La decisión tuvo su contexto. Minutos después de que se conoció el procesamiento a Omar Suárez, secretario general del Sindicato Obreros Marítimos Unidos (SOMU), el gremio determinó que todos sus afiliados embarcados trabajaran “a reglamento”.
La decisión tuvo su contexto. Minutos después de que se conoció el procesamiento a Omar Suárez, secretario general del Sindicato Obreros Marítimos Unidos (SOMU), el gremio determinó que todos sus afiliados embarcados trabajaran “a reglamento”.
La medida se dirigió a los armadores y agentes marítimos que integraron sus denuncias en la causa que lleva adelante el juez federal Rodolfo Canicoba Corral, y afectó a todos los barcos en operaciones que precisaran la asistencia de un remolcador para maniobrar en el ingreso o egreso de un puerto.
Así, sólo se prestó este servicio “durante las 8 horas de la jornada laboral, y en dos turnos -de 7 a 11 y de 13 a 17- sin horas extras”, indicó un armador. El trabajo a reglamento (que está contemplado en el convenio colectivo del SOMU) genera demoras, reprogramaciones de los servicios y extracostos en dólares. Si bien no es “ilegal”, el problema surge cuando el trabajo a reglamento afecta la seguridad en la navegación. Justamente, uno de los casos por los que se denunció a la cúpula del SOMU.
En esta oportunidad, se afectó a los buques tanque (hidrocarburos) y los de carga (contenedores), y se habría exceptuado a los cruceros.
Desde el SOMU descartaron asociar la decisión al procesamiento, y argumentaron que fue en respuesta “a la cantidad de denuncias que realizamos en el Ministerio de Trabajo y de las cuales no tenemos ningún tipo de respuesta”. La medida del SOMU se suspendió el martes a las 14. (Por Emiliano Galli; La Nación)
11/12/14