Las compañías se verían obligadas a pagar una deuda de 100 millones de pesos. Una resolución del ex ministro Cavallo, ahora derogada, había anulado la demanda. «Las empresas tienen que pagar, no hay otra forma, y es una orden judicial», afirmó el jefe de la Aduana.
Las compañías se verían obligadas a pagar una deuda de 100 millones de pesos. Una resolución del ex ministro Cavallo, ahora derogada, había anulado la demanda. «Las empresas tienen que pagar, no hay otra forma, y es una orden judicial», afirmó el jefe de la Aduana.
Una disputa por alrededor de 100 millones de pesos se desató entre la Dirección General de Aduanas (DGA) y las principales empresas pesqueras del país, por unos antiguos reintegros a las exportaciones patagónicas que permanecieron en un limbo legal entre 1996 y 1998. Hace diez días, la Aduana intimó a las compañías privadas a pagar una deuda que éstas desconocen y las amenazó con el inicio de acciones de ejecución fiscal, que podrían derivar en embargos y el cierre de las operaciones. «Están buscando una triquiñuela para sacarnos plata», retrucó Alfredo Pott, presidente del grupo Pesel, dueño, entre otras, de la pesquera Santa Isabel, que bajo la marca Kanikama introdujo el surimi en América del Sur. Y Enrique Díaz, de Pespasa, teme lo peor: «Esto es totalmente ilegal, la AFIP nos va a embargar las cuentas y no vamos a poder operar más».
El reclamo del Estado alcanza a las más importantes empresas pesqueras del país: además de Santa Elena y Pespasa, están Pesquera Santa Cruz, Vieria Argentina, Puerta y Pereyra, entre otras 50 firmas. Pero para los empresarios, la gravedad económica de los reclamos compromete seriamente su subsistencia. Las pesqueras denunciaron además la aplicación de «un criterio absolutamente aleatorio con el que la Aduana interpreta los alcances de la resolución 619, que el Ministerio de Economía dictó en 2001».
Orígen del problema
Resulta curioso que en esta historia, en la que una parte pretende cobrar y la otra se resiste a pagar, ambas partes definan el conflicto como un problema de inseguridad jurídica. Es que para entender tanto el reclamo oficial como el descargo privado hay que remontarse hasta 1983, cuando la ley 23.018 estableció un régimen de promoción de las exportaciones patagónicas embarcadas al sur del río Colorado.
En 1996, la circular telex 1229 de la Aduana ordenó no dar curso a esos reembolsos para el caso de los productos elaborados en alta mar. Esa circular fue cuestionada ante la Justicia por las empresas pesqueras afectadas, que lograron acceder al beneficio por medio de recursos de amparo.
La situación fue corregida por la ley 25.454, de 2001, que universalizó el beneficio pero omitió resolver la situación planteada hasta entonces. Así, los planteos judiciales de ambas partes por la situación anterior continuaron sus respectivos itinerarios, y para zanjar el conflicto, en 2001, el entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo, firmó la resolución 619, que ordenó a la Aduana desistir de todo nuevo reclamo.
Por entonces, Echegaray se desempeñaba como abogado de ese mismo organismo. Y es precisamente el cuerpo letrado de la Aduana el que más bregó para lograr el fallo que algunas semanas atrás le dio la razón al Estado: definió que la ley 25.454 no es retroactiva, declaró nula la resolución 619 y ordenó investigar a Cavallo por «liberalidades en la administración de fondos públicos». En 2005, la actividad había sufrido el impacto de un prolongado conflicto gremial que paró la flota durante 60 días y una crisis en la captura del langostino. El jueves último, en terreno neutral, la Subsecretaría de Pesca, las empresas y la Aduana acordaron un impasse de una semana, pero todos creen que no habrá amnistía y las firmas tendrán que pasar por caja. Y pagar, tal vez en cuotas, pero pagar al fin.
14/02/07
EL CHUBUT