El Tribunal le pidió a la UBA que haga un estudio de factibilidad. Los resultados tienen que estar en un mes. Los expertos deben analizar el plan del Gobierno que propone limpiar la cuenca en 10 años.
El Tribunal le pidió a la UBA que haga un estudio de factibilidad. Los resultados tienen que estar en un mes. Los expertos deben analizar el plan del Gobierno que propone limpiar la cuenca en 10 años.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación no está segura si el plan que el Gobierno Nacional propone para limpiar el Riachuelo se puede hacer. Por eso ordenó ayer la intervención de la Universidad de Buenos Aires para analizar la posibilidad y conveniencia del Plan para el Saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo, que elaboró el año pasado el Gobierno tras una intimación del máximo Tribunal.
La Corte otorgó un plazo de 30 días para que expertos de la UBA analicen la "factibilidad" del programa oficial, en el que colaboraron los gobiernos bonaerense y porteño, en el marco de una causa por daños y prejuicios de vecinos de la zona.
La medida fue adoptada tras la presentación que el martes realizó ante la Corte la secretaria de Ambiente Romina Picolotti. Tal como informó Clarín, fuentes del Tribunal habían remarcado que la funcionaria no convenció con sus explicaciones y a que su exposición le faltaron precisiones sobre la cuestión sanitaria, es decir las medidas que se tomaron en defensa de los vecinos de la cuenca contaminada, que afecta a 3,5 millones de personas.
Fue entonces que la Corte determinó la necesidad de "contar con elementos cognoscitivos de los que carece", por lo que ayer resolvió "ordenar la intervención" de la UBA, dice la resolución, en el marco de la causa "Mendoza, Beatriz y otros c/Estado Nacional y otros, sobre daños y perjuicios derivados de la contaminación ambiental de la cuenca".
Esta causa fue la que llevó a la Corte Suprema a tomar cartas en el asunto el año pasado con una intimación al Estado. El Gobierno había respondido con la creación de la "autoridad de cuenca", un ente que nuclea a la Nación, la Ciudad y la Provincia y un ambicioso plan limpiar el Riachuelo en 10 años. Sólo para los primeros cinco, el Estado había anunciado una inversión de $ 5.672 millones.
Ante las consultas de los ministros de la Corte, el martes Picolotti se había defendido al remarcar que "recién van cinco meses y el plan es a diez años". Indudablemente, sus argumentos no convencieron a la Corte que ayer realizó una nueva movida.
"El Tribunal requiere a la UBA que, con la actuación de profesionales universitarios que acrediten los antecedentes necesarios y apropiados, en orden a las diversas temáticas involucradas, formule las observaciones o recomendaciones que juzgare fundadas", precisa el comunicado que lleva la firma de los ministros Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Enrique Petracchi, Carlos Fayt, Carmen Argibay y Juan Carlos Maqueda.
Para requerir el estudio de factibilidad, el Tribunal se amparó en el artículo 476 del Código Procesal, Civil y Comercial de la Nación, según el cual "el juez podrá requerir opinión a universidades o institutos públicos o privados cuando el dictamen pericial requiriese operaciones o conocimientos de alta especialización"
Entre los principales puntos del plan que presentó el Gobierno y que la Corte duda de que se pueda llevar a cabo se destacan los siguientes:
« Construcción de una nueva planta de tratamiento cloacal en la cuenca baja, que abarca la Capital Federal y los municipios de Avellaneda, Lanús y Lomas de Zamora.
« Para la misma zona, plantea la colocación de un gran caño para los desechos producidos en Capital y el Conurbano.
« Urbanización de villas y asentamientos.
« Dotar de agua potable y red de cloacas donde no hay en el GBA.
Por Guillermo Kellmer
gkellmer@clarin.com
24/02/07
CLARIN