(FNM) Edilene Araújo Fue peluquera antes de convertirse en soldadora naval. Fueron siete años entre las poltronas y los espejos de un salón en la ciudad de Rio Grande (RS), a 330 km de Porto Alegre, antes de aquel curso de soldadura que la ubicó en la planta de empleados del Astillero Rio Grande, en 2012. Desempleada hace seis meses – fecha que coincide con el momento en que la compañía controladora del astillero en el que trabajaba apareció en la lista de empresas investigadas por la Operación Lava-Jato -, ella no se arrepiente de haber cambiado de carrera. Como metalúrgica, ganaba mejor y no tenía que lidiar con químicos el día entero.
(FNM) Edilene Araújo Fue peluquera antes de convertirse en soldadora naval. Fueron siete años entre las poltronas y los espejos de un salón en la ciudad de Rio Grande (RS), a 330 km de Porto Alegre, antes de aquel curso de soldadura que la ubicó en la planta de empleados del Astillero Rio Grande, en 2012. Desempleada hace seis meses – fecha que coincide con el momento en que la compañía controladora del astillero en el que trabajaba apareció en la lista de empresas investigadas por la Operación Lava-Jato -, ella no se arrepiente de haber cambiado de carrera. Como metalúrgica, ganaba mejor y no tenía que lidiar con químicos el día entero.
“Continúo mandando currículos, pero es difícil”, afirma. El sindicato local calcula que, como ella, otras 17.000 personas perdieron el empleo en el sector naval entre noviembre y enero, solamente en las ciudades de Rio Grande y São José do Norte – donde se encuentra el astillero EBR, administrado por Toyo Setal, también citada en la investigación de la Policía Federal.
Con cesantías en Bahia, Pernambuco y Rio, el sector naval – que entre 2004 y 2012 multiplicó el volumen de trabajadores de 2.000 a más de 80.000– ya cuenta con más de 20.000 bajas desde que estalló la denuncia del esquema de pagos de sobornos en la empresa estatal, según cifras de los sindicatos de trabajadores. Parte de esos cortes son cíclicos, ya que la mayoría de los contratos en el sector son temporarios.
Lo que preocupa a los sindicatos es la perspectiva de reducción significativa de nuevos proyectos ante la desaceleración de las inversiones. En lugar de nuevos contratos, la expectativa de las entidades que representan a los metalúrgicos y trabajadores de la construcción civil es que los recortes continúen.
El principal problema en el corto plazo es el atraso en los pagos de Sete Brasil con cinco astilleros contratados para producir 29 buques de exploración: Rio Grande, en Rio Grande (RS); BrasFels, en Angra dos Reis (RJ); Jurong, en Aracruz (ES); Enseada Paraguaçu, en Maragojipe (BA), y Atlântico Sul (EAS), en Ipojuca (PE).
En medio de una crisis financiera, Sete Brasil – creada para gestionar la construcción de los buques, que luego serían alquilados a Petrobras y usados para explorar el presal, perforando nuevos pozos – depende de préstamos previstos con el BNDES para resolver problemas de caja. La firma de los contratos está trabada desde que el primer director de operaciones de la empresa de sondas, Pedro Barusco, afirmó haber recibido coimas de empresas contratistas cuando era gerente de servicios de Petrobras.
Sete Brasil informó a Valor que está “en permanente negociación con los astilleros ” y que “trabaja para concluir la contratación de líneas de crédito de largo plazo, en especial, con el BNDES (aprobadas en 2013)”. La empresa sostiene también que ” sigue actuando para la obtención de nuevas líneas de financiamiento de corto plazo”.
En el mediano plazo, preocupa la lista de 23 grupos impedidos temporariamente de participar de licitaciones de la estatal, ya que muchos de ellos son también accionistas de los mayores astilleros del país. Algunas empresas y especialistas todavía tienen dudas sobre si el bloqueo vale también para las subsidiarias, entre ellas los astilleros.
Petrobras, por su parte, aún no aclaró el asunto, pero convocó solo a empresas extranjeras a participar de la licitación abierta en enero para volver a contratar los servicios de construcción de los módulos de compresión de gas inicialmente a cargo de Iesa Óleo e Gás.
