Una seria denuncia, que involucra a Horacio Tettamanti, funcionario/empresario del puerto de Mar del Plata, hizo pública la Revista Puerto.
Una seria denuncia, que involucra a Horacio Tettamanti, funcionario/empresario del puerto de Mar del Plata, hizo pública la Revista Puerto.
Sobre fines del 2001 el Consorcio Portuario aprobó un precario permiso que permitía a la empresa Terrena S.A., que dirige y administra el secretario de la Producción de Pulti, a usar los 2.634 metros cuadrados del espigón Nº 7, para reparar, mantener y alistar buques. A cambio, relata el periodista Guillermo Nahum, la empresa comprometió a realizar allí una “importante” inversión de 1.750.000 pesos (que eran dólares en esa época). Pero, a dos años de que concluya la sesión del espacio, no se realizó ninguna obra. Apenas se colocaron algunas lamparitas para iluminar el lugar. Se debían sacar buques que terminaron hundidos y ahora el gobierno nacional pagará millones de pesos por esa tarea.
El Atlántico se comunicó con Tettamanti, quien además de ser secretario de la Producción es representante de Buenos Aires en el Consejo Federal Pesquero, dueño del Astillero SPI y presidente de la Asociación Bonaerense de la Industria Naval. El funcionario se mostró molesto por la publicación periodística y afirmó que se trataba de “una falsedad, una calumnia”. “No hay ninguna irregularidad. Se me acusó injustamente”, aseguró.
Mencionó que la empresa tiene 30 años de relación con el puerto, que siempre pagó todas sus obligaciones laborales, y que fomentó el trabajo. Además, sostuvo que los diques que ocupan los espejos de agua del espigón “son un ejemplo y orgullo de Mar del Plata que se requieren en todo el mundo”, y que sobre ellos sí abona los cánones correspondientes.
Dijo que no se pudo cumplir con la disposición final de los buques que estaban amarrados porque hubo numerosas trabas judiciales, y que cuando se hundieron era imposible afrontar sumas que llegan a los 10 millones de pesos. “Esos barcos tenían juicios que paralizaban las obras”, se excusó Tettamanti. Sin embargo, las complicaciones judiciales eran sabidas antes de diciembre del 2001 cuando se asumió el compromiso. ¿Acaso no se investigó sobre la factibilidad de sacar los buques antes de asumir semejante compromiso de inversión?
El acuerdo contemplaba tres grandes montos. Según explicó el funcionario de Pulti, la mitad del dinero previsto se destinaría a dotar del servicio de agua dulce y combustible al espigón; unos “100 mil dólares”, estimó, serían los necesarios para quitar de allí a los buques Latar II y Kronomether; y el resto alcanzaría para la obra civil de mejora, elevación y ensanchamiento del espigón.
Pero los buques se hundieron y se hace cargo el gobierno nacional de sacarlos del mar; y el Consorcio Portuario decidió afrontar los gastos para colocar agua y combustible en el espigón, por lo que Terrena S.A. deberá invertir sólo en obras de mejora en el lugar.
En la 76ª reunión del Consorcio Portuario, el directorio tomó conocimiento de que la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires había dictaminado favorablemente y de esa manera se viabilizaba la pretensión del funcionario/empresario. Si bien se especificaba que Terrena no tendría exclusividad para trabajar en el lugar, ninguna otra industria pudo acceder al espigón Nº 7.
A cambio de las obras, el Consorcio se comprometió a beneficiar a la empresa de Tettamanti mediante la excepción del pago del correspondiente canon por el término de diez años, “siempre y cuando las obras se ejecuten en los plazos establecidos en el plan de obras”.
“Tettamanti se abstuvo de realizar las obras a las que se comprometió, ejerció sin embargo el beneficio de no abonar el canon correspondiente durante todos estos años, no cumplió con el retiro y desguace de los buques Latar II y Kronomether y se apropió del Espigón 7 para su beneficio exclusivo, tal lo certifica un informe del Jefe de Inspectores y Muelle del 10 de noviembre de 2008”, detalla Revista Puerto.
Tettamanti explicó que el espigón, “que no es un espigón sino un rompeolas porque no tiene altura”, estaba en estado de abandono y “era un raterío”. El funcionario insistió en la imposibilidad de sacar los buques que estaban en otra condición en el 2001 cuando se asumió el compromiso. “Hubo juicios sobre juicios y demandas sobre demandas”, afirmó.
En relación a los cánones, el empresario naval sostuvo: “No podemos explotar un muelle con barcos hundidos”. Y señaló que se necesita infraestructura para el “pasadizo” que representa hoy el espigón que sirve de acceso a los diques flotantes, propiedad de la empresa, donde se reparan barcos. De acuerdo a lo especificado por Tettamanti. Sobre ellos, aseguró, sí abona por el espejo de agua y el uso del puerto.
¿No corresponde pagar cánones por el uso del espigón?, le preguntó este medio. “Absolutamente”, respondió el funcionario quien volvió a explicar el porqué de que no se pudieron realizar las obras previstas.
El empresario planteó la necesidad de inversión que requiere el puerto de Mar del Plata, y el espigón de la polémica en particular. Y dijo que es voluntad de Terrena S.A. avanzar en las obras: “Lo hemos ratificado una y un millón de veces por notas, desde hace años, la voluntad de mejorar el sector”.
De los buques, quedó claro, se encargará el gobierno nacional. Días atrás, el Ministerio de Infraestructura de la Nación, a través de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, llamó a la licitación para la remoción de tres buques, entre ellos, el Kronomether, que costará a toda la ciudadanía, 10.821.105 pesos.
De acuerdo a lo enunciado por Tettamanti, del 1.750.000 pesos/dólares previstos para la inversión, sólo deberá hacerse cargo de una parte: la mitad, prevista para garantizar agua y combustible en el lugar, es una obra que afrontará el Consorcio Portuario -que dirige su compañero partidario, Eduardo Pezzati; mientras que la remoción de buques -que rondaba en el 2001 los 100 mil dólares- la afrontará el gobierno nacional por más de 10 millones de pesos porque las embarcaciones se hundieron. Esto llevará a recalcular la ecuación económica. Le quedan dos años de contrato.
23/08/10
EL ATLÁNTICO