Terminó mal la reunión que ayer (29/12/10) a la mañana mantuvo el ministro de Economía de Santa Fe Ángel Sciara con legisladores provinciales en la oficina de presidencia de la Cámara de Diputados.
Terminó mal la reunión que ayer (29/12/10) a la mañana mantuvo el ministro de Economía de Santa Fe Ángel Sciara con legisladores provinciales en la oficina de presidencia de la Cámara de Diputados.
Había sido citado para explicar las negociaciones de la administración con Termina Puerto Rosario (TPR) por la millonaria deuda tributaria de la concesionaria. Es que fue tan intenso fue el debate que -tras los embates de los legisladores opositores- el ministro terminó yéndose de un portazo y mascullando bronca junto con sus asesores.
Según el diputado justicialista Marcelo Gastaldi, el ministro eligió pararse y abandonar la discusión en el momento de mayor tensión, después de que se le preguntara por qué la Provincia no ejecuta el seguro de caución por $1.4 M.
Esta garantía fue firmada y comprada por el concesionario luego de acordar con el API un plan de pagos de 36 cuotas. Según Gastaldi, con esa financiación, el concesioanrio saldaría parte de la deuda asumida por impuestos al sello impagos.
La polémica estalló cuando se conoció días atrás que la Administración Provincial de Impuestos (API) pidió a la Justicia en 2008 una medida cautelar por $9.184.919,61 contra Terminal Puerto Rosario (TPR) en concepto de deuda por Sellos, medida que en enero de 2009 pidió que sea parcialmente sustituida por $1.410.738,22 , levantándose los embargos que originalmente solicitó trabar.
“Cuando denuncia la falta de pago, la Provincia arregla una sustitución de deuda y además una disminución del saldo, porque en verdad lo que debía el concesionario superaba los $9 M y API decide firmar un seguro por $1,4 M en una decisión netamente política y arbitraria. La novedad es que desde que TPR entra en convocatoria de acreedores (hace año y medio) no cumplió con ninguna cuota y aún así la Provincia no ejecutó el seguro de caución. ¿Cuál es el justificativo para que el gobierno de Binner no recupere al menos el millón cuatrocientos mil?, se preguntó el legislador justicialista.
“Todavía estamos a tiempo de hacerlo”, fue la respuesta de Ángel Sciara, que además dijo que la sustitución de deuda en su momento "se hizo por una cuestión de conveniencia y oportunidad”.
“El problema es que ahora nadie sabe por qué al gobierno le conviene no cobrar el seguro, que ni siquiera tendría que pagarlo TPR sino una aseguradora”, se enojó Gastaldi, al tiempo que aclaró que ya tiene redactada una nota donde le pide al ministro que ejecute el seguro de caución y recupere el $1,4.
Sciara mostró que la deuda es herencia justicialista
Durante su intervención en la reunión, Sciara, aseguró que la provincia continúa con el procedimiento iniciado en 2008 para cobrar la deuda impositiva (Sellos) que tiene la empresa Terminal Puerto Rosario con el fisco, que hoy asciende a 9,2 millones de pesos.
“La deuda surgió por la falta de pago de impuestos de Sellos generados en el contrato de concesión –del Ente Administrador Portuario de Rosario (Enapro) con TPR– del año 2002 y de la renegociación del año 2004”, precisó Sciara.
En la oportunidad, el titular de Economía explicó que en diciembre de 2008, la cartera decidió “comenzar a aplicar, por primera vez en la provincia, medidas cautelares (o preventivas) tendientes a garantizar el cobro de deudas sobre grandes contribuyentes, entre los cuales estaba TPR”. Esta medida consistió en el embargo de las cuentas corrientes.
TPR es la empresa que tiene a cargo de la concesión del puerto de Rosario desde 2002. En noviembre de 2007, la API emitió una resolución determinando una deuda por 1,4 millón de pesos que, sumadas las multas e impuestos, ascendía a casi 9,2 millones de pesos.
No obstante, ante la medida cautelar, “la firma reconoció la deuda con sus intereses, se acogió a un plan de pago y ofreció a la provincia un seguro de caución por el monto del capital”, precisó el ministro.
Del encuentro, que fue presidido por el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Di Pollina, también participaron legisladores justicialistas y del Frente Progresista Cívico y Social.
El ministro asistió a la Legislatura acompañado por el subsecretario de Ingresos Públicos, Sergio Beccari; el subsecretario Legal, Pablo Rangel; y la directora provincial de Técnica Tributaria y Coordinación Jurídica, Margarita Zabalza.
“En 2008 se embargaron las cuentas pero los recursos no eran suficientes para abarcar la totalidad del monto de 1,4 millón de pesos (que correspondía a capital e intereses), más los 7,7 millones de multas o intereses punitorios, que son cuestionados por la empresa”, detalló Beccari.
Ante esa situación, la empresa interpuso un recurso de reconsideración ante la administración provincial.
En ese contexto, “la medida cautelar (sobre un impuesto que se había devengado en 2002 y 2004, verificado en 2007 y que nunca se había protegido), termina garantizando la deuda a través del seguro de caución, que es aceptado por la provincia”, aseguró el titular de Economía.
En este sentido, “no hubo ningún perdón fiscal de la deuda, sino que ante el recurso presentado por la firma, la API acepta un seguro de caución para garantizar la deuda pura, de 1,4 millón de pesos (que es lo que debiera depositar el contribuyente en caso de continuar la instancia administrativa)”, detalló.
En 2009 la empresa realizó un llamado a concurso de acreedores, por lo que “la administración provincial presentó el reclamo por la totalidad de la deuda, que asciende a 18 millones de pesos (12 millones de pesos por Sellos; 1,3 millón de pesos de aportes sociales; 5,2 millones de pesos por Ingresos Brutos)”, explicó Beccari.
Por su parte, “la sindicatura objetó una serie de actualizaciones en el monto (por intereses y multas), declaró admisible 1,3 millón de pesos por Sellos pero no el tramo de la multa, por lo que la API promovió un recurso de revisión de la medida del síndico para garantizar la totalidad de la deuda”, agregó Beccari.
En cuanto al estado actual del reclamo, “se encuentra en proceso de verificación, salvo lo acordado por la jueza; el seguro de caución sigue vigente; y la viabilidad de su ejecución está siendo técnicamente analizada”, concluyó Sciara.
30/12/10
PUNTOBIZ