El Sindicato de los Metalúrgicos de Rio de Janeiro (Sindimetal-Rio) teme perder la mitad de los casi 7.000 empleados de Enseada Inhaúma – controlado por Odebrecht, OAS, UTC y por la japonesa Kawasaki – después de septiembre, cuando termine el montaje de la plataforma P-74.
“Como los otros tres encargos (P-75, P-76 y P-77) fueron transferido a China, después de esto no tenemos ningún pedido”, explica Alex Santos, presidente de la entidad. El ejecutivo critica la “parálisis” de las inversiones en el sector desde la deflagración del Lava-Jato y alerta por el impacto de inercia sobre los casi 30.000 empleos que los astilleros mantienen solo en Rio.
Su homónimo bahiano del astillero que pertenece al mismo consorcio, tenía poco más de 5.000 empleados hasta fin del año pasado. Cerca de 3.300 trabajaban en la construcción de la infraestructura, con la entrega prevista para diciembre de 2015, y el personal restante montaba dos de los seis barcos de exploración encomendados por Sete Brasil.
Según Bebeto Galvão, diputado federal por el PSB y presidente del Sindicato de Trabajadores de la Construcción Pesada del Estado de Bahia (Sintepav), Sete Brasil tiene pagos atrasados desde octubre, por un total de US$ 210 millones.
El consorcio Enseada confirma 3.500 cesantías entre noviembre y enero, 1.081 en Enseada y 2.428 en el Consorcio Constructor Bahia (CEP), responsable por la estructura, que ya estaba terminada en un 80%. Según el director de personal y organización, Ricardo Lyra, parte de las cesantías fueron “preventivas” – una manera de readecuar el planeamiento de la obra al “actual escenario del país, con impacto directo en la industria naval brasilera”.
Para destrabar las inversiones en el sector, Galvão, de Sintepav-BA, defiende la liberación a Sete Brasil de los recursos del BNDES y de préstamos-puente negociados con la Caixa y con el Banco do Brasil.
En Niterói (RJ), el astillero UTC suspendió hasta comienzos de febrero a 650 de sus 800 empleados. Los recortes habrían sido consecuencia, según el sindicato de metalúrgicos local, de la finalización de dos módulos de la plataforma P-56, entregados a comienzos de mes. Los 150 empleos remanentes, según Edson Rocha, dirigente de la entidad, estarían en riesgo en caso de que la empresa, que también figura en la lista de grupos bloqueados para las nuevas licitaciones de Petrobras, no consiga cerrar nuevos contratos antes de marzo.
UTC en tanto, se limitó a declarar que “a medida que los trabajos referentes a la encomienda de cuatro cascos sean entregados y los contratos cerrados, también llegará su fin el contrato de mano de obra”.
El grupo Keppel Singmarine Brasil, dueño del astillero Brasfels, en Angra dos Reis (RJ), puso a los 700 empleados de su astillero de Itajaí (SC) – que no presta servicios directamente para Petrobras – en licencia colectiva hasta fin de mes. Consultada, la empresa dijo que no se manifestaría sobre el tema. Para Oscar João da Cunha, presidente del sindicato de metalúrgicos local, la empresa de Singapur estaría esperando los desdoblamientos del escándalo de la estatal para decidir qué va a hacer con sus inversiones en Brasil.
En Pernambuco, el astillero Atlântico Sul registra cerca de 300 despidos desde principios de año y cuenta con poco más de 4.000 empleados.
La situación es peor en la cadena de abastecedores del sector metalúrgico. En 2014, las industrias de equipamientos ligadas al sector naval eliminaron 1.995 puestos de trabajo, un 36% del total de empleados.
Consultada, Petrobras no respondió las preguntas enviadas para el reportaje, sobre el plazo de vigencia de la lista de empresas bloqueadas, la posibilidad de flexibilización de la política de contenido nacional ni sobre los riesgos de pérdida de empleos e inversiones en el sector naval. (Por Camilla Veras Mota; Valor Econômico en Portos e Navios. Adaptado al español por NUESTROMAR)
24/02/15