Por razones geopolíticas –las rutas marítimas- y energéticas –nuestra dependencia del gas licuado-, España debe tomar posición cuanto antes en la actual batalla diplomática sobre el océano Ártico.
Por razones geopolíticas –las rutas marítimas- y energéticas –nuestra dependencia del gas licuado-, España debe tomar posición cuanto antes en la actual batalla diplomática sobre el océano Ártico.
España no puede permanecer al margen del creciente interés que suscitan las regiones polares. Hay motivos obvios para ello. En primer lugar, la tradición de España, desde el Descubrimiento de América, como nación marítima que en los siglos XV, XVI y VVII fue pionera en abrir para Europa nuevos espacios, nuevos continentes, nuevos océanos. Segundo: un país del peso específico de España, que está entre las quince mayores economías del mundo, no ha de pasar por alto la relevancia geopolítica que representan las regiones polares. No hay, en efecto, ningún país de cierta envergadura que de uno u otro modo no se haya posicionado en ellas. Y España, claro está, no es ni puede ser una excepción.
De hecho, es suficientemente conocida la relevante contribución de España a la exploración del Continente Antártico, tanto en el pasado como en la actualidad. Fue, por ejemplo, un explorador español el primero en llegar a latitudes antárticas: Gabriel de Castilla, quien en 1604 navegó hasta los 64º de latitud Sur y pudo ver con sus propios ojos las tierras y montañas de ese hasta entonces desconocido continente. Y, ciento diez años antes, fue un tratado internacional entre España y Portugal (Tordesillas, 1494) el primero en referirse al entonces ignoto “Polo Antártico” sobre el que anteriormente sólo habían conjeturado algunos geógrafos de la Grecia Clásica.
En nuestros días, debe resaltarse la notable actividad científica de España en la Antártida, que se desarrolla no sólo a través del buen trabajo del buque oceanográfico “Hespérides”, sino también mediante la base permanente Gabriel de Castilla, así denominada en honor al ya citado navegante. Hagamos también referencia a las constantes expediciones españolas, científicas o de exploración, a aquellos fríos y deslumbrantes parajes, en las que incluso ha participado el autor de estas líneas, quien desde diciembre de 2003 a enero de 2004 completó por primera vez la travesía del Monte Vinson, cima más elevada y gélida de la Antártida, tras alcanzar su cumbre escalando los 2000 metros de su técnicamente difícil Pared Oeste.
España, en suma, ya ha consolidado su actividad y su presencia en la Antártida. Y ello por innegables motivos históricos y geopolíticos: no olvidemos que desde el siglo XVI hasta el XIX, España, a través de sus Virreinatos en el Sur de América, fue el país europeo más cercano a la Antártida, y esa larga trayectoria tiene su lógica continuación en nuestra adhesión (1982) al Tratado Antártico, cuyos idiomas oficiales son, además del español, el francés, el inglés y el ruso.
El Ártico y España
Bien. ¿Y el Ártico? ¿Qué papel y sobre todo qué intereses tiene España en el Ártico?
A priori, el Ártico y el Polo Norte son, para la mayoría de los españoles, lugares lejanos y hostiles, que nos evocan un paisaje con tempestades de nieve, focas, osos polares y fotografías de alguna insólita aurora boreal. No se da la tradición de cercanía que hemos tenido con la Antártida, en el otro extremo del planeta. Y escasa ha sido hasta el momento la presencia de España en esta región del Norte, salvo la notable actividad (con gran prestigio internacional) desarrollada por investigadores científicos. Es todo. O casi todo.
Porque hay otros datos que merecen ser recordados. Nuestro país es, por ejemplo, uno de los firmantes del Tratado de París (1920), aún en vigor, en el que se reconoce la soberanía de Noruega sobre las islas de Svalbard (Spitzbergen) a cambio de una regulación juiciosa de los recursos naturales de la zona. Tema, digámoslo de paso, no del todo aún resuelto. Pero los hechos son que buena parte de la investigación que España realiza en el Ártico se desarrolla, precisamente, en dicho archipiélago.
