Para esa fecha se espera que se pueda navegar por la cuenca baja, que baña la Capital y el GBA.
Para esa fecha se espera que se pueda navegar por la cuenca baja, que baña la Capital y el GBA.
El Riachuelo sólo recuperaría parte del oxígeno que la contaminación le quitó hace dos siglos dentro de dos décadas. Si se concretara el plan de saneamiento oficial del curso de agua más contaminado de la Argentina, el plazo de diez años anunciado por el Gobierno sería realidad sólo en la cuenca alta, a la altura de Marcos Paz, Cañuelas y Las Heras.
Se desconoce cuánto tiempo le tomará a la naturaleza recuperar las aguas de la cuenca baja, que bañan la Capital, Avellaneda, Lanús, Almirante Brown y Lomas de Zamora. En las especulaciones más favorables se habla de un plazo mínimo de 20 años. En tanto, para la cuenca media -Ezeiza, La Matanza y Esteban Echeverría- se calcula un plazo de un poco más de 10 años.
Según pudo saber LA NACION, éstos son los plazos que se analizan en los despachos del Gobierno y en la flamante autoridad de cuenca. Resta determinar cuáles serán los usos para los cuales las aguas serán aptas.
"Es erróneo imaginar que alguien pueda volver a bañarse en el Riachuelo, al menos en la cuenca baja", explicó una calificada fuente de la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación, que coordina las acciones de la autoridad encargada de realizar el saneamiento. "Para esa zona pretendemos recuperar el oxígeno y hacerla apta para la navegación", agregaron las fuentes.
Estas son las definiciones en las que trabaja la comisión conformada para unificar la regulación y la legislación ambiental que deberán respetar las empresas que descargan sus efluentes en la cuenca, ya que permitirán establecer la concentración másica (capacidad para procesar el volumen volcado) que puede soportar el río en cada uno de sus tramos.
"No es la misma la concentración que se permitirá a las empresas instaladas en la cuenca media que a las de la cuenca baja. Cuando haya mayor número de empresas, los niveles permitidos de descarga deberán ser menores si el río no es capaz de procesarlos", dijo a LA NACION Romina Picolotti, secretaria de Medio Ambiente.
Esa definición estaría lista en los próximos meses, una vez que se determinen los niveles de descarga y el estado de las industrias instaladas en la cuenca categorizadas como riesgosas: los frigoríficos, las galvanoplastias y las curtiembres.
Según el informe preliminar presentado ante la Corte Suprema de Justicia la semana pasada, fueron inspeccionadas todas las curtiembres y galvanoplastias, y al cierre de esta edición había sido controlado el 70% de los frigoríficos.
Datos alarmantes
Los datos son realmente escalofriantes: de las 19 muestras cuyos resultados se hicieron públicos hubo 18 que arrojaron niveles por encima de lo permitido por la legislación: hasta 13.000 veces más grasas, 20 veces más sulfuro y hasta 530 veces más cromo que los permitidos.
"Se ha comprobado que el cromo puede actuar como irritante a nivel de las fosas y tabique nasales, como también sobre la piel, provocando desde inflamación hasta úlceras, dependiendo de la dosis y de la susceptibilidad del afectado. Su ingestión en grandes cantidades puede provocar lesiones en el tubo digestivo, hígado y riñón, síntomas neurológicos, como convulsiones, y aun la muerte", señala un informe que está en manos de los jueces de la Corte, al que tuvo acceso LA NACION.
¿Cómo se puede hacer entonces para controlar esos volcados? Picolotti, optimista, cree que en los próximos meses comenzarán a verse los resultados del plan de reconversión al que están adhiriendo algunas empresas.
Además, la autoridad de cuenca contará con una matriz de datos hasta el momento inédita: se instalarán cinco estaciones que monitorearán las aguas del Riachuelo. El sistema de control, que será operado por el Instituto Nacional del Agua (INA) las ubicará en el puente La Noria; en la estancia La Candelaria, sobre el afluente Morales; en Máximo Paz, sobre el afluente Cañuelas, y dos en la autopista Ricchieri, sobre el cauce del río Matanza: una, en la zona rectificada del curso de agua, y la otra, en la no rectificada. También se instalarán seis estaciones meteorológicas. La licitación de la obra, cuyo presupuesto es de $ 1.031.670, se abrirá el 30 de marzo próximo.
Finalmente, desde esta semana, expertos de la UBA analizarán el plan presentado por el Gobierno después de que la Corte ordenara su intervención. Muchos esperan que éste sea el primer paso para que el máximo tribunal se expida sobre la causa.
Por Laura Rocha
De la Redacción de LA NACION
28/02/07
LA NACION