En momentos en que el desánimo se acrecienta en vastos sectores de la sociedad argentina y la desmesura es la vara con la que se miden las respuestas del gobierno y de las entidades del campo enfrentados en un conflicto que debió haberse resuelto hace ya muchos días, el Congreso de la Nación pudo dar un paso responsable y necesario para la reafirmación de nuestra soberanía y la defensa de un uso sustentable de los recursos pesqueros en el mar.
En momentos en que el desánimo se acrecienta en vastos sectores de la sociedad argentina y la desmesura es la vara con la que se miden las respuestas del gobierno y de las entidades del campo enfrentados en un conflicto que debió haberse resuelto hace ya muchos días, el Congreso de la Nación pudo dar un paso responsable y necesario para la reafirmación de nuestra soberanía y la defensa de un uso sustentable de los recursos pesqueros en el mar.
La reciente sanción de las modificaciones a la Ley Federal de Pesca es la lógica respuesta frente a los compromisos internacionales asumidos por nuestro país de luchar contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. Flagelo que representa una amenaza directa para la conservación de muchas poblaciones ícticas del mundo y que además impide el éxito de cualquier plan de manejo pesquero biológico, económico y socialmente sustentable, constituyendo también un peligro para la seguridad alimentaria y el medio ambiente marino.
Dentro de este contexto, la ley sancionada contribuye con el Plan de Acción Nacional para Prevenir, Desalentar y Eliminar la Pesca Ilegal, no Declarada y no Reglamentada (PAN-INDNR) aprobado por el Consejo Federal Pesquero, conforme los reiterados llamamientos hechos por la FAO a los estados de adoptar medidas eficaces para combatir la pesca ilegal.
Pero también para la Argentina es mucho más, porque es la respuesta debida y necesaria frente a la conducta ilegal e ilegítima llevada adelante por el Reino Unido de otorgar licencias de pesca, ahora por 25 años, en espacios marítimos adyacentes a las nuestras Islas Malvinas y sobre los que la comunidad internacional a través de las Naciones Unidas reconocen que hay una disputa de soberanía y que hasta tanto no se resuelva torna ilegítimo cualquier acto unilateral de disposición sobre los recursos naturales cuya titularidad, administración y poder de regulación son atributos y un corolario de la soberanía, cuestión sobre la que la potencia colonial se niega a iniciar conversaciones con nuestro país.
La pretensión del Reino Unido de arrogarse la facultad de conceder licencias de pesca, como el otorgamiento de licencias para la realización de actividades hidrocarburíferas en las aguas adyacentes a nuestros archipiélagos australes sin la autorización de nuestro país merecieron serias y formales protestas del gobierno argentino. En el caso de la explotación de hidrocarburos, a las protestas, la diplomacia argentina sumó gestiones de desaliento a la participación, directa o indirecta de las empresas al advertirles que por la ilicitud de su accionar serían pasibles de sanciones legales.
Tal fue el caso de la francesa Compagnie Générale de Géophysique y su homónima norteamericana, con sede en Houston, que fueron notificadas de la situación a la que se exponían cuando trascendió que habían sido contratadas por la británica Rockhopper Exploration para realizar prospección sísmica en la Cuenca Malvinas Norte sin la autorización argentina correspondiente.
Por su parte, y con el mismo propósito de disuasión y eventualmente de sanción, la Secretaría de Energía implementó un sistema de restricciones en el registro de empresas que realizan actividades petroleras.
Ahora y en esa misma línea, el Congreso de la Nación hizo su aporte al perfeccionar, con unánime consenso, la Ley Federal de Pesca como un instrumento que contribuya a salvaguardar nuestros derechos irrenunciables sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y sus espacios marítimos circundantes y a defender las riquezas de nuestro mar contra la pesca ilegal
En estas horas de desencuentros, el camino que siguió esta ley se transforma en un ejemplo que demuestra los beneficios de construir con seriedad y consenso políticas de Estado en torno a nuestros intereses nacionales.
02/06/08
PESCA & PUERTOS