Las partes negociaban para alcanzar una salida, mientras la dirigencia anunciaba la posibilidad de ampliar la medida.
Las partes negociaban para alcanzar una salida, mientras la dirigencia anunciaba la posibilidad de ampliar la medida.
Hasta las últimas horas de anoche continuaba abierto el conflicto entre el Sindicato de Choferes de Camiones, Obreros y Empleados de la República Argentina (Sichoca) y empresarios del transporte de carga, lo que impedía que a nivel local unos 140 camiones cargados con granos no pudieran ingresar en Terminal Bahía Blanca y se mantuvieran estacionados en las dos playas de camiones existentes en inmediaciones del Puerto –El Saladero (ex Junta Nacional de Granos) y El Triángulo–.
La medida de fuerza comenzó a afectar desde las primeras horas de ayer a la cerealera Bunge, según lo manifestado a este diario por la dirigencia gremial, pero durante la tarde se hizo extensiva a otros operadores, con el argumento de que "no es posible identificar al dueño de la carga".
El gremio del transporte anunció el lunes que el ministerio de Trabajo había constatado irregularidades en materia salarial e infracciones a la seguridad social entre choferes del sector en puertos del litoral, y que por ese motivo había decidido avanzar con un plan de lucha. El mismo consistía en la interrupción del acceso a las plantas procesadoras y de embarque en la zona de Puerto San Martín, donde se localiza el mayor polo de concentración de soja y derivados.
Carlos Medina, secretario general de la delegación local del Sindicato de Choferes de Camiones, presente ayer en la playa de El Saladero indicó que "se esperaban directivas desde el nivel central del gremio, para saber cómo continuaría la medida de fuerza".
"El conflicto empezó exclusivamente con Bunge, pero como sabemos que las empresas intercambian productos y cargan en las mismas terminales, lamentablemente también se verán afectadas por el corte", dijo Medina.
Mientras tanto, unos 140 camiones se encontraban detenidos sin poder ingresar con la mercadería a puerto y delegados pertenecientes a las seccionales de Olavarría y Pergamino permanecían en las inmediaciones para asegurar el cumplimiento de la medida.
El conflicto está centrado en las empresas exportadoras y en las terminales portuarias porque, según la dirigencia sindical, "se considera a las terminales portuarias como entidades jurídicas solidariamente responsables" de la situación en que se desenvuelve la relación laboral de los trabajadores del sector, a pesar de que estas no sean dadoras directas de carga.
"Hace 15 días, cuando se hicieron procedimientos de control del trabajo en negro detectamos choferes en esa condición, otros a porcentaje, que no percibían aguinaldo ni vacaciones, y que tenían relación con otras empresas, no sólo con Bunge", manifestó ayer el dirigente local.
También volvió a reiterar que el antecedente más cercano de un caso similar había que buscarlo en el conflicto con la cementera Loma Negra, de la localidad de Olavarría, donde "el ministerio fijó la responsabilidad de la empresa", a pesar de que la misma tampoco era dadora directa de carga".
Indicó además, que en Buenos Aires se seguían manteniendo ayer negociaciones entre las partes para intentar destrabar el conflicto, pero sostuvo que si ello no llegara a ocurrir ya habían comenzado los contactos con la Cámara del Transporte Automotor de Carga (CATAC) para que acompañe la medida de fuerza, lo que "afectará a todas las terminales", según Medina.
La representación de CATAC dentro de la estructura del transporte de carga es considerada vital, fundamentalmente porque reúne a sectores diversos como: estibaje, dragado y carga.
03/09/08
LA NUEVA PROVINCIA – BAHÍA BLANCA