La crisis pesquera no encuentra una salida en Puerto Deseado. Mientras las plantas pesqueras todavía no están en pleno funcionamento y los marineros siguen adelante con las negociaciones salariales, la vivienda de un gerente de la firma Arbumasa ha sido apedreada en esa localidad.
La crisis pesquera no encuentra una salida en Puerto Deseado. Mientras las plantas pesqueras todavía no están en pleno funcionamento y los marineros siguen adelante con las negociaciones salariales, la vivienda de un gerente de la firma Arbumasa ha sido apedreada en esa localidad.
RIO GALLEGOS.- Se trata de José Luis Soñora, gerente local de la firma, una de las pesqueras que más pérdidas sufrieron hace un mes cuando nueve compañías resultaron dañadas y algunas incendiadas en medio de una revuelta de trabajadores. Arbumasa, del grupo Amasua, de nacionalidad española, sufrió la quema de un depósito y de una planta procesadora.
Según relataron vecinos de Puerto Deseado, la vivienda de Soñora fue apedreada. Se rompieron los vidrios de las ventanas y, según otras fuentes, el gerente habría recibido amenazas por escrito -le pintaron "sos boleta" en el parabrisas de su auto- y en su teléfono. Por esa razón presentó la correspondiente denuncia a la Justicia local.
Ayer, LA NACION intentó en repetidas oportunidades contactarse con Soñora, pero según informaron personas de su entorno, el gerente habría viajado a Buenos Aires. "Vivir así es muy complicado y más en un pueblo chico porque terminás sospechando del que te cruzas por la calle", afirmó Rubén Celaya Martínez, presidente de Arbumasa y, como Soñora, de nacionalidad española. De hecho, la situación de esta firma es seguida de cerca por el gobierno español, que ya intercedió ante la administración de Néstor Kirchner.
Cuando Cristina Kirchner visitó España en julio último, durante una reunión con empresarios, directivos de Arbumasa le habían transmitido su preocupación por la violencia de- satada en Puerto Deseado y las amenazas a la integridad física de sus gerentes. En aquella oportunidad, la primera dama y candidata oficialista a la presidencia había minimizado el conflicto al reducirlo a una mera cuestión local.
Ayer, el diputado de Puerto Deseado, Carlos Marsicano (oficialista), aseguró que lo ocurrido en la casa del gerente de Arbumasa "era un hecho aislado", que no significaba que "hubiera una ola de violencia", aunque aseguró que en la localidad se vive "una tensa calma". "En general las cosas están tranquilas aquí, pero más allá del conflicto de los marineros que están llevando las negociaciones en Buenos Aires, nos preocupa que aún hay muchas plantas que no empezaron a funcionar y hay muchos estibadores y trabajadores de los frigoríficos sin trabajar, la actividad todavía no se reactiva aquí", dijo Marsicano desde Puerto Deseado.
En Buenos Aires, Celaya Martínez agregó: "Todavía estamos evaluando los daños y viendo cómo podemos empezar a funcionar. Nosotros, que somos los que más daño hemos recibido, podemos trabajar teóricamente porque tenemos operativa una planta, pero no tenemos insumos, ni una caja de cartón, ni papel, ni productos químicos, ni un sitio donde guardar la producción. Un depósito enorme que teníamos fue incendiado y desapareció entero. Presuponiendo que se restablezca el orden, va a llevar un tiempo volver a producir".
El conflicto se inició el 3 de julio cuando cerca de 500 marineros levantaron piquetes frente a las plantas pesqueras impidiendo el acceso a las mismas en reclamo de mejoras salariales. Los trabajadores desconocían el convenio colectivo firmado con el gremio nacional. Ante la falta de respuestas, 20 días después, un grupo generó destrozos e incendios en las plantas pesqueras.
De hecho, según confirmaron fuentes empresarias a LA NACION, la Justicia habría allanado en las últimas horas la vivienda de un dirigente gremial en la que se habría encontrado una videocámara con imágenes del momento en el que se produjeron los destrozos y en el que se podría identificar a varias de las personas que participaron de esos desmanes.
Por otro lado, el gobernador Daniel Peralta dijo que en estos días hay preocupación porque las pesqueras están demorando el restablecimiento de la cadena de pagos a los proveedores de Puerto Deseado y reveló que se está investigando la actitud de las empresas para "saber si es cierto que están pescando en aguas nacionales, con permisos nacionales, y llevando la materia prima a otras provincias".
"Irán presos"
El gobernador de Santa Cruz, Daniel Peralta, advirtió que "los responsables ideológicos y materiales" de los destrozos a las plantas pesqueras de Puerto Deseado "irán presos", porque durante los incidentes fueron destruidas fuentes de trabajo. Además, consideró que "sería muy grave" que se confirmaran las versiones que indican que se habría identificado a punteros políticos del PJ en la quema de las plantas.
17/08/07
LA NACIÓN