El gobierno santacruceño ahora no puede pagar los sueldos a los empleados de la “pesquera estatizada”. Una orden judicial impidió que se apropiaran de los barcos de la empresa española y no los pudieron alquilar. Hay malestar y descontento, porque interpretan que fue sólo una medida demagógica.
El gobierno santacruceño ahora no puede pagar los sueldos a los empleados de la “pesquera estatizada”. Una orden judicial impidió que se apropiaran de los barcos de la empresa española y no los pudieron alquilar. Hay malestar y descontento, porque interpretan que fue sólo una medida demagógica.
Los trabajadores de la pesquera de Puerto Deseado y quienes están vinculados a la actividad en la localidad santacruceña reconocen que la medida adoptada por el gobierno de esa provincia no produjo los resultados esperados. El Estado no puedo poner en pleno funcionamiento la planta procesadora, ni tampoco consiguió sacar a la pesca a los buques de la compañía española que permanecen amarrados en puerto.
El alcance de la ley provincial de expropiación no sirvió para poner en marcha el proceso productivo luego de arrebatarle la planta procesadora a la empresa de Eduardo Vieira.
El gobierno santacruceño no pudo solucionar un problema social, y con su política expropiatoria en realidad lo que consiguió fue sumar otros de consecuencias imprevisibles a esta altura, pero que por lo bajo hasta las propias autoridades provinciales reconocen que podrían tener un revés en los ámbitos judiciales con perjuicios multimillonarios para el erario público de Santa Cruz.
La planta no funciona ni a media máquina, los empleados no están conformes, sino más bien todo lo contrario, porque si antes tenían demoras para cobrar, eso sigue ocurriendo, porque como se sabe los sueldos de la pesquera ‘cuasi estatal’ se pagan con recursos generales de la Provincia, cuya situación financiera es por demás endeble.
El establecimiento fabril está inoperativo desde antes de las fiestas navideñas y de fin de año. Todo su personal fue licenciado y por estas horas deberían volver a comenzar a trabajar, pero el gobierno provincial no cumplió con el pago de las vacaciones ni con el aguinaldo.
Ahora, el personal de la ex Vieira, hoy controlada por una intervención a cargo de Diego Marzioni, bajo la órbita del Ministerio de Producción que conduce Rafael Gilmartin, plantea movilizarse hasta la capital santacruceña. Allí en Río Gallegos intentarán ser atendidos en la Casa de Gobierno. Quieren cobrar el aguinaldo y las vacaciones. El clima social no es bueno, hay malestar y descontento, porque lejos quedaron aquellas promesas oficiales en el sentido que la “expropiación” era la solución a todos los males que arrastraba esa pesquera.
Los trabajadores vienen percibiendo, ni en tiempo ni en forma, los mínimos garantizados, que en realidad son subsidios estatales porque actividad de procesamiento no hubo en volumen, ya que no tienen garantizada la provisión de materia prima.
El gobierno santacruceño, a través de la intervención a la compañía pesquera, ha exhibido una inocultable improvisación sobre cómo pretendía poner en marcha el proceso productivo. No alcanzó con romper las cerraduras, entrar por la fuerza y tomar posesión de la planta de procesamiento.
No se había tomado ningún tipo de previsiones respecto del aprovisionamiento de pescado para poner en marcha la rueda del esquema productivo. Las autoridades gubernamentales de Santa Cruz creyeron que con esa “ley provincial” de disponer la “utilidad pública” de barcos congeladores que cuentan con permisos de pesca “nacionales”, alcanzaba para subirse a los buques, soltar amarras y tomar el timón.
El primer fracaso fue cuando intentaron “cederles” los barcos, a pesar de que no tenían su control, a los marineros a través de una sociedad anónima que regentea el sindicato de la marinería; todo el proceso carecía de sustento jurídico y como era lógico no prosperó.
El segundo intento fallido fue la pretensión del gobierno santacruceño de “arrendar” algunos de los siete barcos que le incautaron a la sociedad española Vieira SA; cuando había tratativas, se conoció que el magistrado Horacio Francisco Robledo, titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº 25, Secretaría Nº 50, con asiento en la CABA, dictaminó poco antes de iniciada la feria judicial, que la firma Vieira S.A. es la titular de los permisos nacionales de pesca de los 7 buques, 5 tangoneros y 2 poteros, y consecuentemente no podrá ser despojada de las mismas. “La medida se mantendrá hasta 180 días después de que se resuelva la propuesta de acuerdo -derivada del concurso de acreedores- o bien hasta que se decrete la quiebra”, precisó la disposición judicial que derrumbó otra de las alternativas que planeaba la gestión del gobernador Daniel Peralta.
Así, una vez más el ‘Estado empresario’ no funcionó; los “experimentos expropiatorios” en Santa Cruz dejan más problemas que soluciones y las consecuencias son difíciles de dimensionar porque hasta llegarían a futuras administraciones provinciales.
Por Nelson Saldivia
17/01/13
REVISTA PUERTO