Además, España es, desde octubre de 2006, miembro observador del Consejo Ártico, es decir, la entidad internacional que, a día de hoy, constituye el máximo foro intergubernamental para la cooperación y el alcance de acuerdos en esta peculiar región del mundo.
Sin duda, formar parte como observador de este Club Ártico ha sido un acierto de la Política Exterior de España. Junto a España, son observadores del Consejo Ártico otros países como Francia, Italia, los Países Bajos, el Reino Unido, Alemania y Polonia, entre los europeos; y Japón, Singapur, China, la India y Corea del Sur entre los asiáticos. ¿Por qué –se dirá- el Ártico es importante para España? En el caso de la Antártida sí están muy claros nuestros motivos. Pero, ¿Y el Ártico?
La tesis fundamental de este artículo es la siguiente: España tiene sólidas razones para reafirmar e incrementar su acción y su presencia en el Ártico. A ello contribuyen, de entrada, los dos motivos ya expuestos: la tradición de España como nación marítima y la importancia geopolítica de la Región, que obligatoriamente ha de ser tenida en cuenta por un país con el peso específico del nuestro.
Pero hay otras razones. Y, de ellas, una muy simple: las cuestiones geopolíticas relacionadas con el Ártico serán de cada vez mayor importancia por causa del innegable cambio climático que, con la creciente disminución de los hielos en aquellas latitudes, abre a la navegación rutas marítimas que antes eran intransitables, entre ellas la del mítico Paso del Noroeste. España, insistamos, es un país marítimo. Es obvio, pues, que con una de las mayores flotas pesqueras del mundo (y la primera de Europa), a España no le puede resultar indiferente la apertura de nuevos espacios oceánicos en el Norte. Y hay más motivos para que España le dé relevancia al Ártico. Por un lado, el científico. Suficientemente conocidas son las aportaciones de los investigadores españoles (y del buque Hespérides) en entornos polares. Un desafío en el que España ha de profundizar en la trayectoria iniciada.
No olvidemos, además, la cuestión energética: España es el principal importador de gas licuado (LNG) de Europa, y el país europeo con más infraestructuras para ello. Y el Ártico cuenta con las mayores reservas del mundo en esta fuente de energía, en especial en la península de Yamal (Rusia); de hecho, está previsto que, si las dificultades financieras de Rusia debidas a las sanciones de Occidente no lo impiden, hasta el diez por ciento del suministro de gas natural a España provenga desde la mencionada península.
El Consejo Ártico
¿Cuál será, en el futuro (y un futuro que se prevé cercano a medida que se acelere el cambio climático), la forma que tome la regulación internacional de las cuestiones del Ártico? España, como país observador, no puede tener la influencia con la que cuentan los países ribereños del Ártico, es decir la de quienes, por motivos de pura geopolítica, sí podrían mantener reclamaciones territoriales con sus vecinos tanto por las plataformas continentales como por las aguas territoriales. Y estos países, miembros todos ellos del Consejo Ártico, son Canadá, los Estados Unidos (por Alaska), Islandia, Rusia, Suecia, Finlandia, Dinamarca (por Groenlandia) y Noruega.
No es el objetivo de este artículo analizar en profundidad las diversas posiciones que en materia ártica mantienen los mencionados países, en ocasiones enfrentadas entre ellas en razón de intereses geopolíticos manifiestamente opuestos. Tan sólo ha de reseñarse que las cuestiones encima de la mesa distan de ser insignificantes. Estamos hablando, ya se ha dicho, de plataformas continentales, y por lo tanto del reparto de recursos energéticos. Estamos hablando de Seguridad Nacional, sobre todo en el caso de tres de estos países. Y, también, de aguas territoriales, es decir, de soberanía sobre rutas marítimas y necesidad de permisos para navegar por las aguas que un país determinado puede considerar suyas, como ya se ha visto en algún episodio de cierto desacuerdo entre Canadá y los EEUU. Asuntos todos ellos de innegable importancia para la estabilidad planetaria, aunque sin llegar al extremo de constituir elementos de una nueva “Guerra Fría” como sin demasiado fundamento algunos han llegado a afirmar en público en los últimos años.
