Consejo Europeo de Pesca: La comisaria se mostró escéptica sobre la oportunidad de abrir al libre mercado los derechos pesqueros. Ambos se oponen a ceder sus privilegios y a adaptar una clave de reparto que perjudica a zonas como Galicia.
Consejo Europeo de Pesca: La comisaria se mostró escéptica sobre la oportunidad de abrir al libre mercado los derechos pesqueros. Ambos se oponen a ceder sus privilegios y a adaptar una clave de reparto que perjudica a zonas como Galicia.
Las sospechas de los armadores españoles de que los Veintisiete no iban a apostar por una reforma en profundidad del sector comenzaron a cobrar más cuerpo nada más finalizar el Consejo de Ministros de Pesca de Vigo, que aunque informal -y por tanto sin decisión alguna al respecto-, ya permitió vislumbrar bloques de países con posturas bien definidas.
Francia y Alemania se resisten a que se defina qué es la bajura y se le dé un tratamiento diferenciado, a revisar el principio de estabilidad relativa (esa clave de reparto que hace que Galicia reciba menos merluza, rape o gallo que otras regiones menos dependientes de la pesca), a introducir los derechos individuales transferibles (ITQ, ITR o DIR, según sea en inglés, castellano o francés) en la pesca… En definitiva, muestran un rechazo frontal a los cambios más drásticos que están sobre la mesa, lo que en la práctica imposibilita esa reforma en profundidad que reclaman los Veintisiete para conseguir un «sector viable, con una industria fuerte y que funcione y opere con métodos sostenibles», el objetivo que expresó la comisaria europea de Pesca, María Damanakis.
Galos y teutones no serían los únicos obstáculos para sacudir los cimientos de la pesca. Gran Bretaña, Irlanda, Holanda e, incluso, Italia se alinean con sus tesis en clara oposición a lo que defiende España, bastante sola. Ahora bien, británicos y holandeses pueden «traerse al redil», pero Francia y Alemania muestran una posición inmovilista «incomprensible», a juicio de la presidenta de la Comisión de Pesca de la Eurocámara, Carmen Fraga. Una postura reticente que viniendo de los alemanes «no se entiende», pues «no tienen flota y lo único que pretenden es negociar con cuotas que no son suyas y que consideran una reserva exclusiva de su patrimonio».
Mercado libre
El temor de Francia es otro. No es un secreto que buena parte de la flota francesa es de capital español, por no decir gallego. Abrir al libre mercado los derechos de pesca con las cuotas transferibles permitiría que armadores de otros países se hiciesen con cuotas sin que para ello los barcos extranjeros tengan que vestirse de franceses, como hacen ahora los gallegos, que deben colocar la bandera gala para poder aprovechar la merluza y otras especies que la flota realmente francesa no es capaz de capturar por exceso de cuota.
Recelos de la Comisión
Y esa oposición a los derechos transferibles parece que tiene de lado a la Comisión Europea. Aunque Maria Damanakis puso énfasis en que el Ejecutivo comunitario todavía no ha hecho ninguna propuesta -esa llegará el próximo año-, lo cierto es que dejó traslucir sus recelos a un sistema que, admitió, «ha servido para hacer frente a la sobrecapacidad a nivel nacional», pero que debería aplicarse «con salvaguardias» para evitar «concentraciones de derechos» por parte de grandes empresas.?La recta final de la cumbre se aprovechó para analizar los acuerdos de pesca con terceros países, cuya financiación ahora cuestiona Bruselas, que intenta traspasar más parte de los costes al beneficiario de esos pactos; es decir, al armador. Incluso se plantea cobrar por el acceso a aguas internacionales reguladas por organizaciones regionales de pesca (ORP), como sería el caso del fletán o el bacalao en la NAFO (Atlántico noroeste). En este sentido, el sector está dispuesto a pagar un «justiprecio» por faenar en terceros Estados, pero se resiste a hacerse cargo de la cooperación, que debe llegar de la mano de las instituciones públicas, según Javier Garat, secretario general de la patronal Cepes-ca.
06/05/10
LA VOZ DE GALICIA