El sector naval español consigue sus dos primeros contratos tras el conflicto con Almunia

El sector naval español consigue sus dos primeros contratos tras el conflicto con Almunia

Los astilleros guipuzcoanos Balenciaga construirán dos buques de 30 millones de euros cada uno que inauguran el nuevo marco fiscal validado por la Comisión Europea que entró en vigor el pasado mes de enero.


Los astilleros guipuzcoanos Balenciaga construirán dos buques de 30 millones de euros cada uno que inauguran el nuevo marco fiscal validado por la Comisión Europea que entró en vigor el pasado mes de enero.

Los inversores vuelven a los astilleros españoles después del prolongado conflicto con la Comisión Europea sobre las ayudas fiscales –el llamado «tax lease»– recibidas en el pasado. De esta forma, el pasado viernes se cerraron dos contratos para la construcción de dos buques «Platform Supply» en los astilleros guipuzcoanos Balenciaga por un importe que rondará los 30 millones de euros cada uno y que generarán 720.000 horas de trabajo.

Estos dos barcos han sido encargados por un armador británico y tienen como inversores a un banco y una aseguradora española, según apuntan fuentes próximas a las operaciones que calculan que en los próximos meses se cerrarán siete nuevos contratos más. Desde la patronal de los astilleros privados, Pymar, celebran que los contratos son «la mejor prueba de confianza de los inversores en el sector naval», esperan que supongan el inicio de nuevas inversiones y agradecen el trabajo llevado a cabo por los ministerios de Industria y Hacienda.

El nuevo «tax lease» nacional, validado por Bruselas después de que suspendiera el anterior sistema en junio de 2011, comenzó a aplicarse en enero de este año pero aún no había conseguido traducirse en contratos de buques para los astilleros nacionales por la inseguridad jurídica generada a causa de la devolución de las exenciones fiscales concedidas a inversores en el marco del anterior sistema entre 2007 y 2011. El comisario europeo de Competencia, Joaquín Almunia, aprobó la devolución de una parte de estas ayudas, consideradas ilegales, aunque este veredicto no afectó a las bonificaciones recibidas por astilleros o armadores. Hacienda ha calculado que el montante que los inversores deberán devolver oscilará los 126 millones de euros, si bien el Gobierno español y la Comisión Europea aún están negociando la cifra final.

04/12/13

ABC (España)

 

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