencia que se requiere en el mar.
-¿En esta situación, la Armada está en condiciones de controlar las zonas más alejadas de la costa a fin de evitar accidentes ambientales?
-No, no se puede. No podemos desconocer la posibilidad de que se produzcan acontecimientos de esos. Lo que pasó en el Golfo de México con una de las empresas de prospección petrolífera debería ponernos en alerta porque si esto sucedió en aguas de Estados Unidos -con toda la capacidad de medios y tecnología disponibles- ¿qué podría ocurrir en las nuestras si la fiscalización y los controles se realizaran esporádica e imperfectamente?
-¿Los espacios de mar que hoy no se cubren, son explotados ya por otros países?
-Sí. Hay actores privados, nacionales y extranjeros, que ya están haciendo uso de nuestros espacios y recursos marítimos. El Estado debe estar presente. No debería rezagarse porque en el mar la única forma de garantizar el buen orden, es estando presentes. Yo no cuestiono los recursos asignados para la misión, sino planteo una situación objetiva. Debemos manejarnos con los recursos que son dispuestos por el nivel político, pero a la vez plantear lealmente las dificultades que se presentan para cumplir las misiones ordenadas con cierta eficiencia.
-Si se repliega la misión en Haití, ¿hay previsiones de qué hacer con el personal?
-El eventual repliegue de la Armada en Haití no generará mayores consecuencias negativas. Tenemos desplegados 110 tripulantes cuyo retorno permitirá asignarlos a distintas unidades. No sobra ese personal, se necesita. Además podremos incorporar las lanchas de esa misión, lo que permitirá una mejora para Prefectura. Desde el punto de vista presupuestal el impacto no será imposible de absorber ya que el presupuesto de la Armada no está supeditado a lo que se percibe por las misiones de Naciones Unidas.
-¿Cómo se maneja el consumo de drogas entre el personal naval? ¿Hay controles sorpresivos?
-Se trata como una enfermedad cuando el consumo o sus efectos no están ligados a actos del servicio, como puede ser encontrarse armado de guardia en un establecimiento penitenciario o de guardia en el puente de navegación de un buque. En estos casos el reglamento de disciplina prevé como proceder según la gravedad de la falta. Y le digo que sí, que se realizan controles sorpresivos con perros entrenados en la Prefectura.
-¿Qué porcentaje del personal vive en asentamientos?
-Según estudios del departamento de Bienestar Naval, un 25% de nuestro personal subalterno (alrededor de 1.000 tripulantes) vive en asentamientos o en lugares de similar precariedad. El impacto afecta la eficiencia en las tareas. La Armada atiende esta problemática con la construcción de viviendas. Disponemos de 75 casas para personal subalterno y esperamos llegar a 100 a final del próximo año.
-¿En la Escuela Naval hay trato especial para alumnos con una orientación sexual diferente?
-No. No existe un trato especial para nadie. Todos los aspirantes son medidos con los mismos parámetros y se evita de manera muy estricta cualquier tipo de discriminación, sea de género, raza o religión.
-¿El proyecto de unificación de los cuerpos de la Armada en un solo comando con la Prefectura Nacional permitirá que un día un oficial de esa especialidad sea comandante en jefe de la Armada?
-Sí, lo permitirá. La Prefectura seguirá con su personal en un estatus militar. Nada cambiará. Lo esencial de la unificación permitirá manejar mejor los recursos humanos. También se mantendrá la especialidad de Policía Marítima como lo mismo el personal de la Armada mantendrá sus especialidades actuales. La Prefectura no desaparecerá, retendrá todas sus funciones y continuará dependiendo del comandante en jefe.
Hasta la mitad del Atlántico
Uruguay, a través de la Armada, tiene asignada una vasta área de responsabilidad de la navegación en el Atlántico Sur. Es un segmento de la Zona 5 (Atlántico Sudoccidental), área que también integran Argentina y Brasil, entre otros países. La responsabilidad se extiende hasta la mitad del océano, a partir de donde pasa a corresponder a los países africanos. El 20 de junio de 1967, por decreto del Poder Ejecutivo, se creó el Centro Coordinador de Búsqueda y Rescate en el Mar. Luego se adoptó el Convenio SAR 1979, del Comité de Seguridad Marítima de la Organización Marítima Internacional (OMI), que divide los océanos del mundo en 13 zonas para búsqueda y rescate o ante otras emergencias. Esto significa que cada país interesado tiene delimitada su área de responsabilidad para la coordinación de este tipo de servicios. El 2 de septiembre de 1987, cuando se aprobó la Ley 15.894 (“Búsqueda y salvamento marítimo”), Uruguay asumió las obligaciones que la misma implica. Para cumplir esa tarea tampoco son suficientes los medios disponibles.
Por Daniel Isgleas
13/11/13
EL PAÍS (Uruguay)