Diputados ya tienen dictamen para aprobar el proyecto emanado del Senado.
Diputados ya tienen dictamen para aprobar el proyecto emanado del Senado.
La Cámara de Diputados ya tiene dictamen para tratar el proyecto de ley que endurece sanciones a empresas pesqueras que venían desempeñándose con doble permiso, emitido por nuestro país y por el gobierno de las Islas Malvinas, en una iniciativa que en la práctica las obliga a optar por la actividad en una u otra jurisdicción, evitando la doble faena que hasta ahora viene dándose por parte de algunas empresas transnacionales.
La norma ya tiene media sanción en el Senado, que la aprobó en septiembre del año pasado, mientras que ahora se aguarda su tratamiento en la Cámara Baja.
El proyecto había sido promovido, entre otros, por la senadora por Chubut Silvia Giusti, mientras que ayer otro chubutense, el diputado Eduardo De Bernardi, quien preside la comisión de Intereses Marítimos y Portuarios, informó que la intención es aprobar la norma en la sesión de hoy 28 de marzo, aunque no había seguridad en que finalmente el proyecto fuera incluido.
La iniciativa apunta a sancionar a empresas españolas que vienen operando con “doble permiso”, alternativamente en aguas de las islas como del mar territorial argentino, tal como quedó en evidencia el año pasado, cuando el buque propiedad de una de esas empresas fue detectado en maniobras de pesca sin permiso en el mar argentino.
Si bien en el proyecto de ley no se hace ninguna mención expresa a la cuestión Malvinas, al parecer para evitar un nuevo problema diplomático, la iniciativa puntualmente plantea que para acceder a permisos y cuotas de captura otorgadas por el Consejo Federal Pesquero, las empresas postulantes no deberán operar con permisos del gobierno kelper.
El proyecto obliga a las empresas a presentar una declaración jurada por la que certifiquen, por ejemplo, que “no son armadores ni propietarios de buques pesqueros que realicen operaciones de pesca dentro de las aguas bajo jurisdicción de la República Argentina , sin el correspondiente permiso de pesca emitido de conformidad con lo previsto en la presente”.
El impedimento también va para las empresas que radicadas en Argentina, tengan trato comercial con empresas beneficiarias de permisos otorgadas por el gobierno de las islas. Esto se plantea en el punto C del artículo 1 de la norma, que establece la obligación de declarar bajo juramento que “Carecen de relación jurídica, económica, o de beneficio, con personas físicas o jurídicas, propietarios y/o armadoras, de buques pesqueros que realicen operaciones de pesca dentro de las aguas bajo jurisdicción de la República Argentina sin el correspondiente permiso de pesca emitido de conformidad con lo previsto en la presente”.
Sin mención a las Islas Malvinas (el texto habla de “agua bajo jurisdicción de la R.A …”) lo que se busca es bloquear las operaciones comerciales de empresas que operan por sobre el litigio territorial, con buques y permisos cedidos por nuestro país y por el gobierno kelper. Pero además, la norma parece también apuntar a impedir que más empresas, de un total que involucra a 80 buques, se tiente con la modalidad asumida por el gobierno isleño, a que ha comenzado a otorgar permisos por 25 años de duración, en lugar de un año como ocurre actualmente en la legislación argentina. En la actualidad, son alrededor de seis las empresas armadoras, de origen español, que cuentan con permisos de una y otra jurisdicción.
Hay pocos indicios de que la norma sea aprobada finalmente, lo que era la intención inicial, en el marco de la semana previa al próximo 2 de abril, cuando se cumplirán 25 años desde aquel intento de la dictadura militar para recuperar las islas por la fuerza.
La norma además fija sanciones de hasta 10 millones de pesos para empresas que incumplan algunos de los impedimentos establecidos para tener derecho a contar con permisos de pesca otorgados por nuestro país.
28/03/07
Crónica de CRV