Una obra que no avanza pero que cada vez nos sale más cara.
Una obra que no avanza pero que cada vez nos sale más cara.
Al margen de la controversia entre la Fiscalía y la Secretaría Legal y Técnica y de la importancia procesal que pueda tener el haber dejado, o no, vencer el plazo procesal en torno al pedido de la empresa Andrade Gutiérrez de litigar sin gastos, lo realmente trascendente de esto radica en que la Provincia puede verse condenada a pagar cerca de 45 millones de pesos por una obra que, desde su inicio mismo, parece estar condenada a no finalizarse nunca, y por la que se desembolsaron vaya a saberse qué cantidad de fondos públicos.
Vale recordar que la construcción de un nuevo puerto en la ciudad de Río Grande fue una de las iniciativas planteadas como indispensables para el desarrollo provincial por la gestión gubernamental del mopofista José Estabillo. Así, en marzo de 1995, la Legislatura aprobó la ley 214 que autorizaba al Ejecutivo a "gestionar los créditos necesarios" por el "monto que resulte de la adjudicación y en la respectiva moneda de pago que se acuerde" para la construcción de la obra Nuevo Puerto en Caleta La Misión. Inicialmente se estimó un costo cercano a los 50 millones de pesos. El 24 de junio de 1996 se firmó el contrato de obra con la UTE integrada por Concic Engenharia S.A y Ormas S.A.I.C.I.C, pero posteriores ampliaciones al objeto del contrato – modificaciones al proyecto original del puerto – llevaron a que en abril de 1998, la Legislatura autorizó que la obra tuviera un costo total de 63 millones de pesos.
Los trabajos en Caleta La Misión comenzaron, pero poco tiempo después, en septiembre de 1999 fueron paralizados para falta de fondos. Ante esta situación, a fines de octubre de 1999 – meses antes el MPF había perdido la elección gubernativa – la gestión Estabillo acordó con la UTE, de la que se había desvinculada Concic y se había sumado Andrade Gutiérrez, el pago de 875 mil pesos de improductivos por mes, de los que no hay precisión durante cuánto tiempo se abonaron. Para abril del 2000, el costo total de la obra ya había trepado a los 88 millones de pesos.
El 15 de febrero de 2001, la gestión del gobernador justicialista Carlos Manfredotti firmó un acta convenio con la UTE en la que se reconocía una deuda por certificaciones impagas e intereses por unos 13 millones de pesos y otros 5,4 millones de pesos por gastos de paralización de la obra. Por este último concepto el reclamo ascendía a casi 27 millones de pesos. Es decir, de una deuda cercana a los 41 millones de pesos se acordó la de un monto total de unos 19 millones de pesos. Esta cifra debía ser cancelada de manera escalonada entre febrero y junio de 2001. El convenio contemplaba también el pago de 4,2 millones de pesos a la contratista por la realización de diversos estudios y ensayos técnicos que permitieran establecer el proyecto definitivo del Puerto, en función de lo cual se preveía que el costo de la obra pudiera experimentar un aumento del 20% sobre el valor estipulado en abril de 2000. Es decir, hasta unos 106 millones de pesos.
Este acta convenio estipulaba que si los estudios técnicos indicaran que el costo superaría ese valor, la Provincia podía decidir no continuar con la obra y rescindir el contrato sin costo adicional alguno.
Este acuerdo fue ratificado por la Legislatura el 15 de marzo de 2001. El Ejecutivo decidió la contratación de una consultora internacional (Harza), la que determinó que el proyecto de puerto sobre el que se venía trabajando resultaba técnicamente inviable. En función de ello se elaboró un nuevo proyecto, por lo que el Ejecutivo remitió una iniciativa al parlamento, que resultó aprobada en diciembre de 2002, pidiendo ampliar a 66 millones de pesos la autorización para gestionar créditos para financiar la obra "con más el equivalente a 46 millones de dólares a los efectos de concluir con la parte restante de la obra Nuevo Puerto Caleta La Misión".
En la ley se daba al Poder Ejecutivo provincial un plazo de 30 días para negociar con el contratista un nuevo contrato para la ejecución de la obra, con la posibilidad de ampliarlo por igual período, siempre que dicha ampliación no importara reclamo alguno por parte de las empresas contratistas. En caso de acuerdo las partes suscribirían los documentos jurídicos y los documentos necesarios que plasmaran tales condiciones. Si no hubiera acuerdo se estipulaba la rescisión del contrato – tal lo acordado en el convenio de 2001 – y se facultaba a Poder Ejecutivo a contratar en forma directa, previa urgente compulsa, una empresa o consorcio de empresas que concluyeran con la obra. La condición era que aceptaran las condiciones de la Provincia y ofrecieran financiamiento no menor 70% y un plazo de gracia no inferior a 1 año. Otra alternativa contemplada en la ley era la de "ofrecer en forma directa a quien se encuentre interesado y acredite sobrada experiencia en la materia, la concesión del puerto Caleta La Misión, siempre que el mismo se haga cargo de la finalización total y definitiva de dicha obra, en un plazo no superior a los 4 años".
Todo parece indicar que Ejecutivo y contratistas llegaron a un acuerdo satisfactorio para las partes, pero en los concreto la obra no avanzó.
En enero de 2004 llegó al Gobierno Jorge Colazo acompañado por Hugo Cóccaro. Durante esta traumática gestión gubernamental se convocó al Foro Puerto Caleta La Misión, del que participaron, entre otras entidades, la Universidades de Córdoba para que redefiniera el proyecto de Puerto, que por ese entonces fue valuado en 300 millones de pesos. En este Foro se había conformado también una comisión que debía abocarse a renegociar el contrato con la empresa constructora –de estar ésta interesada en continuar con la obra– o, en su defecto, buscar la rescisión más conveniente para la Provincia. En este último caso, Colazo adelantaba que se buscaría apoyo financiero en el Gobierno nacional, como así también en Estados Unidos, Kuwait, Arabia Saudita y China.
Una vez destituido, Cóccaro buscó obtener recursos nacionales para finalizar la obra, y ya por ese entonces se planteaba la posibilidad de incorporarla a las obras a financiar con el Fideicomiso Austral. La creación del Fideicomiso se postergó hasta principios de este año. Lo que parece haber quedado indefinido en el tiempo fue la resolución del contrato con la empresa que ahora reclama 45 millones de pesos a la Provincia.
31/05/10
EL DIARIO DEL FIN DEL MUNDO