España ha de contar con una política para el Ártico en la que se clarifiquen nuestros intereses y nuestras prioridades. Esta es la convicción, que comparto, en la que la mayoría de los investigadores y profesores universitarios españoles han insistido en sus trabajos, especialmente los publicados por la profesora Elena Conde, de la Universidad Complutense, quien afirma que es preciso concretar una “estrategia política pública y definida que guíe a nuestras autoridades e inversores”.
Este objetivo en buena parte ya se ha logrado con la Antártida, y de hecho el principal protocolo internacional sobre dicho continente en materia de protección del medio ambiente fue firmado en Madrid en 1991. Pero en lo referente al Ártico, se echa todavía de menos un documento oficial que defina la posición de España.
Las respectivas cancillerías y ministerios de algunos países de la U.E ya han redactado papeles de este tipo; se trata, claro está, de textos que reúnen una serie de afirmaciones y juicios bastante genéricos, pero que constituyen instrumentos de trabajo útiles para seguir profundizando en la clarificación de conceptos e intereses sobre una región que, como ya se ha visto, está teniendo y va a tener cada vez más peso en el orden mundial. Por su claridad de ideas y por su valía como ejemplo de un papel bien hecho, merece ser mencionado el documento estratégico elaborado por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania que, desde una perspectiva en favor de la cooperación multilateral sin excluir a la UE, incide en la necesidad de espacios libres para la investigación científica, en la importancia de la prioridad medioambiental, y por supuesto en la apuesta por acuerdos duraderos conforme al Derecho Internacional en materia de tránsito por los nuevos espacios y rutas que se abren a la navegación; cosa esta última bien lógica , ya que Alemania cuenta con la tercera mayor flota comercial del mundo.
Una estrategia española para el Ártico
Cabe pronosticar, por lo tanto, que en breve España habrá elaborado un sólido documento estratégico oficial sobre el Ártico. Y cabe pronosticar, también, que dicho papel no va a generar recelos o desconfianzas ni en los países miembros del Consejo Ártico ni en el resto de los países observadores, con algunos de los cuales ya existe una sólida cooperación y complementación de intereses para esta zona del mundo. Todo parece indicar, en efecto, que España, igual que en la Antártida, en lo relativo al Ártico se va a inclinar por una política de cooperación internacional y de alcance gradual de acuerdos duraderos que eviten confrontaciones y contenciosos en esta zona del planeta, sobre todo en lo referente al medio natural, a la navegación, a la investigación científica y a la explotación de los recursos energéticos. Nadie tiene motivos, no puede tenerlos, para recelar de España.
¿Cómo ha de concebir la Política Exterior de España ese “documento de trabajo” o esa “estrategia general” para el Ártico o, si se prefiere, para las regiones polares? Una tarea de ese tipo, digámoslo de antemano, en realidad no resulta demasiado difícil. No, no es tan extremadamente complejo fijar las prioridades y los principios básicos de la Política Exterior (o de cualquiera de sus elementos que la integran) de un país, el que sea. Se trata de algo tan simple como lo siguiente: por un lado, de aplicar la razón y el sentido común a intereses permanentes, y por lo tanto a parámetros permanentes, es decir a aquellos que vienen determinados por la geopolítica de cada país, pero también por la historia, por los intereses políticos y económicos, por el mayor o menor grado en el que ese país tiene vocación de ejercer un papel relevante en el mundo. Y por otro lado, se trata de tener en cuenta con lucidez los cambios (en este caso del Ártico, incluso los del clima) en un entorno que por definición no es estático, puesto que el mundo desde que existe no ha dejado de transformarse.
La aprobación de dicho Documento de Estrategia corresponde al Comité Polar Español, organismo que centra su actividad en la coordinación de proyectos y actividades de los científicos e investigadores españoles. Pero, como es natural, el mayor peso en su elaboración lo tiene el Ministerio de Asuntos Exteriores, que preside el Grupo de Geoestrategia. Y, siendo suficientemente conocido el alto nivel de los funcionarios y expertos de dicho Ministerio, cabe conjeturar sin mucho esfuerzo que el documento resultante será de una gran calidad. Sobre todo si también tenemos en cuenta la aportación que en esa tarea tendrá el propio Comité Polar, eficazmente dirigido por el Almirante Manuel Catalán.
