Entrevista con el abogado Andrés Barbieri, representante de CaPeMar.
Entrevista con el abogado Andrés Barbieri, representante de CaPeMar.
La cámara interpuso un recurso de amparo por la sobreexplotación de la merluza. Si la sentencia es favorable la Subsecretaría deberá presentar un plan sustentable para los recursos. Falta el voto de un juez para definir.
La Cámara Pesquera CaPeMar, a través de su abogado, Andrés Barbieri, interpuso en el pasado mes de octubre una acción de amparo contra el Estado, en la figura de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos y la Subsecretaría de Pesca, con el propósito de preservar la sustentabilidad del recurso pesquero. El Juez Federal López, del Juzgado Nº 4 de Mar del Plata, falló favorablemente y obligó al Estado a presentar un plan de desarrollo sustentable para el recurso merluza hubbsi. El Estado no se presentó a ninguna audiencia y apeló la medida. Hoy se espera el fallo de la Cámara de Apelaciones.
Andrés Barbieri, el abogado patrocinante de la Cámara Pesquera, dio detalles del fin que se persigue con esta causa y de cuáles serán las consecuencias para el Estado y los funcionarios vinculados de conseguir una confirmación del fallo de primera instancia.
REVISTA PUERTO: –¿Cuál es el objetivo del amparo presentado por su representada?
ANDRÉS BARBIERI: –La acción de amparo persigue que se cumpla todo el marco legal y apunta a todas las irregularidades que fueron detectadas por la Auditoría General de la Nación y acerca de las cuales había hecho caso omiso el Estado. En función de ello se hizo una audiencia a la que no concurrieron ninguna de las autoridades, entonces se convocó a otra audiencia a la que se convocó a Picolotti, por la Secretaría de Medio Ambiente, a De Urquiza por la SAGPyA, a Gerardo Nieto por la Subsecretaría de Pesca y al Auditor de la Nación que fue el único que vino, Leonardo Despouy.
RP: –¿Qué declaró Despouy en la segunda audiencia?
AB: –Despouy es un jurista internacional muy destacado, integra la Corte Internacional de Justicia. Fue quien reprodujo en la audiencia el informe de la AGN y dijo que no habían encontrado ningún tipo de reacción por parte del Estado, que había hecho caso omiso a todo. En el marco de ello fue que el Juez dictó sentencia disponiendo que se cumplan toda una serie de medidas de control para preservar el recurso, informes periódicos al juzgado, participación por parte de las ONG y nosotros mismos para hacer un control horizontal.
RP: –En representación del Estado participó de esta segunda audiencia la Dra. Lucas que se opuso a esta Comisión Auditora que se pretendía conformar.
AB: –Sí, concurrió en representación de todos los organismos del Estado porque es abogada de la Procuración y dijo que no había recibido ningún tipo de instrucciones. Se había citado al Estado para que presente un proyecto de desarrollo sustentable, pero no aclaró si existía un plan, se remitió a dar una respuesta estrictamente legal, diciendo que el Estado cumplía con la Ley Federal de Pesca. Lo que queríamos saber era de qué manera se materializaba lo que dice la ley, se los citó precisamente porque lo que norma la ley aparece flagrantemente violado como lo dice la AGN.
RP: –El juez falla y se le da seis meses al Estado para que presente el plan. ¿Qué ocurre entonces?
AB: –El Estado inmediatamente apeló la sentencia y a partir de allí el expediente está en la Cámara de Apelaciones esperando que resuelva sobre si mantiene la sentencia de primera instancia con la orden de López en cuanto a la presentación de este plan o si entiende que aquella medida había resultado arbitraria y revoca la sentencia. Hoy extraoficialmente lo único que sé es que ya votaron dos jueces, que uno dio lugar a la medida y otro no hizo lugar a la medida. Se ha planteado una disidencia y se ha mandado a conformar el tribunal al Juez Federal de Azul, Comparato; y estamos esperando que de un momento ha otro se dicte sentencia por parte de la Cámara.
RP: –¿Qué cree que puede ocurrir?
AB: –Lo que yo espero es que se ratifique la sentencia porque lo que está planteando el juez es que el Estado diga cuáles son los mecanismos que tiene para preservar el recurso pesquero, que me parece una medida de carácter transparente.
