Es para evitar que las pesqueras que capturan en el Mar Argentino con permisos de nuestro país hagan lo mismo en un territorio de que Argentina reclama como propio, pero con permiso británico. Hay inquietud en armadoras españolas como Pereira y Pescanova.
Es para evitar que las pesqueras que capturan en el Mar Argentino con permisos de nuestro país hagan lo mismo en un territorio de que Argentina reclama como propio, pero con permiso británico. Hay inquietud en armadoras españolas como Pereira y Pescanova.
La ley argentina que sanciona la doble pesca en el continente y en Malvinas, reconociendo la soberanía británica, sería sancionada en poco tiempo más. Para muchas empresas elegir será sólo una cuestión de volumen de pesca, más allá de las cuestiones diplomáticas.
En la bahía de Puerto Argentino en Islas Malvinas, cuatro grandes buques destinados a la pesca del calamar permanecen anclados, agitados por un tremendo viento. Desde una sala situada en un muelle flotante, John Burton, director de Pesca del Gobierno de las islas Malvinas, observa los barcos mientras calcula las consecuencias de una ley que está preparando el Gobierno argentino. Esta norma puede suponer un incremento en la serie de desencuentros que desde hace dos años se producen entre la Administración del presidente Néstor Kirchner y los británicos respecto a las islas situadas en el Atlántico Sur, reclamadas por Argentina. Los derechos de pesca son desde 1987 la principal fuente de ingresos de las Malvinas y los directos responsables de su bienestar económico.
En sus aguas faenan sobre todo empresas españolas y asiáticas, pero las primeras son las más numerosas, ya sea en solitario o formando empresas asociadas con habitantes de las Malvinas, tal y como fomenta la administración local. Entre las compañías españolas presentes en aguas del Atlántico Sur figuran Pescanova, Pescapuerta, Pereira, Freire-mar, Hío Pesca, Manuel Nores y Chymar. A falta de un trámite en el Congreso Nacional, que se producirá presumiblemente en abril -coincidiendo con el 25 aniversario de la entrada de las tropas argentinas en las islas ordenada por la antigua Junta Militar-, una nueva ley dispondrá que los barcos que faenen en aguas nacionales no podrán hacerlo en aguas de las Malvinas con licencias concedidas por gobiernos diferentes del argentino.
El texto prevé importantes multas a quienes incumplan la disposición. En la práctica, esto obligará a varias compañías presentes a la vez en Argentina y en las Malvinas a elegir entre los caladeros argentinos o los que se encuentran actualmente bajo administración británica. «Algunas empresas van a tener que tomar una decisión», reconoce el director de pesca del Gobierno de las Malvinas. «Pero creo que se trata de una ley que va a causar más daño en Argentina que aquí, porque al final de lo que se trata es que una ley argentina va a penalizar a empresas argentinas y además no va a ayudar a crear un buen ambiente para invertir allí», añade. Las empresas españolas han optado por el hermetismo, aunque durante estas semanas algunas han enviado representantes tanto a Buenos Aires como a Puerto Argentino.
En Buenos Aires, funcionarios del Gobierno Kirchner aseguran que «muchas compañías» ya han anunciado públicamente su intención de quedarse en Argentina. Más allá de las declaraciones de los políticos, la decisión que adopte la mayoría de las empresas españolas dependerá directamente del volumen de negocio que posean en una u otra costa. Por ejemplo, Pescanova tiene mucha mayor presencia en Argentina que en las Malvinas, una situación similar a la de la gallega Armadora Pereira. La media de producción anual de las aguas que rodean las Malvinas es de unas 200.000 toneladas, de las cuales un 75% es calamar.
En la zona también faenan flotas procedentes de Corea del Sur, Taiwan y China. «La presencia más constante es la española, que tiene una gran importancia en la industria pesquera de las Malvinas», apunta Burton. Hasta 2005 se produjo una paulatina aproximación entre Argentina y Reino Unido sobre cuestiones técnicas y de conservación de los caladeros. Desde entonces se han suspendido las conversaciones que llevaba a cabo una comisión bilateral. El proyecto argentino también es la respuesta a una ley aprobada por el Gobierno local de las Malvinas en 2005 -y denunciada ante Naciones Unidas por Buenos Aires- que permite la extensión de los derechos de pesca hasta 25 años, siempre que sean empresas en las que participen ciudadanos de las Malvinas.
