La iniciativa que prevé construir un represa para formar un lago artificial de 8 mil hectáreas para irrigar unas 28 mil nuevas ha de arroz, suma voces a favor y en contra. Sin embargo, avanza con promesas de millonaria inversión y la creación de fuentes de trabajo.
La iniciativa que prevé construir un represa para formar un lago artificial de 8 mil hectáreas para irrigar unas 28 mil nuevas ha de arroz, suma voces a favor y en contra. Sin embargo, avanza con promesas de millonaria inversión y la creación de fuentes de trabajo.
El proyecto Ayuí Grande, por el cual un conjunto de empresas pretende crear una represa para formar un lago artificial de 8 mil hectáreas con el fin de irrigar nuevos cultivos de arroz, avanza. Pese a los cuestionamientos y las voces a favor, la iniciativa parece afianzarse en las promesas de una millonaria inversión, la creación de numerosas fuentes de trabajo y la posibilidad de producir con el menor impacto ambiental posible.
Los distintos grupos de ambientalistas que alzan su voz a favor de los recursos naturales de la provincia son los principales opositores, y las posibles consecuencias en la flora, la fauna y en el equilibrio ambiental son los argumentos que esgrimen para oponerse al proyecto.
Sin embargo, como sucede en estos casos, no existen estudios fehacientes que puedan probar el grado de impacto negativo del proyecto. Al menos eso aseguraron quienes acudieron a la primera audiencia pública que se realizó el viernes en Mercedes para discutir el proyecto. Quienes defienden la iniciativa manifestaron que “las objeciones sólo son ideológicas y carecen de elementos técnicos”.
La Fundación Iberá reiteró que de modificarse “el régimen de este importante curso de agua se eliminarán valiosos bosques nativos”.
El constitucionalista Daniel Sabsay, presidente de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, manifestó respecto al proyecto Ayuí Grande: “No se compadece con el modelo de desarrollo sustentable, contemplado en nuestra Constitución Nacional, tratados internacionales de los que la Argentina es parte y por supuesto, leyes nacionales de presupuestos mínimos de protección ambiental y la legislación provincial derivada. No es aceptable semejante ataque al orden público ambiental que con tanto esmero ha definido la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, refiriéndose a una serie de sentencias entre las que se destaca Mendoza (conocida como el caso del Riachuelo).
Es la tercera vez en los últimos años que un grupo de empresas arroceras pretende represar el arroyo Ayuí Grande, sepultando 8.000 hectáreas bajo las aguas de un lago artificial.
Las empresas Copra SA, Pilagá SRL, Tupantuva SA, Santa Clara y Yuquerí SA y Ea. Ñú Verá son las propulsoras de la iniciativa.
Los números del proyecto
La iniciativa implica inversiones directas por US$ 80 millones, un incremento del Valor Bruto de Producción por $ 160 millones anuales y el desarrollo de la cadena de servicios de la actividad productiva, del mismo modo aseguran que generará más de 1.200 puestos de trabajo directo e indirecto y una circulación local de $ 31 millones anuales en capital de trabajo.
En el plano netamente productivo, la producción arrocera anual incorporará 120 mil toneladas, las exportaciones de arroz desde Corrientes crecerán el 32% y la producción provincial de otros granos como maíz, soja, sorgo y trigo aumentará más del 50%. Las firmas que impulsan la iniciativa promueven una producción agrícola mejorada a partir de la adopción de ciertas prácticas, el uso eficiente del agua para producir y actividades integradas para la producción de alimentos.
El Proyecto incluye además un Plan de Gestión Ambiental Integrado (PGA) que prevé un Responsable Ambiental con un Presupuesto Ambiental inicial de $ 2,5 millones para los tres primeros años y alrededor de $ 500 mil a partir del cuarto año, mano de obra e insumos locales, capacitación permanente y fortalecimiento de la atención sanitaria local.
El PGA estipula además un monitoreo permanente de la calidad del agua, la promoción de políticas de manejo de cuenca y ordenamiento territorial, el financiamiento de programas de conservación y medidas contra la caza furtiva en la zona. Entre las principales medidas de compensación por las áreas a intervenir figuran las casi 20 mil hectáreas de Áreas de Protección Ambiental que implica corredores biológicos y hábitats favorables; todo ello en el marco de la agricultura innovadora y conservacionista a la que apuestan las estancias que integran la Unión Transitoria de Empresas.
06/12/09
LA REPUBLICA