El desarrollo petrolero Sea Lion, proyectado al norte de las Islas Malvinas, quedó en el centro de una creciente ofensiva judicial, administrativa y diplomática impulsada desde la Argentina. Durante septiembre se sucedieron decisiones de la Justicia Federal, denuncias penales del Gobierno y nuevos procedimientos sancionatorios contra empresas, directivos, accionistas y proveedores vinculados con actividades hidrocarburíferas en el área.
Uno de los avances más relevantes se produjo en Río Grande, Tierra del Fuego, donde la jueza federal Mariel Borruto se declaró competente para intervenir en una acción preventiva por posible daño ambiental y soberano presentada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) y organizaciones de abogados ambientalistas. Pocos días después, la magistrada hizo lugar a una medida cautelar y ordenó a Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum Development and Production abstenerse de iniciar o continuar determinadas obras vinculadas con Sea Lion.
La resolución alcanza, entre otras actividades, a la perforación del lecho marino, las instalaciones submarinas destinadas a producción y transporte, las líneas de flujo y sistemas de inyección, la operación de unidades flotantes y determinadas obras logísticas asociadas al proyecto. El tribunal también intimó a las compañías a informar el estado de avance del emprendimiento y aportar información sobre su estructura societaria y los actores financieros vinculados con su desarrollo.
El argumento ambiental ocupa un lugar central en la presentación. Los demandantes sostienen que un emprendimiento offshore de esta magnitud podría generar impactos sobre el lecho marino, mamíferos y aves, además de riesgos asociados con descargas operativas y eventuales derrames. También cuestionan que el proyecto no haya atravesado los procedimientos de evaluación ambiental establecidos por las autoridades argentinas. Las compañías, por su parte, operan bajo permisos otorgados por las autoridades de las islas, administradas por el Reino Unido, cuya soberanía es disputada por la Argentina.
Sea Lion es, además, un proyecto de considerable escala económica. Navitas controla el 65% del desarrollo y Rockhopper el 35% restante. Las estimaciones difundidas por las compañías y medios especializados ubican las reservas probadas y probables en torno de los 315 millones de barriles, mientras que la primera producción está prevista para 2028. La decisión final de inversión había sido adoptada a fines de 2025, dando paso a una etapa de contratación, fabricación de equipamiento y preparación logística.
En paralelo con la causa de Río Grande, el Gobierno nacional activó durante septiembre los mecanismos previstos por la Ley 26.659, que establece condiciones y sanciones para la exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental sin autorización argentina. La Cancillería inició procedimientos contra 45 personas humanas y jurídicas y, posteriormente, incorporó otros 15 sujetos a las actuaciones. El alcance anunciado incluye no sólo a las petroleras, sino también a accionistas y compañías proveedoras de servicios.
La estrategia también avanzó sobre el terreno penal. El canciller Pablo Quirno, con patrocinio del Procurador del Tesoro, promovió denuncias contra firmas vinculadas con actividades en la Cuenca Malvinas Norte, entre ellas sociedades de Navitas Petroleum, JHI Associates y Eco (Atlantic) Oil & Gas. Posteriormente, el Gobierno anunció que las nuevas presentaciones podrían alcanzar de manera individual a directores, gerentes, administradores y representantes involucrados en las decisiones empresariales.
En Comodoro Py, el fiscal federal Carlos Stornelli impulsó además investigaciones vinculadas con las operaciones petroleras en el área y amplió las actuaciones para incorporar a Rockhopper Exploration, subsidiarias del grupo y Navitas Petroleum. Entre las medidas solicitadas aparecen pedidos de información sobre estructuras societarias, autoridades, accionistas, proveedores y relaciones comerciales, así como exhortos internacionales. Las compañías han sostenido públicamente que sus permisos continúan vigentes bajo el régimen de las autoridades isleñas y que las decisiones argentinas no modifican sus planes de desarrollo.
Análisis. La novedad de esta etapa radica menos en la existencia del histórico desacuerdo sobre los recursos naturales del Atlántico Sur que en la convergencia de distintos instrumentos. Acciones ambientales, cautelares, procesos penales y procedimientos administrativos comienzan a proyectarse simultáneamente sobre operadores, financiadores y proveedores. La eficacia práctica de esas medidas dependerá, en buena parte, de su reconocimiento fuera de la jurisdicción argentina y de la exposición internacional de las empresas involucradas.
Para el sector marítimo y energético, el conflicto plantea además una cuestión que excede a las dos petroleras que encabezan Sea Lion. Un proyecto offshore depende de una extensa cadena de bancos, aseguradoras, astilleros, contratistas, servicios marítimos, logística y tecnología especializada. Por eso, aunque la controversia de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido permanezca sin resolución, las acciones actualmente en trámite pueden introducir nuevas variables jurídicas y comerciales para quienes evalúen participar del desarrollo de hidrocarburos alrededor de las Malvinas.
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