Hasta entonces los permisos se renovaban anualmente, pero la extensión de dicho periodo por parte del Gobierno de Malvinas es inaceptable que reclaman las islas y sus aguas desde que en 1833 fueran ocupadas por Reino Unido.
Qué dirá la nueva ley
El John Cheek ha dejado su estela. Un proyecto de senadores patagónicos tratará de impedir -sin decirlo- que los buques que pescan en Malvinas lo hagan también en el Mar Argentino. Las empresas pesqueras no tendrían más remedio que elegir. El proyecto que se propone «terminar con las triangulaciones de las grandes empresas pesqueras que evaden sus permisos» estaría muy cerca de ser aprobado. Pasó del Senado a la Cámara de Diputados y pronto será tratado por la Comisión de Intereses Marítimos.
La determinación por parte del gobierno colonial de las Malvinas, de extender por 25 años los permisos de pesca, hasta ahora anuales, a los buques que operan en aguas malvinenses -que entró en vigor el pasado mes de julio- tuvo un peso central en el impulso que adquirió esta iniciativa. El proyecto recibió algunas modificaciones al pasar por las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Justicia y Asuntos Penales del Senado.
El mencionado proyecto propone una modificación en el actual Régimen Federal de Pesca (Ley 24.922) que obligará a las empresas a optar entre los permisos de pesca otorgadas por la Argentina y las expedidas por el Reino Unido para pescar en Islas Malvinas. Los cambios se darían en el artículo 27, que esclarece quiénes pueden pescar en aguas argentinas. Este artículo es el que acabaría definitivamente con las triangulaciones de permisos realizadas por algunas empresas. En el artículo 28 se agrega que la violación a esa normativa implica la caducidad automática de cuotas y permisos. Por último, en el artículo 51, se incrementan los montos de las sanciones a las actividades pesqueras ilícitas.
De aprobarse una nueva reglamentación, los armadores deberán presentar una declaración jurada en la que figure que no son propietarios ni están asociados con buques que operen en la zona económica exclusiva argentina sin el permiso del gobierno argentino. En la práctica, ello implicaría la prohibición a los titulares de licencias locales de asociarse con empresas que operen dentro de los mares cuya soberanía está en conflicto. Se prevé la baja automática de los permisos de las empresas a las que se les compruebe la antedicha relación.
También se contempla el aumento de las multas para las empresas que operen en forma ilegal. De su actual valor de treinta mil pesos (diez mil dólares) pasarían a cinco a diez millones de pesos (1,6 a 3,2 millones de dólares). Las sanciones también incluirían el decomiso de las artes y/o equipos de pesca, de la captura obtenida en forma ilícita y hasta de la embarcación. En el proyecto no hay ninguna mención explícita a la pesca en Islas Malvinas ni al conflicto que mantiene Argentina con el Reino Unido por los permisos pesqueros. En uno de los proyectos originales se hacía referencia explícita al tema Malvinas, pero por razones diplomáticas se optó por eliminarla.
Pero sutilezas aparte, la tendencia es "pegar donde más les duele, en lo económico" – según las declaraciones del canciller Taiana- tanto a las empresas que pretenden aparecen al margen del conflicto, como a los kelpers, con quienes estaría desarrollando una "política de antiseducción", advierte el canciller. Habrá que ver cuáles son los mecanismos operativos de verificación que se pondrán en juego a la hora de ejecutar esta nueva normativa para tener una idea de su eficacia real.
Un negocio que se intenta proyectar a 25 años
La venta de permisos de pesca es en un 53% responsable del alto ingreso per cápita de los "kelpers". El PBN de 75 millones de dólares se distribuye tan sólo entre tres mil habitantes, lo cual los ubica entre las poblaciones con más altos ingresos del mundo, y en la población con más altos ingresos de Sudamérica. La pesca comercial en Malvinas debe en gran medida su prosperidad a que en 1987 fue instalada una zona de conservación alrededor de las islas.