Por otro lado, hay que tener en cuenta un dato que, aunque poco conocido, dice mucho sobre la previsiblemente creciente vocación de España en cuestiones del Ártico: la cantidad y la alta calidad de los trabajos sobre esta materia publicados en español tanto por profesores universitarios como por diplomáticos, representantes de institutos y fundaciones, oficiales de las Fuerzas Armadas y, sobre todo, por investigadores científicos. De hecho, sobre el Ártico, en español, quién lo diría, está casi todo escrito. Sólo hace falta concretarlo en un papel oficial.
Con todo, un documento de este tipo y de esta relevancia no se improvisa. Es decir: ha de estar fundamentado en una amplísima base de consultas en las que participen no sólo funcionarios de la Administración y expertos en política exterior, sino también profesores universitarios, responsables de los diversos think tanks, representantes de empresas públicas y privadas, científicos e investigadores, especialistas en marina mercante o militar, e incluso, por qué no, especialistas de otros países.
En el ámbito parlamentario podemos encontrar varios antecedentes de semejantes papeles bien pensados y con conclusiones claras. Recordemos, por ejemplo, el excelente informe que en el Reino Unido hizo la Cámara de los Lores sobre el Cambio Climático, por mencionar una materia bastante ligada a la que en estas líneas se trata. O, en España, una ponencia de estudio sobre la Comunidad Iberoamericana de Naciones que realizó la Comisión de Asuntos Iberoamericanos del Senado en 1996 y 1997, y que se adelantó a su tiempo al proponer la idea de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) y la participación de los parlamentos iberoamericanos en el Sistema de Cumbres Iberoamericanas. Objetivos entonces trazados que se hicieron realidad, respectivamente, mediante la creación de la SEGIB en 2003 (Tratado de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, ratificado con posterioridad por los parlamentos de las naciones iberoamericanas), y con el establecimiento del Foro Parlamentario Iberoamericano en Montevideo en 2007. Quien esto escribe conoce bien los trabajos de aquella ponencia porque como presidente de dicha Comisión desde 1996 hasta 2008 fue su principal responsable. Merecen ser recordadas las aportaciones de todos los expertos que intervinieron: nadie sobró en aquellas comparecencias parlamentarias, que se prolongaron durante casi un año, y que dieron lugar a concusiones que, publicadas en un libro del Senado de 1997, siguen ahora siendo válidas casi 20 años después. Citados queden estos dos ejemplos.
Esto nos lleva a la participación del Parlamento en las cuestiones polares. Es más: sirvan los ejemplos expuestos en el anterior párrafo para lanzar la idea de la posible constitución, en el Parlamento de España, de una ponencia de estudio sobre la Política Exterior de España en las zonas polares. En efecto, ha llegado el momento para tal desafío parlamentario, que hace cinco y ya no digamos quince años, por prematuro, hubiese resultado inimaginable. Cualquiera de las dos Cámaras del Parlamento es la que puede encargarse de ello, si bien tal vez resulte más aconsejable que sea en el Senado, y ello por ser una Cámara menos politizada y con mayor margen para la reflexión sosegada y sólida que el Congreso de los Diputados.
Esperemos que alguien sepa recoger esta idea en la próxima legislatura tras las ya próximas elecciones generales. Estoy convencido de que el Parlamento hará un buen papel.
España, en suma, ha de prestar atención al Ártico. Ya se ha visto que hay motivos de peso para ello. Manos a la obra, pues. A todos nos irá mejor si no perdemos el Norte. Luis Fraga*. *Luis Fraga ha sido Senador del Reino de España entre 1989 y 2011 y actualmente es Presidente del WSO (World Stability Observatory). (Por Luis Fraga; La Gaceta de los Negocios.es)
05/08/15