La Legislatura de Río Negro aprobó en primera vuelta, y por unanimidad, una iniciativa que prohíbe en la provincia la incineración, el entierro o el depósito de residuos de pescado provenientes de su procesamiento o descarte.
La Legislatura de Río Negro aprobó en primera vuelta, y por unanimidad, una iniciativa que prohíbe en la provincia la incineración, el entierro o el depósito de residuos de pescado provenientes de su procesamiento o descarte.
La nueva ley obligará a las empresas que procesen productos marinos en la provincia a entregar los desechos a plantas de elaboración de harina de pescado radicadas en Río Negro.
Este proyecto es impulsado por los legisladores Adrián Casadei y Adrián Torres, quienes pretenden que se obligue a las compañías, organizaciones, cooperativas y entidades que procesen productos de mar a entregar los desechos para reducirlos por medios técnicos transformándolos en sustancias inocuas para la salud y no nocivas para el medio ambiente.
De acuerdo con el proyecto, quedan exceptuados de la prohibición los caparazones y desechos calcáreos de moluscos y crustáceos, los que deberán depositarse en lugares habilitados por la autoridad municipal.
La iniciativa también contempla una serie de sanciones para aquellos que violen las disposiciones previstas: las multas oscilarán entre 200 y 1.000 unidades, y de 10.000 a 20.000 unidades en casos de reincidencia.
Además, la autoridad de aplicación -que sería el Ministerio de Producción, a través de la dirección de Pesca Continental y Policía de Pesca- podría ordenar la clausura de un establecimiento en el caso que registre más de tres sanciones de multa, informó Noticias Net.
Casadei recordó que en el país existen cinco plantas de harina de pescado habilitadas, de las cuales una está instalada en San Antonio Este, Río Negro.
Por último, los promotores del proyecto aclararon que con la nueva normativa se pretende impedir que empresas competidoras de otras provincias se lleven los residuos pesqueros. Explicaron que luego de un tiempo dejan de retirarlos, y el Municipio “queda en una obligación bastante dificultosa” al no contar a veces con los equipos necesarios para hacerlo.
Por Analia Murias
editorial@fis.com
09/12/09
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