La audiencia pública sobre política pesquera será en Reconquista, provincia de Santa Fe, el 11 de diciembre próximo. Las inscripciones están abiertas.
La audiencia pública sobre política pesquera será en Reconquista, provincia de Santa Fe, el 11 de diciembre próximo. Las inscripciones están abiertas.
• PROTEGER reclamó al Ministro de Agua, Servicios Públicos y Medio Ambiente, Antonio Ciancio, conocer los fundamentos del reglamento de la audiencia por considerar que “vulnera el derecho real de participación”.
• El abogado Juan Lucas Cracogna dijo que “las herramientas legislativas para un adecuado cuidado y control del recurso existen, falla la aplicación”.
Santa Fe, 3 diciembre 2008.- El próximo 11 del corriente se realizará en la ciudad de Reconquista una audiencia pública convocada por el gobierno provincial para debatir sobre la política pesquera. El encuentro se desarrollará en el Reconquista Tenis Club, Obligado 540, entre las 9 y las 12. Desde la Secretaría de Medio Ambiente se anunció que el registro de participantes se encuentra abierto hasta el 4 del corriente.
“La audiencia es convocada a raíz de una sentencia por la cual la Justicia conminó al gobierno provincial a realizarla. Es mucho decir que un puñado de ciudadanos hayan tenido que acudir a la Justicia con un reclamo de esta índole y que finalmente, con los avatares propios de un juicio, se les haya dado la razón”, recordó Juan Lucas Cracogna, abogado de Reconquista que había presentado un recurso de amparo en noviembre de 2005.
Entretanto la Fundación PROTEGER envió una nota al Ministro de Agua, Servicios Públicos y Medio Ambiente, Antonio Ciancio, pidiendo conocer los fundamentos del reglamento de la audiencia por considerar que “vulnera el derecho real de participación”.
En la nota PROTEGER pregunta “¿Cuáles son los fundamentos para exigir a los participantes, al momento del registro, “copia escrita de los fundamentos de la exposición, a los fines de evaluar su pertinencia”?, siendo que una Audiencia Pública se realiza para que la autoridad gubernamental escuche a los ciudadanos interesados, sin seleccionar previamente los fundamentos. Consideramos que esta es una condición que desvirtúa completamente la naturaleza de la Audiencia, y que vulnera el derecho real de participación”.
“En relación al punto anterior, aún siendo inapropiado, ¿cuáles serán los criterios de selección objetivos; los mecanismos para que los requirentes sepan si fueron seleccionados o no; y cómo se garantizará que no es mera discrecionalidad, es decir cómo se garantizará que este punto del Reglamento no es violatorio de la naturaleza de las Audiencias Públicas?”, dice el texto enviado a Ciancio.
Sin respuestas
La nota enviada al ministro Ciancio aún no ha tenido respuesta –informó Prensa Proteger, al consignar que lo mismo sucede con dos notas enviadas a la autoridad ambiental provincial solicitando estudios científicos y fundamentos de las medidas tomadas recientemente sobre cupos exportables de pescado de río. “Para poder participar informadamente de la Audiencia Pública de referencia, solicitamos que se respondan de forma urgente las notas enviadas al Secretario de Medio Ambiente, Ing. César Mackler, desde Fundación PROTEGER con fecha 3 y 4 de noviembre pasado”, reclama el documento enviado al ministro.
Las notas a Ciancio y a Mackler fueron dirigidas con copia al Defensor del Pueblo de la Provincia de Santa Fe y al Defensor del Pueblo de la Nación –por considerar que incluso no se estaría cumpliendo con normas legales vigentes a nivel nacional sobre el derecho a la participación ciudadana y el derecho a la información.
La solicitud enviada por PROTEGER a Ciancio expresa también la disconformidad con la modificación del artículo 6 de la Ley de Pesca 12.212 por medio de la Ley 12.482, del año 2005, permitiendo que las decisiones administrativas para el establecimiento de cupos de exportación no quedaran supeditadas a la realización de esta Audiencia como espacio de participación. “Solicitamos tomar en cuenta este aspecto y llevar a cabo las acciones correspondientes para que los temas relevantes del manejo pesquero de la Provincia puedan ser discutidos con participación de la sociedad civil”, dice el documento.
Finalmente PROTEGER, que integra desde su creación el Consejo Provincial Pesquero creado por la Ley 12.212, reclama “que las decisiones sobre los volúmenes máximos de captura distribuidos en cada una de las modalidades de pesca, así como el cobro de las multas por infracciones, entre otros, se transparenten, tomándose las decisiones sobre políticas públicas relativas a la pesca con verdadera participación ciudadana”.
Legislación y responsabilidad política
Por su parte, en diálogo con Prensa Proteger, Juan Lucas Cracogna, abogado representante en la causa “Bascolo Roald Omar y otros c/Poder Ejecutivo Provincial y otros s/Amparo”, iniciada en noviembre de 2005, dijo en relación a la convocatoria a la audiencia pública que “debemos reconocer algunas circunstancias que merecen no ser pasadas por alto al momento de hacer una lectura crítica de este acontecimiento”.
“La audiencia del 11 de diciembre fue convocada por el gobierno provincial, acatando el punto 2 del “Resuelve” de la Sentencia de la Cámara de Apelación de Reconquista de abril pasado en el recurso de Amparo presentado por vecinos de esta ciudad en razón de las omisiones a la Ley de Pesca y normativa ambiental, que condujeron al estado crítico del recurso”, indicó Cracogna.
“Aunque la ley 12.212 establece la audiencia pública como anual, es la primera vez que se realizará, situación que nos alegra por acercarnos a la legalidad; pero a la vez evidencia la desidia y el desapego que han tenido los gobiernos sobre los cuales pesaba la misma obligación y fueron indiferentes”, agregó el experto.
Y continuó “percibimos que la falla aquí no es legislativa. No existen vacíos legales como circunstancia propicia para deslindar responsabilidades. Las herramientas legislativas para un adecuado cuidado y control del recurso existen, falla la aplicación de las mismas. La responsabilidad es política, de gestión de manejo del recurso pesquero”.
Por otra parte Cracogna advirtió: “No debemos olvidar que la audiencia convocada por la administración es sólo un punto de tantos que esta sentencia le ordena cumplir al gobierno, como estudios integrales del recurso, plan de manejo sustentable, constitución de los Comités Regionales Pesqueros, educación ambiental, entre otros”.
“Hasta ahora lo formalmente presentado a la causa por parte de la Provincia como «cumplimiento» es para nada auspicioso”, destacó el letrado.
“La audiencia pública es una herramienta de excelencia para materializar a la participación ciudadana como verdadera referencia en las cuestiones ambientales -donde precisamente son los ciudadanos quienes ven afectados su derecho constitucional a un ambiente sano y equilibrado. Allí el ciudadano encuentra un espacio propicio para expresar su preocupación, involucrarse, informarse, tomar contacto con las autoridades y, sobre todo, comenzar a transitar el camino de la educación y la participación”, señaló.
En ese sentido, Cracogna subrayó: “mucho dependerá del enfoque, de la orientación que se le de a esta Audiencia. Mucho dependerá de si se la deja erigirse como herramienta genuina de participación ciudadana, o si se la utiliza como un medio propagandístico de una gestión actual que se muestra como interesada, pero que no alcanza a convencer”.
03/12/08
PROTEGER