Hasta 1987, los kelpers malvivían de la ganadería ovina -se contabilizaban cientos de miles de cabezas- y, sobre todo, de los subsidios del gobierno británico. La situación cambió cuando, ese mismo año, comenzó a regir en las Islas Malvinas una Zona de Conservación y Administración de Pesca (FICZ, sus siglas en inglés) de 150 millas. La resolución fue tomada de manera unilateral por el gobierno colonial de las Malvinas en medio de largos intentos de negociación con la Argentina –que tuvieron a los Estados Unidos como intermediario- y que llevaban más de un año. Cuando se implementó la zona de conservación, hacía años que los barcos argentinos ya no pescaban allí para evitar conflictos. La decisión estuvo resguardada en un declarado afán conservacionista. La implementación de una zona con protección militar fue acompañada por campañas de conservación que incluyeron, a los largo de estos años, desde merchandising a publicaciones científicas.
Pero los esfuerzos conservacionistas tienen otro rostro: la venta de permisos de pesca a empresas extranjeras, que es actualmente el principal ingreso de las autoridades de facto de las Malvinas. Ello le permite brindar a su población servicios de salud y educación. En 1990 se crea la Zona Externa de Conservación (Falkland Islands Outer Conservation Zone, FOCZ) que amplía la Zona de Conservación y exclusión al Norte, al Este y al Sur de las Islas a 200 millas. La conservación sigue siendo un argumento esencial, ya que la extensión de los permisos de pesca a 25 años fue justificada por un vocero de la embajada británica en Buenos Aires diciendo que -quien tenga un permiso de 25 cuidará más los recursos que quien pesca y se va-. Mientras los periódicos británicos siguen ubicando el reclamo por la soberanía sobre las Islas Malvinas como parte del folcklore argentino, junto al mate, al tango y al fútbol; los espacios y los recursos naturales en disputa siguen brindando a los kelpers unos ingresos extraordinarios para la región, en nombre de la conservación. Y el gobierno del Reino Unido arguye que su soberanía sobre las Malvinas está fuera de discusión.
La venta de permisos de pesca es en un 53% responsable del alto ingreso per cápita de los "kelpers". El PBN de 75 millones de dólares se distribuye tan sólo entre tres mil habitantes, lo cual los ubica entre las poblaciones con más altos ingresos del mundo, y en la población con más altos ingresos de Sudamérica. La pesca comercial en Malvinas debe en gran medida su prosperidad a que en 1987 fue instalada una zona de conservación alrededor de las islas. Hasta 1987, los kelpers malvivían de la ganadería ovina -se contabilizaban cientos de miles de cabezas- y, sobre todo, de los subsidios del gobierno británico. La situación cambió cuando, ese mismo año, comenzó a regir en las Islas Malvinas una Zona de Conservación y Administración de Pesca (FICZ, sus siglas en inglés) de 150 millas. La resolución fue tomada de manera unilateral por el gobierno colonial de las Malvinas en medio de largos intentos de negociación con la Argentina –que tuvieron a los Estados Unidos como intermediario- y que llevaban más de un año. Cuando se implementó la zona de conservación, hacía años que los barcos argentinos ya no pescaban allí para evitar conflictos. La decisión estuvo resguardada en un declarado afán conservacionista. La implementación de una zona con protección militar fue acompañada por campañas de conservación que incluyeron, a los largo de estos años, desde merchandising a publicaciones científicas. Pero los esfuerzos conservacionistas tienen otro rostro: la venta de permisos de pesca a empresas extranjeras, que es actualmente el principal ingreso de las autoridades de facto de las Malvinas. Ello le permite brindar a su población servicios de salud y educación.
En 1990 se crea la Zona Externa de Conservación (Falkland Islands Outer Conservation Zone, FOCZ) que amplía la Zona de Conservación y exclusión al Norte, al Este y al Sur de las Islas a 200 millas. La conservación sigue siendo un argumento esencial, ya que la extensión de los permisos de pesca a 25 años fue justificada por un vocero de la embajada británica en Buenos Aires diciendo que -quien tenga un permiso de 25 cuidará más los recursos que quien pesca y se va-. Mientras los periódicos británicos siguen ubicando el reclamo por la soberanía sobre las Islas Malvinas como parte del folcklore argentino, junto al mate, al tango y al fútbol; los espacios y los recursos naturales en disputa siguen brindando a los kelpers unos ingresos extraordinarios para la región, en nombre de la conservación. Y el gobierno del Reino Unido arguye que su soberanía sobre las Malvinas está fuera de discusión.
14/03/07
EL CHUBUT