RP: –¿Por qué cree que hubo disidencia?
AB: –No lo sé, sólo puedo suponer que es por una cuestión formal pero no por una cuestión de fondo, entiendo que es lo único posible. La preservación del recurso es algo que no sólo le incumbe a la Cámara Pesquera que represento sino a toda la comunidad. No creo que nadie pueda impedir que se sepa qué es lo que se está haciendo, la pesca no puede ser una actividad clandestina, es una actividad pública que debe ejercerse de cara a la gente. Los privados están ejerciendo una actividad comercial con un patrimonio común. No puedo creer que exista cualquier tipo de medida para no hacer transparente una actividad que nos importa a todos. Ningún juez se podría oponer a hacer de esto una cuestión de carácter transparente. Salvo que supongamos que la pesca sea un coto, una cuestión excepcional o clandestina.
RP: –¿En caso de que se confirme el fallo el Estado estaría obligado a presentar un plan de desarrollo sustentable en los próximos seis meses?
AB: –Me parece que más allá de lo que diga el fallo, el Estado tiene que tener este plan y si no lo tiene estamos en problemas. Que lo quiera o no exhibir, que esté de acuerdo o no con el mecanismo propuesto de transparencia, de cara a la gente, es un tema aparte, incluso pueden decir que tienen su plan, que lo están llevando a cabo y que no tiene porque participar otra gente. Lo que me a mi modo de entender atentaría contra el sistema democrático participativo, lo único que modificaría el fallo ante esto es que deberán presentarlo.
RP: –Si no existe ese plan y deben elaborar uno. ¿No les cabe ninguna responsabilidad legal por no haberlo tenido antes, por no haber actuado conforme a la ley durante todo este tiempo?
AB: –Yo creo que sí, habría una responsabilidad del Estado por omisión, porque sí hay una ley que establece cuáles son los mecanismos de control y ese deber le viene impuesto. Acá hay un deliberado incumplimiento de la ley y esto no lo decimos nosotros, lo dicen los mismos órganos del Estado como la AGN. Están dados los tres presupuestos de responsabilidad del Estado, incumplimiento legal, relación de causalidad y daño.
RP: –¿En qué se podría transformar esto, por ejemplo, para un consejero que lleva diez años en ejercicio de sus funciones?
AB: –Yo creo que puede hacerse responsable no solamente al Estado sino a los funcionarios, por el articulo 1112 de Código Civil, porque si no siempre se desemboca en acciones de responsabilidad que las terminamos pagando todos. No sólo es responsable el Estado por los actos sino aquellos funcionarios que van a tener que responder con su patrimonio, obviamente alguien va a tener que materializar la demanda. Hay una relación de causalidad directa entre el incumplimiento y el daño. Podríamos hablar inclusive de acciones de carácter patrimonial y penal por incumplimiento de los deberes de funcionario público.
RP: –¿El Estado puede volver a apelar?
AB: –Sí pero no creo que lo haga, debería ir hasta la Corte Suprema de Justicia y justificar los motivos de la apelación. ¿Cómo podrían explicar que se niegan a hacer transparente la actividad? Una de las cosas que argumentó el Estado fue que suponía que el Juez no debía inmiscuirse en una actividad propia de la administración y esto no es así.
RP: –Incluso alegó que si hay problemas con el recurso es por las veces que la justicia se ha inmiscuido a través de acciones de amparo, perjudicando el normal desarrollo de la administración de los recursos.
AB: –El Estado reconoció su propia incapacidad porque tuvo que promover acciones judiciales para revocar resoluciones de otros jueces, que podría haber resuelto por vía administrativa. La verdad es que el Estado nunca se puso los pantalones largos para ir a fondo con estas cuestiones, la judicialización del conflicto le conviene al Estado porque pone en manos de la justicia lo que no se atreve a resolver.
RP: –Si el fallo no es confirmado, ¿cuáles son los pasos que van a seguir?
AB: –Iremos hasta la Corte Suprema de Justicia.
Por Karina Fernández – Fotos de Diego Izquierdo
29/07/09
REVISTA PUERTO